Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120128
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Asimismo, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 26 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Pettigiani, Kogan, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.128, "Sgrilletti, Cecilia contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Empleador Autoasegurado). Enfermedad Profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda incoada, imponiendo las costas a la vencida (v. fs. 205/208 vta.).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (fs. 211/226 vta.).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 242/244 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente rechazó la demanda incoada por Cecilia Sgrilletti en cuanto reclamaba diferencias en la prestación dineraria por incapacidad parcial y permanente establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, con sustento en los recibos de haberes adunados, juzgó que, en el caso, la aplicación de las prescripciones del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo no redundaba en un resultado indemnizatorio irrazonable y no representativo de la pérdida de ganancia de la trabajadora que justificara su declaración de inconstitucionalidad.
II. Contra dicho pronunciamiento, la accionante interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia transgresión del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Sostiene que el tribunal de grado omitió el tratamiento de una cuestión que considera esencial para la correcta solución del pleito, consistente en el mantenimiento del valor del módulo salarial, base de cálculo de la prestación dineraria, a fin de permitir una adecuada reparación del daño (v. fs. 215 vta./217 vta.).
En particular, manifiesta que, al momento de alegar, peticionó la aplicación del índice RIPTE, pretensión que fue soslayada en la sentencia del tribunal de grado.
Por otro lado, plantea que la sentencia de origen es arbitraria, porque -alega- su razonamiento escapa a las leyes lógico formales, en tanto debió haber declarado la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 para mantener el valor del salario y lograr la reparación del daño sufrido.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, opino que el recurso es improcedente.
III.1. Inicialmente, es menester recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 116.854, "Orellano", sent. de 19-II-2014 y L. 117.722, "Sibilla", sent. de 28-X-2015; e.o.).
En este orden de ideas, cabe señalar que no son cuestiones esenciales, en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, los argumentos expuestos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 33.607, sent. de 14-V-1985 y L. 62.767, "Fascinato", sent. de 20-IV-1999; e.o.).
Visto ello, se observa que los cuestionamientos traídos por la impugnante no revisten tal entidad de esencialidad, sino que se orientan a señalar aquellos argumentos que, a su entender, han sido desatendidos por el tribunal de grado, lo que es materia impropia de la presente vía recursiva. Lo cierto es que la cuestión consistente en el mantenimiento del valor del módulo salarial que se usa como base de cálculo de la prestación dineraria, ha sido resuelta por el a quo , aunque en un sentido adverso a la pretensión de la demandante.
III.2. Por lo demás, cabe recordar que resultan cuestiones ajenas al remedio en examen, tanto la denuncia de violación de garantías consagradas en la Constitución nacional, como la vinculada a la supuesta "arbitrariedad" del pronunciamiento (causas L. 101.558, "Tarascón", sent. de 3-V-2012; L. 118.696, "Praxair", resol. de 25-II-2015 y L. 118.629, "Paganini", resol. de 24-VI-2015).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari , Soria y Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia la errónea interpretación del régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo y de doctrina legal que cita, así como la vulneración de las garantías constitucionales de propiedad y defensa en juicio (arts. 17 y 18, Const. nac.).
Se agravia, en lo esencial, de la desestimación del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557; y de la no aplicación del índice RIPTE e intereses desde la fecha de producción del daño.
Con cita de fallos de la Corte nacional, alega que la indemnización a percibir debe reparar, al menos, la pérdida de capacidad de ganancia del damnificado; y que, con fundamento en esa jurisprudencia, es que reclamó el pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 de acuerdo con el mecanismo de ajuste previsto en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, con más intereses.
Manifiesta que dicha normativa reconoció la insuficiencia reparatoria de la ley de riesgos vigente hasta octubre de 2012 desde dos aspectos: porque solo contemplaba la pérdida de capacidad de ganancia sin reparar ningún otro daño; y al no contemplar un mecanismo de ajuste del valor mensual del ingreso base, congelado a la fecha de la contingencia.
Aduce que la citada ley 26.773 no introduce un mecanismo de indexación, sino simplemente un método de mejoramiento de las prestaciones previstas en los arts. 11 apartado 4, 14 y 15 de la ley 24.557, conforme el decreto 1.694/09.
Seguidamente, plantea la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del decreto 472/14, en cuanto limita los alcances de la aplicación del índice RIPTE a los pisos del decreto 1.694/09 y a las sumas fijas previstas en el art. 11 apartado 4 de la ley 24.557.
En subsidio, también plantea la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, en caso que se interprete que las prescripciones de la citada norma no deben ser aplicadas a los acontecimientos que, si bien ocurridos antes de su entrada en vigencia, sus consecuencias no hayan sido reparadas una vez vigente el nuevo régimen. Ello, por cuanto afectaría gravemente el derecho de propiedad y los principios protectorio, de igualdad ante la ley, y de no regresión de los derechos fundamentales, consagrados en los arts. 17, 16, 14 bis y 75 inc. 23 de la Constitución nacional, respectivamente.
También denuncia vulnerada doctrina de esta Corte, en cuanto a que el salario base de cálculo de la indemnización por accidente de trabajo debía encontrarse actualizado a valores constantes a la fecha de determinación de la incapacidad, sin que ello implique un supuesto de actualización, en tanto dicha indemnización es una deuda de valor y no dineraria.
II. El recurso no prospera.
II.1. Cabe señalar que en el caso el importe de lo cuestionado no supera el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. ley 14.141; Ac. 3803/16).
En consecuencia, esta Suprema Corte debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha transgredido la doctrina que invoca la recurrente.
Sin embargo, no puede soslayarse que el agravio dirigido a impugnar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, involucra el análisis de una cuestión federal, circunstancia cuya invocación, en principio, justifica su abordaje con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
En ese sentido, reiteradamente ha declarado esta casación que aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento del mentado agravio, toda vez que -tratándose de una cuestión federal- corresponde que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 310:324 in re "Christou"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio"; SCBA causas L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014 y L. 116.553, "Addiechi", sent. de 8-IV-2015; e.o.).
II.2. Aclarado ello, corresponde señalar que la crítica no resulta suficiente para desvirtuar el razonamiento que llevó al juzgador a concluir que, conforme los hechos acreditados en la causa, la indemnización abonada a la actora no fuera suficientemente representativa de la pérdida de ganancias que la incapacidad le provoca (conf. antecedente de la Corte nacional, A.374.XLIII "Ascua, Luis Ricardo c/ SOMISA s/ cobro de pesos", sent. de 10-VIII-2010), tal como había sido postulado en la demanda.
Puesto a examinar la pretensión por diferencias indemnizatorias, el tribunal interviniente evaluó el contenido del acuerdo arribado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (homologado por la Oficina de Homologación y Visado n° B02-OHV de La Plata), según el cual, la trabajadora fue indemnizada el día 3 de agosto de 2012 con la suma de $100.130,98.
Con los elementos de juicio adunados a la causa, y en particular la documentación agregada con motivo de la medida para mejor proveer ordenada a fs. 161, el a quo desestimó el pedido de "actualización" efectuado por la actora con motivo de la dilación en el pago del resarcimiento ya otorgado. También lo argumentado en ocasión de evacuar la vista conferida a fs. 196, concerniente a que en la especie debía estimarse la indemnización con el "sueldo bruto" correspondiente a la primera manifestación invalidante.
En lo sustancial, concluyó que el valor del ingreso base empleado para calcular la prestación ya percibida era superior que aquel que surgía de considerar los salarios del año anterior a la fecha en que se produjo el pago, al igual que el importe "bruto" correspondiente a la fecha de la primera manifestación invalidante, extremos en los que se sustentó el planteo del accionante.
En esos términos rechazó la tacha de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
Tales fundamentos no son objeto de crítica por parte de la impugnante.
Lejos de abastecer los recaudos insoslayables del art. 279 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, la impugnación plantea la disconformidad de la recurrente con la solución alcanzada en la instancia de origen, sin aportar argumento alguno que permita acreditar la existencia de una absurda valoración de las constancias objetivas de la causa o de una errónea aplicación de las normas actuadas en el pronunciamiento recurrido.
II.3. Sin perjuicio de que lo señalado sella la suerte adversa del recurso, frente a los argumentos que, con renovado alcance, han sido esgrimidos por la interesada en esta instancia, he de recordar que en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) esta Corte estableció, por mayoría y con alcance de doctrina legal, que la ley 26.773 ha reiterado, como principio el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2001 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B. T., E. y otros.", sent. de 8-II-2017; e.o.).
También que en el precedente L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018) -al igual que en muchos otros- este Tribunal se pronunció dejando sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada en la instancia de origen, por no evidenciarse una falta de razonabilidad en el criterio escogido por la norma para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes.
II.4. Finalmente, en el marco excepcional en que transita el recurso, cuadra recordar -además- que tanto la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, como la emanada de la Corte nacional, no constituyen la doctrina legal a la que aluden los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 (causas L. 93.147, "Facorro", sent. de 14-IV-2010; L. 100.692, "Gallego", sent. de 21-XII-2011; L. 106.554, "Lofiego", sent. de 14-III-2012 y L. 117.899, "Marchetti", sent. de 20-IX-2017; e.o.).
Lo dicho me exime de efectuar otras consideraciones.
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En cuanto al agravio inicial, tal como lo señala el doctor Genoud, se halla dirigido a cuestionar el rechazo de la reclamada declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, lo que involucra el análisis de cuestiones federales, se justifica el ingreso en la consideración de la totalidad de los agravios traídos, sin la limitación que impone el monto del recurso (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653).
II. En el caso, se advierte la razonabilidad de lo expuesto por el tribunal a quo cuando señala que la aseguradora -a los fines de fijar el monto a pagar- partió de sumas superiores a aquellas a las que fueron propuestas por la propia interesada.
Luego, en el caso particular, la pretensión de la actora de declarar inconstitucional esta parcela del art. 12 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, debe desestimarse.
III. En lo demás, he de adherir a la postura vertida en el sufragio inicial, debiendo rechazarse el recurso extraordinario deducido.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en el punto II.1. de su voto.
I.2. Aclarado ello, no acierta la interesada en cuanto objeta la decisión de grado por la que se rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557.
Como se pone de relieve en los votos que me preceden, quedó acreditado en autos que el ingreso base calculado con arreglo a las pretensiones de la actora -esto es: a partir de los salarios del año anterior al pago insuficiente, e incluyendo en dicha determinación tanto los conceptos sujetos a cotización como los exentos ($4.112,82; v. informe circunstanciado de fs. 194 y vered., fs. 205 vta.)- es inferior al que utilizó la aseguradora para liquidar la prestación dineraria abonada ($4.810,19; v. sent., fs. 207 y vta.), lo que es suficiente para desestimar el agravio.
I.3. En lo demás, también suscribo la propuesta formulada por el ponente.
II. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Asimismo, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia