Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123721
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 11 de marzo de 2020.
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda instaurada por Carlos Antonio Morales y, en consecuencia, condenó solidariamente a Daniel A. Chozas S.A.C.I.F. y a La Segunda ART S.A. a abonar al actor la suma que especificó en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de la enfermedad profesional que padece (v. fs. 260/273).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, consideró configurada la responsabilidad civil de la aseguradora en el entendimiento de que había incurrido en un total incumplimiento de las obligaciones de prevención y control establecidas en la ley 24.557.
II. Frente a lo así resuelto, La Segunda ART S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 288/310 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 312 y vta.
En su presentación alega una absurda apreciación de la prueba por parte del sentenciante, y denuncia violación de las normas y de la doctrina legal que cita.
En lo esencial, se agravia de la decisión de grado en cuanto la condenó civilmente.
En primer lugar, manifiesta que el límite de su responsabilidad es el previsto en el contrato de afiliación con la empleadora y que su obligación como aseguradora de riesgos del trabajo se encontraba circunscripta únicamente al otorgamiento de las prestaciones establecidas en la ley 24.557, denunciando vulnerada la doctrina sentada en la causa "Castro c/ Dycasa".
Por otro lado, objeta el pronunciamiento de origen en tanto entiende que no se acreditaron los incumplimientos que se le imputan, los que fueron abordados por el sentenciante de modo genérico, y sin demostrar su relación de causalidad con la patología del accionante.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta sede casatoria -representado por el capital de condena (v. fs. 272 in fine -, no excede el mínimo dispuesto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal intentado. Siendo ello así, resulta claro que la apertura de la instancia extraordinaria de revisión de lo decidido, solo puede provocarse en el marco de la excepción que contempla la norma del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.578, "Duarte", resol. de 21-VI-2012; L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
III.2.a. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las doctrinas que se invocan como violadas -además de haber sido elaboradas sobre presupuestos disímiles a los del caso en juzgamiento- se hallan relacionadas a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la configuración -o no- de los presupuestos que configuran la responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo, en los términos del derecho común, resultando en consecuencia inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 105.399, "G., S.", sent. de 14-III-2012; L. 102.278, "S., J.", sent. de 15-VIII-2012; L. 118.965, "Martínez", resol. de 25-X-2015; L. 120.492, "Olmos", resol. de 21-VI-2017; L. 122.127, "Saavedra", resol. de 10-IV-2019 y L. 122.613, "Parceq", resol. de 5-VI-2019).
III.2.b. Para más, resulta oportuno recordar que la posibilidad de que las aseguradoras puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común en virtud de incumplimientos de los deberes de prevención y control, ha sido admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés" (sent. de 25-XI-2009), en una definición reiterada -entre otras- en las causas L. 100.966 "Zapata" (sent. de 14-IX-2011); L. 103.075 "Vallejos" (sent. de 21-XII-2011) y L. 117.314 "Gorosito" (sent. de 16-VII-2014), en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro contra Gulf Oil Argentina SA y otro" (sent. de 31-III-2009) y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel contra La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. Accidente acción civil" (sent. de 26-III-2013).
III.2.c. Igual suerte adversa ha de correr la cita efectuada a fs. 309 vta. relativa a la anulación de oficio de las sentencias judiciales, por cuanto no resulta hábil en el estrecho carril excepcional bajo examen (causas L. 117.764, "Cabrera", resol. de 4-VI-2014; L. 118.298, "Lillo", resol. de 20-XI-2014; L. 119.835, "Barbosa", resol. de 29-VI-2016 y L. 121.355, "Castillo", resol. de 4-VII-2018).
III.2.d. Finalmente, resta señalar que la jurisprudencia de otros tribunales de justicia y la que deriva de la opinión de los autores no constituyen la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010 y L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Registrada bajo el n°123
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Fin de la sentencia