Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123838
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 19 de febrero de 2020.
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar a la demanda promovida por Norberto Raúl Baldibia contra La Caja ART S.A. -hoy Experta ART S.A.-, a quien condenó a abonar al actor la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad parcial, permanente y definitiva derivada de enfermedad profesional. Sobre el capital de condena, dispuso aplicar desde el 30 de abril del año 2013 y hasta su efectivo pago, intereses a la tasa pasiva "BIP" que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 383/408).
Para así decidir, juzgó que el actor padece afección columnaria, cervical y lumbar, de hombros, rodillas y manos, varices e hipoacusia que lo incapacitan en un 51,68% del índice de la total obrera. Asimismo señaló que tal minusvalía fue provocada por causa directa de los agentes de riesgo a los que estuvo expuesto el trabajador a raíz de las tareas desarrolladas para su empleadora.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 3-XII-2018), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 431 y vta.
En su presentación denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de las normas y la doctrina legal que cita. En lo esencial, cuestiona la incapacidad determinada por el sentenciante en virtud de la ponderación realizada de la pericia médica, cuya validez critica. Objeta que el tribunal haya condenado a su parte por patologías no incluidas en el listado de enfermedades profesionales. Por último, reprocha la fecha de inicio del cálculo de los intereses.
III. El recurso extraordinario no prospera.
III.1. De modo liminar, con respecto al primero de los agravios traídos por la impugnante, cabe recordar que esta Corte ha dicho en reiteradas ocasiones que determinar si se demostró o no, con la prueba aportada, la existencia de nexo causal o concausal entre las labores desplegadas y la minusvalía, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, no susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013 y L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, pues no cualquier error, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente constituye el mentado yerro sentencial, sino que se necesita algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 114.614, "Pintor", resol. de 14-IX-2011 y L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014).
En el caso, el recurso no cumple con la carga de acreditar la arbitrariedad alegada, ya que transitando la crítica sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, sólo pone de manifiesto disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia del mentado vicio (causa L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 121.865, "Luque", resol. de 7-III-2019).
Corresponde señalar, además, que la tarea de adjudicar a la pericia médica la eficacia probatoria pertinente es atribución privativa de los jueces de grado, no revisable en casación salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 93.232, "P., E.P.", sent. de 28-X-2009 y L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014), el cual, como se anticipó, no logra ser evidenciado.
III.2. Respecto de la no inclusión de las minusvalías en el listado de enfermedades profesionales, el juzgador concluyó que el decreto 1.278/00 admite que aún las dolencias no incluidas en el decreto 658/96 puedan ser consideradas como profesionales y sus daños resarcidos, cuando se demuestre que las mismas han sido provocadas por causa directa del trabajo, excluyendo los factores ajenos a él o que son propios del trabajador, y en el caso -agregó- se probó que los padecimientos que tiene el actor han sido influenciados por el trabajo realizado bajo la dependencia de su empleadora, habiéndose demostrado la exposición del accionante a las noxas lesivas capaces e idóneas para desencadenar o agravar las patologías meniconadas (v. fs. 397 y vta./398).
La recurrente objeta este tramo del pronunciamiento, aunque omitiendo cuestionar las motivaciones esenciales que la dotan de sustento, limitándose únicamente a señalar que las enfermedades del reclamante resultan ajenas al ámbito de la Ley de Riesgos del Trabajo y que por ello no podía ser condenada.
En este orden, conviene señalar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la formulación de su crítica se reduce -en rigor- a una simple divergencia de opinión con las motivaciones sentenciales que inspiran el fallo (causas L. 117.754, "Caballero", resol. de 12-III-2014; L. 118.799, "Giménez", resol. de 14-X-2015 y L. 120.878, "Velázquez", resol. de 6-XII-2017).
III.3. Tampoco puede tener cabida el cuestionamiento formulado en torno a la fecha que debe tenerse en cuenta para fijar el inicio del cálculo de los intereses.
Ello así, pues sin perjuicio de la insuficiencia que denota el agravio en este aspecto, cabe advertir que lo decidido por el a quo coincide con el criterio de este Tribunal conforme el cual es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 108.784, "Marengo", sent. de 4-XII-2013; L. 108.016, "Butrón", sent. de 24-IX-2014; L. 117.318, "Reineche", sent. de 28-IX-2016 y L. 117.459, "G.,J. L.", sent. de 21-VI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria
Registrada bajo el n°17
mlp
Fin de la sentencia