Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120925
En la ciudad de La Plata, a 27 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, de Lázzari, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.925, "González, Estela María contra Poder Ejecutivo y otro. Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 262/279).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 291/299).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas desarrolladas para la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la docente señora Estela María González contrajo disfonía funcional irreversible -denunciada ante Provincia ART S.A. el 17 de octubre de 2005-, que le provoca una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 20,5% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 262 y vta.).
Asimismo, juzgó probado que el valor mensual del ingreso base calculado con arreglo a los haberes sujetos a aportes y contribuciones, tal como lo prescribe el art. 12 de la ley 24.557, fue de $771,25, mientras que considerando la totalidad de los conceptos abonados a la actora durante el año anterior a la primera manifestación invalidante dicho importe ascendió a $2.044,88 (v. vered., cuestiones segunda y tercera, fs. 263/264).
Luego, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en cuanto dispone que no ha de incluir para el cálculo del valor mensual del ingreso base rubros de carácter no remunerativos, al juzgar que ello -por configurar una merma del 165,1384%- violaba el derecho de propiedad de la trabajadora (v. fs. 270 vta./272 vta.).
Consideró además el a quo que para subsanar la situación de iniquidad provocada por la omisa consideración de los incrementos salariales evidenciados entre la fecha de la primera manifestación invalidante y la de fijación de la incapacidad por parte de la Comisión Médica (esto es, por más de cinco años), correspondía revalorizar el ingreso base mensual por aplicación del índice RIPTE (sigla que significa "Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables") previsto por la ley 26.773 y, una vez efectuada tal operación, cuantificar la prestación dineraria y, en su caso, determinar las diferencias.
Para fundar dicha conclusión, juzgó que era una solución justa y equitativa aplicar un mecanismo correctivo que subsane tal situación de iniquidad, y que el RIPTE es un índice elaborado y publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que refleja las remuneraciones promedio de los trabajadores comprendidos en el sistema jubilatorio que presenta la ventaja de ser el único índice propio e interno del sistema, y no estar distorsionado por variaciones normativas, de metodología, administrativas o estacionales, entendiendo que utilizar una serie de índices que sea sensible a alteraciones exógenas al sistema y al equilibrio intertemporal resultaría escasamente adecuado (v. sent., fs. 273 y vta.).
En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de octubre de 2005 (154,64) y diciembre de 2010 (444,13) arrojaba un coeficiente de 2,872, declaró procedente recomponer el valor mensual del ingreso base -de $2.044,88, determinado así en función de la declarada inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557- calculado a la fecha de la primera manifestación invalidante, estableciéndolo en la suma de $5.872,89 (2,872 x $2.044,88). Luego, utilizó tal importe como uno de los factores integrantes de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la misma ley para fijar el importe de la prestación dineraria de pago único allí establecida en $92.165,65 (53 x $5.872,89 x 20,5% x 1,444), del que correspondía deducir los $12.103,88 oportunamente cobrados por la actora, arribando a un total de condena de $80.061,77 (v. sent., fs. 274 vta.).
Señaló que ese monto superaba el límite cuantitativo establecido en el último párrafo del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 ($180.000 por el porcentaje de incapacidad), por lo que también analizó el planteo constitucional formulado por la actora en relación con dicho precepto. Sostuvo que resultaba ostensible que la limitación allí dispuesta traducía, en el caso, una sustancial disminución del importe indemnizatorio que correspondía a la trabajadora de conformidad con el salario percibido, menguando de tal modo su nivel de ganancia, circunstancia que patentiza la desnaturalización del derecho que supuestamente intenta resguardarse y, por ende, la falta de adecuación de la norma a los fines que debía consagrar.
En tales condiciones, declaró la invalidez constitucional del tope previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -texto según decreto 1.278/00-, por contravenir los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador; v. fs. 275/276).
Finalmente, dispuso calcular los intereses moratorios, desde la fecha del dictamen de la Comisión médica, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema de "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 276 in fine y 277).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 17 de la Constitución nacional; 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 17 del decreto 472/14 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 291/299).
II.1. Se opone a la definición que incrementó la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva reconocida a la actora en la sentencia.
Alega que el tribunal de trabajo ha revalorizado el ingreso base mensual al que hace alusión el art. 12 de la ley 24.557, valiéndose de una normativa -arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773- que no se encontraba vigente a la época de la primera manifestación invalidante de la contingencia sufrida por la trabajadora, transgrediendo así no sólo el principio de irretroactividad de las leyes consagrado por el art. 3 del Código Civil (art. 7, conf. ley 26.994, B.O., 8-X-2014), sino además su derecho constitucional de propiedad.
Afirma que la sentencia incurre en una actualización de créditos, violando -de este modo- las leyes 23.928 y 25.561 y lo resuelto por esta Corte en la causa B. 49.193, "Fabiano", a la vez que ignora lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial" (sent. de 7-VI-2016) y por este Tribunal en L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
II.2. Desde otroángulo, denuncia errónea interpretación y aplicación de la ley 26.773 y del decreto 472/14.
Argumenta que el señalado mecanismo de ajuste sólo puede ser aplicado a las compensaciones de pago único y a los "pisos" de los arts. 14 y 15 de la ley 24.557, pero no respecto de aquellas prestaciones liquidadas según las fórmulas de las citadas normas.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que esgrimí al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
III.2. En razón de lo expuesto habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
III.2.a. Inicialmente, observo que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010), de modo que la admisibilidad del remedio procesal deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
La función revisora de esta Corte debe limitarse, entonces, a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.2.b. En ese marco, debo decir que la doctrina que surge de la causa B. 49.193, "Fabiano", resolución de 2-X-2002, no resulta idónea a los fines pretendidos por la recurrente toda vez que ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos diferentes a los del caso en juzgamiento, correspondiendo, en consecuencia, rechazar el agravio formulado a su respecto.
III.2.c. En referencia a las impugnaciones relacionadas con la ley 26.773, la peticionaria pretende sortear el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto, invocando la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; v. fs. 291 vta. y 292) y expresando a tales fines que en el caso acontece un supuesto de gravedad institucional toda vez que en la sentencia recurrida se interpreta erróneamente una ley de carácter federal. Sin embargo, dicho supuesto no se verifica en el sub examine , toda vez que la impugnación gira en torno a una norma de derecho común como lo es la 24.557 (art. 14, ley 48).
Las cuestiones deben ser resueltas, entonces, en el estrecho marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.3. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones de la ley 26.773, cuya aplicación la parte actora solicitó en su informe al art. 32 de la ley 11.653 (v. fs. 203/212 vta.), he de volcar aquí lo expresado al votar en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, en cuanto a que dicha ley ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable.
Sobre este punto debo decir, además, que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773.
Sin embargo, en mi criterio, la decisión de grado debe ser confirmada por las consideraciones que a continuación habré de precisar.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que las prestaciones por incapacidad laboral permanente parcial reguladas por la ley 24.557, aun con la previa declaración de inconstitucionalidad del tope legal previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" (t.o. dec. 1.278/00), importan una insuficiencia reparatoria que las torna una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho -también constitucional- a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tales prestaciones satisfechas sólo parcialmente en enero de 2011, es decir, más de cinco años después de ocurrida la primera manifestación invalidante y más de once años después de que el decreto 1.278/00 dispusiera mejorarlas, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo Nacional al expresar en el considerando del decreto 1.694/09 en relación a aquella norma reglamentaria que: "dicha modificación parcial no fue suficiente para otorgar a ese cuerpo legal un estándar jurídico, constitucional y operativamente sostenible " , por lo que "...resulta pertinente mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones adicionales de pago único, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo pisos por debajo de los cuales no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio...".
En la misma línea, esa insuficiencia reparatoria fue nuevamente reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional al expresar en el mensaje remitido al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema" , concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que la primera manifestación invalidante de la contingencia sufrida por la señora González ocurrió -conforme fuera expuesto en el veredicto, ver fs. 262- el día 17 de octubre del año 2005 y que a más de trece años todavía permanece en parte insatisfecho su derecho a una reparación razonable, la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2000 por el decreto 1.278/00, por insuficiente, es inconstitucional y así debe ser declarado.
En ese contexto, estimo razonable -y por ello propicio confirmar- la solución concebida por el a quo a partir de atender la merma del valor del ingreso base derivada de no computar los aumentos salariales ocurridos durante los cinco años que transcurrieron entre la fecha de la primera manifestación invalidante y aquella en la que se determinó la incapacidad de la actora, consistente en ajustar dicho valor por el índice que expresa el porcentaje de variación de las remuneraciones sujetas a cotizaciones con destino al sistema de seguridad social- conocido por el acrónimo RIPTE, suministrado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social, y utilizado asimismo, en combinación con otros, a fin de definir la movilidad de las prestaciones previsionales (ley 26.417). Entiendo que ese modo de resolver ha permitido arribar a una reparación razonable y equitativa de los daños padecidos por la accionante.
Si mi propuesta fuera compartida, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser -con los alcances indicados- rechazado.
Tampoco resulta hábil evocar a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto no constituye la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015; L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015 y L. 119.683, "Pineda Muñoz", sent. de 14-VI-2017).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas por su orden (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Con los alcances expuestos, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. En primer lugar, cabe señalar que el remedio extraordinario ha sido bien concedido. Esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (decreto 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resoluciones de 1-IV-2015; L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resoluciones de 26-III-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
I.2. Comparto los fundamentos expuestos por el doctor Negri en el punto III.2.a. de su voto.
I.3. Luego, debe prosperar la crítica mediante la que se cuestiona la aplicación, al caso, del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, a fin de calcular el ingreso base mensual.
En la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) -cuya doctrina la impugnante denuncia transgredida (v. rec., fs. 298)- se estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jur
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