Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122141
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1.790). Con costas.
2Declarar bien concedido el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada a fs. 57/68.
La Plata, 18 de septiembre de 2019.
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, en lo que interesa destacar, en el marco de la acción por enfermedad profesional incoada por Gustavo Alejandro Martínez contra Experta ART S.A., declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997, la consecuente inaplicabilidad de la ley 27.348, y la invalidez constitucional de los arts. 8 apdo. 3, 21, 22 y 46 apdo. 1 de la Ley de Riesgo del Trabajo. Asimismo decretó su competencia para entender en las presentes actuaciones (v. fs. 50/55 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. 57/68), oportunidad en la que solicitó al a quo ordene la apertura de la cuenta judicial de autos a fin de satisfacer el depósito previo para recurrir, de acuerdo a lo establecido en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 57 y vta.).
A su turno, el tribunal laboral, por mayoría, concedió la vía extraordinaria intentada, bajo condición -aclaró- de la previa acreditación en la cuenta judicial abierta a sus efectos, de la cantidad equivalente a 100 jus arancelarios, dentro del plazo que individualizó, conforme a lo dispuesto por el citado art. 280 del CPCC, bajo apercibimiento de deserción (v. fs. 70/72 vta.).
Más adelante, se presentó la recurrente y acompañó una póliza de caución, solicitando la sustitución de aquel depósito por el valor del seguro que individualizó (v. fs. 81 y vta.) lo que fue rechazado por el tribunal de grado por considerarlo improcedente (v. fs. 92 y vta.).
III. Contra este último pronunciamiento, la interesada, articuló revocatoria (v. fs. 93/95 vta.) y un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 96/99 vta.).
En lo sustancial, sostuvo que el rechazo del pedido de sustitución del depósito previo para recurrir por una póliza de seguro de caución, cuyo certificado acompañó según constancias obrantes a fs. 82, 83 y 84, resulta ser una sentencia asimilable a definitiva, en tanto afecta -afima- el regular ejercicio del derecho de defensa en juicio. Desde otro costado, argumentó que cumplir con aquella carga económica deviene innecesario, en atención a que el art. 56 de la ley 11.653 solo es aplicable en casos de sentencia condenatoria. No obstante, lo manifestado, con posterioridad, cumplió con la intimación dispuesta y acreditó su integración, solicitando se dé trámite al recurso que le fuera concedido por el tribunal a fs. 70/72 vta. (v. fs. 101/102).
IV. El a quo rechazó la revocatoria deducida por improcedente y denegó el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 96/99 vta., por considerar no definitivo el pronunciamiento puesto en entredicho (v. fs. 104/105), lo que dio lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. fs. 155/166 vta.).
Alega ante esta sede, que aquel auto denegatorio resulta arbitrario en la medida que desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por su parte contra la decisión que declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997 y la inaplicabilidad de la ley 27.348, decretando la competencia del tribunal laboral para entender en el presente caso (v. fs. 155 vta./156 y 162 vta./163 vta.).
En ese entendimiento, aduce que el actuar del tribunal, al exigir el pago del depósito previo como requisito de admisibilidad del recurso interpuesto en fecha 7 de junio de 2018 y rechazar el pedido de sustitución del mismo por la póliza de seguro de caución ofrecida, luce irracional pues lo deniega aun habiéndose integrado la citada carga económica con el objeto de asegurar su viabilidad ante esta sede casatoria.
Afirma, que la resolución atacada se funda en el rechazo de la sustitución de pago previo por una póliza de seguro de caución, cuando de acuerdo a lo establecido por esta Suprema Corte, dicho pago deviene innecesario en un caso como el presente en el que no se ha dictado una sentencia condenatoria. Reitera, en cuanto a ese tópico, los argumentos ensayados al interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 57/68.
V. Finalmente, interesa destacar que, radicados los autos principales en este Tribunal, se observa que el presidente del tribunal laboral, con posterioridad a la deducción de la presente queja, hizo saber al peticionante que mediante la resolución de fs. 104/105 se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley planteado junto con la revocatoria deducida contra la resolución de fs. 92, por los motivos allí expuestos. Además, tuvo por cumplida la intimación efectuada en oportunidad de dictar aquella decisión, en atención al depósito acreditado a fs. 100/101 y al saldo bancario glosado a fs. 108, ordenando la elevación de las presentes actuaciones a esta Suprema Corte de Justicia (v. fs. 109).
VI.1. Al respecto, corresponde observar, más allá de los términos confusos sobre los que se estructuran los agravios desplegados en la vía impugnativa que se provee, que este Tribunal ha sostenido que los remedios extraordinarios sólo son viables con relación a las sentencias definitivas, entendiéndose por tales a aquellas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito, condenando o absolviendo al demandado o, aun refiriéndose a un artículo, producen el efecto de finalizarlo, haciendo imposible su continuación (causas L. 116.702, "Kokalj", resol. de 6-VI-2012; L. 116.920, "González", resol. de 22-VIII-2012 y L. 118.058, "López", resol. de 12-XI-2014).
En esa inteligencia, la decisión impugnada a fs. 92 y vta., que rechazó el pedido formulado por la demandada de sustituir el depósito previo para recurrir por una póliza de seguro de caución, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, sin que se observen motivos de excepción que permitan apartarse del criterio general señalado, desde que no produce el indicado efecto (causas L. 117.849, "Lebed", resol. de 12-VIII-2015 y L. 120.876, "Urquiza", resol. de 7-VI-2017).
Ello así, toda vez que, lo así resuelto en el sub examine , no provocó la caída del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra el pronunciamiento que declaró la competencia del tribunal laboral, la inconstitucionalidad de la ley 14.997, la consecuente inaplicabilidad de la ley 27.348 y la invalidez constitucional de los arts. 8 apdo. 3, 21, 22, 46 apdo. 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, obrante a fs. 50/55 vta., pues, cabe reiterar que, aquel recurso extraordinario fue concedido por el tribunal de trabajo a fs. 70/72 vta., cuya contingencia procesal fue ratificada por su presidente, tal como se referenció ut supra , a fs. 109.
En consecuencia, corresponde desestimar la queja traída a fs. 155/166 vta. (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1.790).
VII. Sentado ello, se debe ingresar en el estudio de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a fs. 57/68 y concedido a fs. 70/72. Así, se impone observar que en casos como el presente, dadas las particulares circunstancias señaladas, la decisión que declara la inconstitucionalidad de la ley 14.997 e inaplicable al caso la ley nacional 27.348 -complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo- resulta equiparable a definitiva, desde que resuelve sobre cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior (cfr. causas L. 121.895, "Orellana", resol. de 2-V-2019).
Finalmente, se impone observar que esta Corte ya se ha expedido observando que, cuando no ha sido dictada una sentencia condenatoria, es necesario haber dado cumplimiento al requisito establecido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, aplicable supletoriamente a los procesos laborales (art.63, ley 11.653; causas Ac. 103.311, "Iteva S.A.", resol. de 4-III-2009; L. 121.007, "Ruiz", resol. de 25-X-2017; L. 121.557, "Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate", resol. de 21-VI-2018 y L. 121.923, "Pezet", resol. de 26-IX-2018), por lo que los argumentos desplegados por la impugnante, en torno a la exención de aquella carga, no resultan sustanciales.
Sin perjuicio de ello, cabe concluir que, en el sub lite , la recurrente en respuesta al emplazamiento del a quo , acompañó la correspondiente constancia de depósito efectuado en la cuenta de autos conforme surge de fs. 100/101 y fs. 108.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1.790). Con costas.
2. Declarar bien concedido el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada a fs. 57/68.
Regístrese, notifíquese, y pasen los autos a despacho respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a fs. 57/68 y concedido a fs. 70/72.
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia