Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118522
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y se revoca la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa de interés, correspondiendo liquidar los accesorios según la alícuota más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, vigentes al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Finalmente, se exhorta a los señores jueces intervinientes para que en lo sucesivo tomen los recaudos pertinentes a los fines de evitar que se repitan situaciones como la detallada en el apartado III.2. del sufragio inaugural.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 118.522, "Mansilla, Ivone Lilian contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Pettigiani, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 218/224).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 229/235 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente admitió la demanda promovida por Ivone Lilian Mansilla contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía el cobro de diferencias en la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, en el veredicto, juzgó acreditado que la actora, como consecuencia de las tareas docentes que desempeñara para la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, padece una disfonía funcional irreversible que le genera una incapacidad del 18,5% del índice de la total obrera (v. fs. 218 y vta.). También que el ingreso base, calculado sobre la totalidad de las remuneraciones brutas percibidas, asciende a la suma de $3.118,48 (v. fs. cit.).
Ya en la sentencia, luego de cotejar dicho importe con el que surgiría de computar las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones ($2.335,63), juzgó que el art. 12 de la ley 24.557 -al incluir para dicho cálculo únicamente a estas- "merece reproche constitucional en tanto viola el derecho de propiedad de la accionante al privarla de una reparación justa y equitativa" (fs. 220 vta. y 221).
En este punto, agregó que resultaba de toda evidencia que "el pago efectuado por Provincia A.R.T. S.A. el 11 de junio de 2012, con valores vigentes al mes de abril de 2008, conlleva una injusticia inaceptable"; y, en ese orden, consideró adecuado "proteger el crédito de la trabajadora" aplicando intereses -desde el día 14 de abril de 2008 al 11 de junio de 2012-, conforme con lo dispuesto por la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01, a la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos (v. fs. 221 vta. y 222).
A su vez, dispuso que el importe resultante devengaría intereses -desde la fecha de exigibilidad del crédito (11 de junio de 2012) y hasta su efectivo pago- a la tasa (activa) que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de descuento de documentos comerciales, a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (v. fs. cit.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 1, 17, 18, 31, 75 inc. 12, 121, 122 y 123 de la Constitución nacional; 12 de la ley 24.557 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 229/235 vta.).
Afirma que el tribunal de grado incurrió en absurdo y transgredió el art. 12 de la ley 24.557, porque utilizó sumas "no remunerativas" para calcular el valor mensual del ingreso base de la actora (v. fs. 231).
Señala que el juzgador efectuó una interpretación forzada y errónea de la citada norma, pretendiendo sustituir el criterio del legislador (v. fs. cit.).
Explica que dichos importes, por más que sean percibidos en forma habitual, no forman parte de la remuneración de la dependiente, ni están sujetos al pago de aportes y contribuciones (v. fs. cit.).
Por otro lado, se opone a la aplicación de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01 (v. fs. 232).
Sostiene que el a quo utilizó dicho dispositivo con un fin distinto al allí previsto (v. fs. 232 vta.). Indica que su dictado se justifica en el marco del procedimiento administrativo previsto por la ley 24.557, para el pago de las prestaciones dinerarias allí contempladas, así como en el contexto de lo dispuesto por las resoluciones 104/98; 24.852 y 24.808/96 (v. fs. cit.).
Agrega que esta Corte se expidió, en ese sentido, sobre la inaplicabilidad de dicha resolución al fallar la causa L. 113.328, "M., O. E." (sent. de 23-IV-2014; v. fs. cit.).
Plantea que en el caso no se verifican los presupuestos que tornarían aplicable la mentada resolución, y que su utilización se ha convertido en una práctica de determinados tribunales para intentar sortear el criterio de esta Suprema Corte en materia de intereses (v. fs. 233).
Por último, cuestiona la tasa de interés activa que ordenó aplicar el a quo al capital de condena (v. fs. 233 vta.). Expresa que, al utilizar esa tasa, el sentenciante se apartó de la doctrina sentada en los precedentes L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009), posteriormente ratificada en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 3-XII-2013; v. fs. cit.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente corresponde señalar que en lo referido al recaudo del depósito previo, el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), resolvió -por mayoría que integré- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del mentado depósito al Fisco provincial.
III.2. Aclarado ello, y aunque no es motivo de agravio ni tampoco -del modo en que ha quedado conformada la opinión mayoritaria del tribunal- merece la anulación de oficio del pronunciamiento, cabe observar que uno de los magistrados intervinientes, el doctor Bordino, se ha expedido dos veces y en distinto sentido en la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional de grado en la sentencia (v. fs. 222 vta.). Por dicha razón, resulta conveniente exhortar a los magistrados intervinientes para que en lo sucesivo tomen los recaudos pertinentes a los fines de evitar que se repitan tales anomalías.
III.3. Sentado lo anterior, es dable destacar que -como lo admite el propio recurrente (v. fs. 229 vta.)- en la especie el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Acordada 3.704/14); razón por la cual la admisibilidad del medio de impugnación deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
III.4. Desde esa perspectiva el primer agravio que contiene el medio de impugnación debe rechazarse toda vez que ha sido desestimado por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016 y L. 118.403, "Bruch", sent. de 21-VI-2017). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto a la descalificación constitucional del art. 12 de la ley 24.557.
III.5. También es inadmisible el agravio vinculado con la aplicación, como pauta de actualización del capital, de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01.
En efecto, resulta claro que no se configura la excepción prevista en la ley adjetiva local ni bien se repara en que la única doctrina legal que cita el recurrente en esta parcela -referida a un tópico diferente (fijación de la tasa para el cálculo de los intereses moratorios; v. fs. 232 vta.)-, ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los del caso bajo análisis (causas L. 91.410, "Karlen", sent. de 1-IV-2009; L. 99.752, "Buldorini", sent. de 30-VI-2010 y L. 101.587, "González", sent. de 18-XII-2013).
Queda evidenciado, por ende, que la postulación de dicha doctrina no exhibe relación de correspondencia con las motivaciones del juzgador de origen, que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 101.320, "Martínez", sent de 15-XII-2010 y L. 116.669, "Rizzo", resol. de 21-VI-2012).
Ello así -reitero-, por cuanto, más allá de todo análisis relativo al acierto de la decisión -aspecto sobre el que no es dable ingresar-, la aplicación de los términos de la mentada resolución fue analizada por el a quo como una pauta de recomposición del crédito de la trabajadora en concepto de capital, y no a los fines de establecer el cálculo de los intereses moratorios devengados por éste, acreencia que hubo de liquidar por separado. Tanto es ello así que, como habré de señalarlo seguidamente al abordar el correspondiente agravio, utilizó para ello una tasa diversa (v. fs. 222).
III.6. En cambio, debe revocarse la decisión relacionada con los intereses aplicados por el tribunal al capital de condena.
En la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) -también en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha-, esta Suprema Corte, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Luego, y toda vez que el pronunciamiento a dictarse en autos no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014), los autos deberán regresar al tribunal para que ajuste la decisión en materia de intereses a las directrices jurisprudenciales reseñadas.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde exhortar a los magistrados intervinientes para que en lo sucesivo tomen los recaudos pertinentes a los fines de evitar que se repitan situaciones como la detallada en el apartado III.2.; y a su vez, acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocando la sentencia en lo relativo al cómputo de intereses, los que deberán liquidarse nuevamente conforme lo señalado en el apartado anterior.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, haciendo mérito del contenido de la presente decisión (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a las consideraciones del doctor Soria, expuestas en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
II. Ante lo que el mismo recurrente admite -que el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto ordenado ley 14.141- he de juzgar el presente recurso, con la salvedad que luego hago, dentro de la excepción establecida en el art. 55 de la ley 11.653.
III.1. El agravio referido a la aplicación del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo que, como bien anticipa el doctor Soria, ha sido descalificado por inconstitucional, no debe hallarse limitado por aquella cota dineraria. Es nuestra función ingresar en el tratamiento de los agravios expuestos por el Fisco pues el tema puede involucrar cuestiones federales, que habilitarían la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deben ser tratadas por este Tribunal en tanto órgano supremo de la judicatura local (CSJN in re "Strada" y "Di Mascio").
III.2. Esta Suprema Corte, en distintas oportunidades, al desestimar recursos presentados por el Fisco provincial, ha censurado aquella parte del art. 12 apartado 1 de la ley 24.557 en cuanto establece que, para computar el ingreso base mensual, debían tomarse en cuenta "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" (ver causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017; L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017 y L. 120.292, "Leguizamón", sent. de 15-XII-2018; e.o.), disponiendo, en su lugar, que fueran incluidos todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integran el salario del trabajador. En virtud de ello, y más allá de cuáles hayan sido los fundamentos desarrollados por el recurrente, debiera desestimarse su pretensión.
IV. En lo referido al uso de las previsiones de la resolución de la SRT 287/01, para determinar la base salarial, tal como anticipa el doctor Soria, la doctrina que se denuncia como infringida, ha sido elaborada sobre presupuestos diversos de los que aquí resultan relevantes. Luego, adhiero a lo manifestado por el ponente para desestimar este agravio.
V. Por fin, estimo que sí debe hacerse lugar al recurso en lo referido a la tasa a la que deben calcularse los intereses devengados por el capital de condena.
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (ver causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
VI. Adhiero también a la exhortación propuesta en el voto inicial y a la moción de imponer las costas por su orden (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero a lo manifestado por mi distinguido colega doctor Soria en los puntos III.1., III.2., III.3., III.4. y III.5. de su voto.
II. En lo referido a la tasa a la que deberán calcularse los intereses moratorios también concuerdo, remitiéndome -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. y 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
III. En función de lo dicho, suscribo la exhortación y la propuesta decisoria contenida en el apartado IV del sufragio inaugural.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Adhiero a las consideraciones vertidas por el doctor Soria en los puntos III.1., III.2., III.3., III.4. y III.5. de su voto.
II. En lo que hace a la tasa empleada para estimar los intereses moratorios, coincido con la propuesta decisoria del mencionado colega, a tenor de los fundamentos que expuse al sufragar las causas L. 90.768, "Vitkauskas" (sent. de 13-XI-2013); L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016); L. 118.105, "Maidana" (sent. de 29-III-2017) y L. 117.969, "Vallejo" (sent. de 10-V-2017).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo manifestado por el doctor Soria en los puntos III.1., III.2., III.3., III.4. y III.5. de su voto.
I.2. Asimismo, con relación a la tasa de interés moratorio aplicada por el juzgador, comparto la solución que propone el ponente por resultar concordante con lo resuelto por esta Corte -por mayoría- en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), a las que remito por razones de celeridad.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso deducido con el alcance indicado en el punto IV del voto inaugural.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y se revoca la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa de interés, correspondiendo liquidar los accesorios según la alícuota más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, vigentes al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Finalmente, se exhorta a los señores jueces intervinientes para que en lo sucesivo tomen los recaudos pertinentes a los fines de evitar que se repitan situaciones como la detallada en el apartado III.2. del sufragio inaugural.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
La Plata, a los 29 días del mes de abril de 2020.
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia