Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123155
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 13 de noviembre de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar a la acción promovida por Horacio Joaquín Martinoli y condenó a Experta ART S.A. al pago de la suma que especificó, en concepto de indemnización por incapacidad parcial, permanente y definitiva derivada de enfermedad profesional (v. fs. 287/297 vta.).
Para así decidir, juzgó que el actor padece un síndromeálgico columnario, cervical y lumbar, hipoacusiaperceptiva bilateral, síndrome varicoso bilateral y limitaciones en hombros, codos y muñecas que lo incapacitan en un 48,16% del índice de la total obrera. Asimismo señaló que los padecimientos que sufre el trabajador, han sido provocados, generados o acelerados en relación directa e inmediata con las tareas desarrolladas para su empleadora.
II. Frente a lo así resuelto, la aseguradora demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-XII-2018), el que fue concedido por el a quo a fs. 319/320.
En su presentación denuncia absurdo y la violación a las normas y la doctrina legal que cita. En lo esencial se agravia por la incapacidad determinada a través de la pericia médica, dictamen que critica y sobre el cual sostiene que por haberse amparado en el mismo, la sentencia resulta arbitraria. Objeta que el tribunal haya condenado a su parte por patologías no incluidas en el listado de enfermedades profesionales. Solicita que, de confirmarse el fallo, los intereses se devenguen desde la fecha del dictado de la sentencia, toda vez que la aseguradora jamás estuvo en mora. Por último, se agravia de la regulación de honorarios, por altos, solicitando la aplicación de la ley 24.432.
III. El recurso extraordinario se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. De modo liminar, con respecto al primero de los agravios traídos por la impugnante, cabe recordar que esta Corte ha dicho en reiteradas ocasiones que determinar si se demostró o no, con la prueba aportada, la existencia de nexo causal o concausal entre las labores desarrolladas y la minusvalía, constituye el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, no susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013 y L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, pues no cualquier error, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente constituye el mentado yerro sentencial, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 114.614, "Pintor", resol. de 14-IX-2011 y L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014.
En el caso, el recurso no cumple con la carga de acreditar la arbitrariedad alegada, ya que transitando la crítica sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, sólo pone de manifiesto disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia del mentado vicio (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 121.865, "Luque", resol. 7-III-2019).
III.2. Respecto de la no inclusión de las dolencias en el listado de enfermedades profesionales, el juzgador de grado concluyó que el decreto 1.278/00 admite que aún las dolencias no incluidas en el decreto 658/96 puedan ser consideradas como profesionales y sus daños resarcidos, cuando se demuestre que las mismas han sido provocadas por causa directa del trabajo, excluyendo los factores ajenos a él o que son propios del trabajador, y en el caso -agregó- se probó que los padecimientos incapacitantes que tiene el actor fueron generados y acelerados en relación directa con las tareas, es decir, con los esfuerzos realizados a lo largo de la relación laboral y con las posiciones y movimientos repetitivos y constantes que la prestación de servicios le exigió al accionante, el ruido y la bipedestación prolongada (v. fs. 292 vta.).
La recurrente objeta este tramo del pronunciamiento, omitiendo cuestionar las motivaciones esenciales que la dotan de sustento, limitándose únicamente a señalar que las enfermedades del accionante resultan ajenas al ámbito de la Ley de Riesgos del Trabajo y que por ello no podía ser condenada.
En este orden, conviene recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la formulación de su crítica se reduce -en rigor- a una simple divergencia de opinión con las motivaciones sentenciales que inspiran el pronunciamiento (causas L. 117.754, "Caballero", resol. de 12-III-2014; L. 118.799, "Giménez", resol. de 14-X-2015 y L. 120.878, "Velázquez", resol. de 6-XII-2017).
III.3. Tampoco puede tener cabida el cuestionamiento formulado en torno a la fecha que debe tenerse en cuenta para fijar el inicio del cómputo de los intereses.
Ello así, pues sin perjuicio de la insuficiencia que denota el agravio en este aspecto, cabe advertir que lo decidido por el a quo coincide con el criterio de este Tribunal conforme el cual es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 108.784, "Marengo", sent. de 4-XII-2013; L. 108.016, "Butrón", sent. de 24-IX-2014; L. 117.318, "Reineche", sent. de 28-IX-2016 y L. 117.459, "G. ,J. L.", sent. de 21-VI-2017).
III.4. Finalmente, el reproche formulado respecto a la imposición de las costas del proceso, resulta manifiestamente insuficiente, pues se limita la recurrente a invocar su disconformidad con la decisión de grado, mas sin precisar en qué consistirían los errores del fallo ni, mucho menos, identificar las normas que habrían sido violadas.
Frente a tal situación, la estructura de la réplica se exhibe deficitaria, puesto que no sólo se encuentra disociada del desarrollo expuesto por los magistrados al sustentar el fallo, sino que además, se omitió denunciar como violada la norma actuada por el juzgador que diera sustento a la decisión atacada, dejando insatisfecha la exigencia básica prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.692, "Agüero", resol. de 15-VIII-2012; L. 120.837, "Rubén", resol. de 6-II-2017 y L. 121.114, "Guiñazu", resol. de 11-IV-2018).
Tiene establecido este Tribunal que es inatendible el remedio procesal que impugna la condena en costas, limitándose a disconformarse con tal decisión, pero no discute la calidad de vencido ni alega violación de la norma legal que se vería eventualmente vulnerada, ni demuestra tampoco la existencia de inequidad manifiesta (causas L. 95.497, "Mazzei", sent. de 30-III-2011; L. 109.848, "Torres", sent. de 3-X-2012 y L. 117.020, "Blando", resol. de 19-XII-2012).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia