Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120998
En la ciudad de La Plata, a 27 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, de Lázzari, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.998, "López, Zoraida Ester contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la vencida (v. fs. 223/232).
Se dedujo, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 247/250 vta.).
Dictada la providencia de autos (v.fs.260), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Zoraida Ester López y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de diferencias adeudadas en la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (conf. dec. 1.694/09), con más intereses desde la determinación de la incapacidad -y hasta su efectivo pago- a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia".
Para así resolver -en lo que interesa destacar por constituir materia de agravio- juzgó que la actora era portadora de una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 17,55% del índice de la total obrera a consecuencia de una disfonía funcional irreversible, denunciada a la aseguradora de riesgos del trabajo el día 4 de septiembre de 2011. Precisó que Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. le abonó a la trabajadora -en febrero de 2013- la suma de $99.817,87 en concepto de prestación dineraria de pago único por la mentada minusvalía (v. fs. 223 vta.).
A continuación, encontró acreditado que el ingreso base mensual (IBM) a partir del cual la aseguradora de riesgos del trabajo liquidó y abonó la indemnización sistémica ascendía a la suma de $5.778,43 y se correspondía a las remuneraciones sujetas a aportes previsionales percibidas durante el período septiembre 2010/agosto 2011 (v. fs. 223 vta./224). Adunó que de considerarse la totalidad de las ganancias -remunerativas y no remunerativas (con excepción de las asignaciones familiares)-, percibidas por la trabajadora durante el mismo período, el citado valor alcanzaba el monto de $6.407,48 (v. fs. 224 y vta.).
Sobre esa plataforma, el a quo juzgó que, en atención a la fecha de la primera manifestación invalidante de la contingencia denunciada en autos, la relación jurídico-sustancial se encontraba regida por el decreto 1.694/09 (B.O., 6-XI-2009), por lo que desestimó la pretensión actoral de aplicar al caso las reformas introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por la ley 26.773 (v. fs. 227 y vta.).
Luego, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 por considerar que el método de cálculo del ingreso base allí establecido, al no incluir los rubros de carácter no remunerativos, vulnera los principios contenidos en los arts. 17 y 28 de la Constitución nacional (v. sent., fs. 227 vta./228 vta.).
Por último, destacó que resultaba una injusticia inaceptable que, habiendo la comisión médica determinado la incapacidad dieciséis meses después de denunciada la dolencia, el cálculo del resarcimiento se efectuara considerando un ingreso base mensual obtenido en función de los salarios nominales percibidos por la actora durante el año inmediato anterior a la primera manifestación invalidante en tanto -resaltó- ello afectaba notoriamente el derecho de propiedad de la accionante. En ese trance, entendió justo y equitativo utilizar un mecanismo correctivo para proteger el crédito de la trabajadora y, en procura de ello, consideró adecuado aplicar sobre el ingreso base mensual el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) -previsto en la ley 26.773- entre septiembre de 2011 (fecha de la primera manifestación invalidante) y enero de 2013 (determinación de la minusvalía) por medio del cual obtuvo un coeficiente de 1,40 por el que multiplicó el citado IBM, elevando el mismo a $8.970,47 (1,40 x $6.407,48), que utilizó para la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 228 vta./230). En tales condiciones, obtuvo la suma de $154.945,90, a la que le descontó el monto percibido por la actora ($99.817,87), arribando a un total de $55.128,03 por el que hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias vinculadas a la prestación dineraria por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en la ley 24.557 (v. fs. 230 vta./232).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que individualiza (v. rec., fs. 247/250 vta.).
En esencia, cuestiona el método empleado por el tribunal de grado para determinar la indemnización sistémica.
Inicialmente afirma que, al aplicar sobre el ingreso base de la trabajadora el índice RIPTE previsto en la ley 26.773, el a quo recurrió a un mecanismo de actualización encubierto, vulnerando la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928 y la ley 25.561 así como la doctrina dictada en su consecuencia tanto por este Tribunal como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 248 vta. y 249).
En otro orden, entiende que la forma de resolver importa -en definitiva- la aplicación retroactiva de la ley 26.773. Señala que el tribunal de origen declaró expresamente inaplicable al caso la citada ley, para luego -en franca contradicción con sus propios argumentos- utilizarla para calcular el ingreso base mensual, importando ello -a su criterio- una verdadera repotenciación de deuda. Indica que este aspecto del pronunciamiento vulnera la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 26-V-2016) de esta Corte y del Fallo "Espósito" (sent. de 7-VI-2016) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. rec., fs. 249 y vta.).
Por último, aduce que el pronunciamiento de grado también vulnera el precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-V-2017) en el cual esta Corte estableció que el índice RIPTE no resulta aplicable como actualizador de fórmula.
III. El recurso prospera.
III.1. Cabe señalar que el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resoluciones de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch", L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resoluciones de 1-IV-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2.a. Luego, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010), por lo cual la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de ésta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.810 "L., M. A.", sent. de 24-VI-2015; e.o.).
III.2.b. Desplegado el examen conforme los lineamientos antes enunciados, cabe reconocer que le asiste razón al recurrente en cuanto señala que la aplicación -al caso- del índice RIPTE previsto en la ley 26.773 para el cálculo del ingreso base de la trabajadora, contraría la doctrina legal de esta Corte vigente a la fecha de emisión de dicho pronunciamiento, y aún en la actualidad.
En efecto -como bien lo pone de resalto el recurrente- esta Corte en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 118.738, "Noguera", sent. de 17-V-2017; L. 118.038, "Díaz", sent. de 5-VII-2017; L. 118.061, "Astorri", sent. de 9-VIII-2017; L. 118.771, "Lucero", sent. de 20-IX-2017; e.o.).
III.2.c. Lo hasta aquí expresado es suficiente para definir el progreso del medio de impugnación deducido, no resultando necesario abordar los restantes planteos desarrollados por el interesado.
IV. A tenor de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia de grado en cuanto dispuso la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad al caso se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso no prospera.
II.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
II.2. Sentado lo anterior, debo precisar que, en el caso, el valor de lo cuestionado -tal como lo señala el doctor Soria- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), debiendo entonces -en principio- resolverse la cuestión en el estrecho marco de la excepción prevista en el art. 55 in fine de la ley 11.653.
II.3.a. Con sujeción a esos lindes, advierto que le asiste razón al impugnante al denunciar la transgresión de la doctrina legal emanada de este Tribunal (v. rec., fs. 248).
En efecto, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 -cuya aplicación al caso fue requerida por la parte actora (v. demanda, fs. 55/58 vta.)- ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido, he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino" (sent. de 22-X-2008) y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina les resulta aplicable.
Sobre este punto debo decir que, sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773, en sintonía con lo expresado en párrafos anteriores.
II.3.b. Sin embargo, ese acierto inicial del recurrente no me conduce a acoger su planteo.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan, pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que la prestación por incapacidad correspondiente a la trabajadora -regulada por la ley 24.557 y las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09-, dada la insuficiencia reparatoria que la misma importa, resulta ser -en el caso- una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho, también constitucional, a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tal prestación aún insatisfecha pese a que el accidente que dio lugar a estas actuaciones ocurrió el día 20 de septiembre de 2011, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el mensaje remitido al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema", concluyendo que, con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773), se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que la primera manifestación invalidante de la contingencia ocurrió en septiembre de 2011 y que aún permanece parcialmente insatisfecho su derecho a una reparación razonable del daño que padece como consecuencia de ese infortunio, la indemnización prevista en la ley 24.557 y de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2009, por insuficiente, es inconstitucional y así debe ser declarado.
En ese contexto, estimo razonable -y por ello propicio confirmar- la solución concebida por el a quo a partir de atender la merma del valor del ingreso base derivada de no computar los aumentos salariales ocurridos durante el tiempo transcurrido entre la fecha de la primera manifestación invalidante y aquella en la que se determinó la incapacidad de la accionante, consistente en ajustar dicho valor por el índice que expresa el porcentaje de variación de las remuneraciones sujetas a cotizaciones con destino al sistema de seguridad social -conocido por el acrónimo RIPTE-, suministrado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y utilizando asimismo, en combinación con otros, a fin de determinar la movilidad de las prestaciones previsionales (ley 26.417). Entiendo que ese modo de resolver ha permitido arribar a una reparación razonable y equitativa de los daños padecidos por la trabajadora y debe, por ello, ser confirmada.
Si mi propuesta fuera compartida, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser -con los alcances indicados- rechazado.
II.3.c. Finalmente, advierto que el recurrente denuncia violación de la doctrina legal que surge de la causa B. 49.193, "Fabiano" (resol. de 2-X-2002), toda vez que en su opinión el tribunal de origen utilizó el índice RIPTE como un mecanismo de indexación expresamente prohibido por las leyes 23.928 y 25.561 y la mencionada doctrina (v. fs. 248 vta./249).
Tal precedente, como ya lo he expresado en los autos L. 119.789, "Silva" (sent. de 21-VI-2018) -entre otros- no es idóneo a los fines pretendidos por el impugnante, habida cuenta de que ha sido elaborado sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos diferentes a los del caso en juzgamiento.
Tampoco resulta hábil evocar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto no constituye la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015; L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015 y L. 119.683, "Pineda Muñoz", sent. de 14-VI-2017).
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con los alcances expuestos, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera.
II.1. Comparto lo expresado por el doctor Soria en los puntos III.1. y III.2.a. de su sufragio.
II.2. Luego, he de recordar que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme al voto de mi distinguido colega en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplic
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