Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120687
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.687, "González, Estela Gladys contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Empleador autoasegurado). Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 345/350).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 357/361 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Estela Gladys González y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de diferencias adeudadas en la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, en el veredicto, juzgó demostrado que la actora, como consecuencia de las tareas docentes que desempeñara para la demandada, padece una disfonía funcional irreversible que le genera una incapacidad del 19,25% del índice de la total obrera (v. fs. 345 y vta.). También, que percibió la suma de $97.437,82 "en concepto de prestación dineraria" (fs. cit.).
A su vez, tuvo por acreditado que el valor mensual de su ingreso base, al momento en que fue abonada dicha suma, ascendió a $18.751,63 (v. fs. cit.).
Ya en la sentencia, el a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, por juzgar que en el caso la aplicación literal de esta norma -en cuanto incluye para el cálculo respectivo únicamente a las remuneraciones devengadas durante el año anterior a la primera manifestación invalidante- se encontraba "reñida con el principio de razonabilidad de las leyes (art. 28 Constitución Nacional) y el deber de reparar el daño injusto (art. 19 de la Constitución Nacional)", atento a la importante diferencia económica resultante de computar el ingreso base de la accionante teniendo en cuenta la fecha de la primera manifestación invalidante ($6.905,66), y hacerlo, en cambio, considerando el momento en que la indemnización fue abonada ($18.751,63). Sostuvo que los resarcimientos de este tipo debían valorizarse a la época en que debieron ser pagados, esto es, cuando se produce la mora y, consecuentemente, pueden aplicarse intereses (v. fs. 347 vta.).
Asimismo, con apoyo en distintos fallos de la Corte nacional, señaló que la indemnización especial de los daños laborales debía -al menos- alcanzar a cubrir la pérdida de ganancias provocada por el infortunio, y que la aplicación literal de lo dispuesto en la mentada norma conducía a un resultado reparatorio irrazonable, que no podía considerarse representativo de la real pérdida de ganancia de la trabajadora (v. fs. 348).
Sobre esas motivaciones, declaró que la mentada norma -en este caso particular y conforme las circunstancias reseñadas- es "contraria a lo dispuesto en los artículos 28 y 19 de la Constitución Nacional y 31 inc. b de la Carta Interamericana de Garantías Sociales" (fs. cit.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17, 18, 19, 28, 75 inc. 22 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 7 y 10 de la ley 23.928; 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557; 4 de la ley 25.561; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
Se agravia porque el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo y consideró, para calcular el valor mensual del ingreso base, "la fecha en que la indemnización fue pagada en la instancia administrativa" (fs. 359).
Señala que esa decisión afecta el principio de seguridad jurídica y las garantías constitucionales de propiedad y debido proceso (v. fs. 359 vta.).
Explica que "al resultar la fecha de la primera manifestación invalidante el punto de partida de todo el esquema de prestaciones de la ley 24.557, en modo alguno resulta irrazonable, como equívocamente concluye el juzgador, que para la determinación del ingreso mensual base se computen los doce meses anteriores a aquella fecha" (fs. 360).
Alega que los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que citó el sentenciante como fundamento del fallo impugnado fueron elaborados sobre presupuestos diversos, vinculados a la validez constitucional de los topes indemnizatorios (v. fs. cit.).
Añade que el fallo, además, traduce la evidente intención del a quo de actualizar la deuda existente (v. fs. 360 y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Luego, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -cfr. art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VIII-2010-), lo cierto es que el presente recurso debe rechazarse toda vez que en él se plantea un agravio desestimado por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 118.453, "Dardengo", sent. de 28-IX-2016 y L. 118.403, "Bruch", sent. de 21-VI-2017). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto a la descalificación constitucional del art. 12 de la ley 24.557.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso no puede prosperar.
I.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
I.2. Dicho ello, habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
En la especie, tal como se destaca en el sufragio inaugural, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
En consecuencia, esta Suprema Corte debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por la recurrente.
Sin embargo, el agravio que porta el remedio extraordinario deducido, dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto al período que corresponde considerar para calcular el ingreso base mensual, involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 , in re "Strada"; Fallos: 311:2478, in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Sobre esa base debo decir una vez más que si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes mal puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso (causas L. 78.604, "Ramírez da Silva", sent. de 21-V-2003; L. 78.229, "Medinilla", sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791, "Santecchia", sent. de 31-VIII-2011). Igual apreciación merece el supuesto en el que lo pretendido sea dejar sin efecto la inconstitucionalidad declarada por el tribunal de origen porque, en definitiva, de lo que se trata es de analizar la compatibilidad constitucional de la norma aplicable al caso.
Desde esa perspectiva, no me limita en el análisis de la cuestión traída a debate la insuficiencia del planteo que -por conducto de la herramienta contemplada en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias- pone de manifiesto el colega que me precede en la votación.
Sin embargo, no encuentro que los motivos esgrimidos por la recurrente conmuevan los argumentos expuestos por el tribunal de origen para declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no contemplar una metodología de cálculo que se ajuste a parámetros que permitan arribar a un resultado razonable, ni identifico otros que conduzcan a la solución pretendida por la impugnante.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia