Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121129
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto determinó el importe de condena con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 11 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.129, "Isasi, Graciela Mónica contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (empleador autoasegurado). Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 245/254 vta.).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 265/273).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen consideró no controvertido que, con fecha 5 de julio de 2010, la señora Graciela Mónica Isasi -docente, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- denunció padecer una disfonía funcional irreversible ante la aseguradora que aceptó dar cobertura a la contingencia. Con posterioridad la Comisión Médica correspondiente le fijó una incapacidad del 17% del índice de la total obrera, percibiendo en sede administrativa, con fecha 18 de septiembre de 2012, la suma de $86.305,66 (v. vered., primera cuestión, fs. 245 y vta.).
A su vez, tuvo por acreditado que dicha liquidación se había efectuado a partir de un ingreso base de $6.778,90, mientras que, de considerar los rubros denominados "no remunerativos" hubiera alcanzado la suma de $8.846,03 (v. vered., segunda y tercera cuestión, fs. 245 vta. in fine /246 vta.).
En sentencia, y en lo que resulta relevante para la resolución de la litis, rechazó el pedido de la parte actora de aplicar al caso la ley 26.773, en tanto al momento de la primera manifestación invalidante no se encontraba vigente (v. fs. 249 y vta.).
Luego, con apoyatura en las distintas opiniones doctrinarias, el juzgador de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto sólo incluye, para el cálculo del valor mensual del ingreso base, los ítems sujetos a aportes y contribuciones (v. fs. 249 vta./250 vta.).
Ello así, remarcó, porque el valor del ingreso base no debe tener otro objetivo que no sea que el trabajador accidentado perciba un resarcimiento acorde con las remuneraciones habitualmente devengadas y percibidas, más allá de que el empleador, por razones financieras o de otra índole, decida unilateralmente considerar a una parte de los haberes como no contributivos a los fines de la seguridad social (v. sent., fs. 249 vta.).
Señaló que carece de justificativo válido sostener que durante ese lapso el trabajador se vea afectado por un déficit en su "ingreso de bolsillo", que tiene carácter alimentario, en virtud de una causa que no le es -en absoluto- imputable y que la norma asigna a la responsabilidad del empleador (v. sent., fs. 249 vta. y 250).
Advirtió que no constituía un dato menor el hecho de que esta flagrante injusticia hubiera sido saneada a través de la norma contenida en la ley 27.348, en cuanto dispone que a los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el art. 1 del Convenio n° 95 de la Organización Internacional del Trabajo - por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor (v. últ. fs. cit.).
Sobre la base de estas premisas, concluyó que el dispositivo legal impugnado entra en frontal colisión con las garantías previstas por los arts. 17 y 28 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad y progresividad contemplados en los arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -"Protocolo de San Salvador"- y con la normativa del Convenio n° 95 de la Organización Internacional del Trabajo, y justifica su declaración de inconstitucionalidad (v. sent., fs. 250 vta.).
Asimismo , juzgó que resultaba una injusticia inaceptable, en tanto afectaba de modo notorio el derecho de propiedad de la trabajadora, que habiendo la comisión médica determinado la incapacidad más de dos años después de denunciada la dolencia, el cálculo del resarcimiento se efectuara considerando un ingreso base mensual obtenido en función de los salarios nominales percibidos por la actora durante el año inmediato anterior a la primera manifestación invalidante. En virtud de ello, entendió justo y equitativo utilizar algún mecanismo correctivo para proteger el crédito de la trabajadora y, en procura de ello, consideró adecuado aplicar, sobre el ingreso base mensual, el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 26.773 y, una vez efectuada tal operación, cuantificar la prestación dineraria y, en su caso, determinar las diferencias (v. sent., fs. 250 vta. in fine y 251).
Para fundar dicha conclusión, juzgó que era una solución justa y equitativa aplicar un mecanismo correctivo que subsane tal situación de iniquidad, y que el RIPTE es un índice elaborado y publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que refleja las remuneraciones promedio de los trabajadores comprendidos en el sistema jubilatorio y que presenta la ventaja de ser el único índice propio e interno del sistema, y no estar distorsionado por variaciones normativas, de metodología, administrativas o estacionales, entendiendo que utilizar una serie de índices que sea sensible a alteraciones exógenas al sistema y al equilibrio intertemporal resultaría escasamente adecuado (v. sent., fs. 251 y vta.).
En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de julio de 2010 (398,27) y agosto de 2012 (739,38) arrojaba un coeficiente de 1,856, declaró procedente recomponer el valor mensual del ingreso base -de $8.846,03, determinado así en función de la declarada inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557- calculado a la fecha de la primera manifestación invalidante, estableciéndolo en la suma de $16.418,23 (1,856 x $8.846,03). Luego, utilizó tal parámetro como uno de los factores integrantes de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la misma ley para fijar el importe de la prestación dineraria de pago único allí establecida en $208.578,83 (53 x $16.418,23 x 17% x 1,41), del que correspondía deducir los $86.305,66 oportunamente cobrados por la actora, arribando a un total de condena de $122.273,17 (v. sent., fs. 252 y vta.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 12 de la ley 24.557; 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 3 del Código Civil velezano; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 265/273).
II.1. Cuestiona que el tribunal de grado descalificara constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557 e incluyera, para el cálculo del valor mensual del ingreso base, a todos aquellos importes de carácter no remunerativos que integran el salario de la actora.
Argumenta que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que la misma sea razonable. Expresa que ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica.
Manifiesta que la naturaleza remuneratoria de cada rubro está determinada por la habitualidad, regularidad, permanencia, estar sujeto a aportes y no estar otorgado en mérito al comportamiento del agente o a las circunstancias especiales del mismo, lo que torna improcedente el obrar del juez.
Sostiene que rubros tales como: "incentivo docente", "bonificación no remuneratoria docente" y otros que aparecen denominados como "no remunerativos" o "sin aportes" no deben ser contemplados para el ingreso base mensual, toda vez que no constituyen una contraprestación por el trabajo y se trata de adicionales sobre los que no se efectúan descuentos previsionales. Para más, agrega, han sido instituidos por normativas y decretos que no han sido cuestionados en los presentes actuados.
Alega que, en virtud de lo que establece el art. 13 de la ley 25.053, el rubro "incentivo docente" es una asignación especial no bonificable y, por ende, sólo se encuentra sujeta a los aportes y contribuciones con destino a la cuota y obra social sindical (v. fs. 267 y vta.).
Tal circunstancia -sostiene- hace que el órgano de grado haya incurrido en absurdo, pues la norma resulta válida, vigente y aplicable al caso.
II.2. Por otro lado, objeta que el tribunal, a partir de la utilización del índice RIPTE, aplicara la ley 26.773.
II.2.a. Afirma que la aplicación de la mentada normativa no fue solicitada por la parte accionante a lo largo de todo el proceso, violándose de ese modo el principio de congruencia.
II.2.b. Luego, sostiene que el art. 17 apartado 5 de la ley citada es claro al establecer que ésta se regirá para los infortunios laborales ocurridos a partir de su publicación en el Boletín Oficial (26-X-2012). Es por ello que -alega- la decisión de grado vulnera el principio de irretroactividad previsto en el art. 3 del Código Civil, así como el derecho constitucional de propiedad.
Además, manifiesta que lo resuelto se aparta de la doctrina establecida por esta Suprema Corte en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Cabe en primer término señalar que el recurso ha sido bien concedido, pues esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, criterio que ha sido reiterado en las causas L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resoluciones de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resoluciones de 1-IV-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Luego, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -cfr. art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VIII-2010-), lo cierto es que el primer agravio debe rechazarse en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017 y L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017; e.o.), debiendo permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto consideró que para computar el ingreso base mensual no debían tomarse en el caso "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones".
III.3. En relación con el agravio dirigido a rebatir la aplicación del mecanismo de ajuste contemplado en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, corresponde señalar que más allá que el a quo declaró inaplicable en autos dicha normativa, lo cierto es que al cuantificar la reparación de la actora, hubo de utilizar el índice RIPTE contemplado en aquella. A partir de lo expuesto, y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, le asiste razón al recurrente.
En la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 -cuya doctrina el impugnante denuncia transgredida (v. rec., fs. 270 vta.)- se estableció que la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 118.738, "Noguera", sent. de 17-V-2017; L. 118.038, "Díaz", sent. de 5-VII-2017; L. 118.061, "Astorri", sent. de 9-VIII-2017 y L. 118.771, "Lucero", sent. de 20-IX-2017; e.o.).
Con sujeción a tales directrices, y teniendo en cuenta que a la fecha de la primera manifestación invalidante (5 de julio de 2010), la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón al recurrente en cuanto postula que el art. 17 apartado 6 de dicho texto legal no resulta aplicable al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa norma, el ingreso base y por su conducto, el importe de la prestación dineraria prevista por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (causas L. 119.897, "D' Amato", sent. de 22-VIII-2018; L. 120.239, "Portillo", sent. de 28-XI-2018 y L. 120.782, "Ramírez", sent. de 20-II-2019).
IV. Por las razones dadas, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto juzgó aplicable el mecanismo de ajuste previsto en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773.
Los autos deberán volver al tribunal de grado a fin de que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1.a. Adhiero a lo puesto de manifiesto por mi distinguido colega, el doctor Genoud en el punto III.1. de su voto.
I.1.b. Luego, el hecho de que en autos se haya controvertido la declaración de inconstitucionalidad de una norma por parte del tribunal a quo, hace que el valor del litigio deba considerarse como de monto indeterminado a los fines del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 95.699, "Provenzano", resol. de 18-IV-2007; L. 100.245, "Barrera", resol. de 31-X-2007 y L. 102.828, "Yungblut", resol. de 18-VI-2008), quedando exento de las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653.
Sin perjuicio de ello, y tal como lo anticipa el ponente, esta Suprema Corte, en casos sustancialmente análogos, al desestimar los recursos presentados por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires ha censurado aquella parte de la norma que establece que, para computar el ingreso base mensual, debían tomarse en cuenta "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" (v. causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017; L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017 y L. 120.292, "Leguizamón", sent. de 5-XII-2018; e.o.), disponiendo en su lugar que fueran incluidos todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integran el salario del trabajador. Ello lleva a desestimar esta parcela.
I.2. Luego, comparto la opinión del colega ponente en cuanto al agravio orientado a rebatir la decisión del tribunal de grado de cuantificar la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
En la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 he dejado plasmada mi postura, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme al voto del colega que inicia el Acuerdo en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido conforme lo dispuesto en el apartado final del sufragio inaugural.
Así lo voto .
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto determinó el importe de condena con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia