Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl. 122643
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 23 de octubre de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y Pettigiani dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, en lo que aquí interesa destacar, hizo lugar a la defensa de prescripción y rechazó la acción promovida por Luciano Horacio Casali contra el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires mediante la cual se procuraba el cobro de indemnización por incapacidad, daño moral y psicológico (v. fs. 337/343 vta.).
Para así decidir, y tras desestimar los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 256 y 258 de la Ley de Contrato de Trabajo articulados por el actor, juzgó que al tiempo de interponerse la acción (27 de noviembre de 2014, según el cargo de fs. 46 vta.) ya había fenecido el plazo previsto en la primera de las normas citadas, computado a partir del momento en que el trabajador tomó conocimiento de su incapacidad (15 de agosto de 2009), fecha en la que fue anoticiado de su pase a retiro obligatorio en razón de la minusvalía parcial y permanente del 70% del índice de la total obrera que padecía.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 348/360), el que fue concedido por el a quo a fs. 361 y vta.
En su presentación denuncia absurdo y la violación a las normas y la doctrina legal que cita. Argumenta que por el tipo de dolencia que padece el accionante (esquizofrenia del tipo depresivo crónico), no pudo, como concluyó el juzgador, conocer y comprender su minusvalía de manera clara y categórica, lo que lo torna nula e inválida la fecha de toma de conocimiento fijada por el tribunal de grado. Por otra parte, controvierte lo resuelto en torno a la definitividad de la dolencia, la cual reputa de "permanente".
Agrega que los art. 256 y 258 de la Ley de Contrato de Trabajo son normas regresivas que devienen inconstitucionales y atentan contra el principio pro homine .
Por otra parte, reputa conculcados distintos principios del derecho laboral y los derechos consagrados en la Constitución nacional y los tratados internacionales que enuncia.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En primer lugar, cabe señalar que, conforme tiene reiteradamente dicho esta Corte, determinar el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a los jueces de grado, y las conclusiones que al respectoéstos formulen no son susceptibles de revisión en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 115.788, "Díaz", sent. de 21-VIII-2013; L. 117.880, "Piovacari", resol. de 8-IV-2015 y L. 121.802, "Pérez", resol. de 27-II-2019).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014 y L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016).
III.1.b. En el caso, si bien el recurrente denuncia la existencia de absurdo, sus alegaciones no son hábiles para comprobarlo en tanto -a través de la reiteración de los argumentos expuestos en la instancia anterior- no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, pues sólo exteriorizan una mera discrepancia con el pronunciamiento de origen en torno a la definición fáctica censurada -vinculada, como se indicó, al punto de partida para el cómputo de la prescripción-, apoyándose en un nuevo análisis de las constancias obrantes en la causa según su personal criterio valorativo, método que reiteradamente esta Corte ha considerado ineficaz a dichos fines (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010; L. 120.971, "Cepeda", resol. de 20-XII-2017 y L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018).
III.1.c. Para más, las argumentaciones traídas por el impugnante en el remedio procesal bajo examen, respecto de que el trabajador, por la dolencia que presenta (esquizofrenia del tipo depresivo crónico), carece de discernimiento para conocer y comprender de manera clara y categórica su minusvalía e incapacidad, se exhiben en el marco de un discurso absolutamente novedoso y extemporáneo. En tal sentido, reiteradamente se ha declarado que no resulta idóneo para habilitar la instancia extraordinaria el argumento, que no fue sometido a conocimiento previo del tribunal de trabajo con el alcance y dimensión que se le confiere en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causa L. 108.156, "Escobar", sent. de 29-V-2013; L. 120.602, "García", resol. de 29-VIII-2017 y L. 121.473, "Salvatierra", resol. de 30-V-2018).
III.2. Finalmente, debe ser desestimado por insuficiente el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 256 y 258 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que la articulación ha sido vertida de manera genérica por el interesado, pues, utilizando una técnica equivocada, se limita a indicar que tales preceptos vulneran determinados principios y derechos constitucionales, pero soslayando fundamentar, con la profundidad que es exigible a un planteo dirigido a descalificar la validez constitucional de una norma legal, de qué manera habrían sido conculcados en el caso dichos derechos y garantías (causas L. 116.672, "Leuzzi", sent. de 21-V-2014 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia