Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120162
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.162, "De Piero, Claudia Karina contra Poder Ejecutivo y otro. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 235/251).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 273/281 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente admitió la demanda promovida por Claudia Karina De Piero contra Provincia ART S.A., y en consecuencia, condenó a esta al pago de diferencias en la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en la ley 26.773.
Para así decidir, en el veredicto, declaró demostrado que la actora, como consecuencia de las tareas docentes que desempeñara para la Dirección General de Cultura y Educación, padece una disfonía crónica irreversible que le genera una incapacidad del 18,4% del índice de la total obrera (v. fs. 235 vta.). También, que el valor mensual de su ingreso base, considerando los haberes percibidos durante el año anterior a la primera manifestación invalidante e incluyendo los rubros calificados por el empleador como no remunerativos, ascendió a la suma de $1.117,78 (v. fs. 236 vta.).
A su vez, tuvo por acreditado que en el mes de agosto de 2010 -esto es, cuando se determinó dicha minusvalía- tales haberes se incrementaron en un 46,18%, alcanzando el importe de $2.800,21 (v. fs. 237).
En la sentencia, ante el planteo formulado en la demanda, el a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en cuanto incluye para el cálculo del referido módulo salarial únicamente a "las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" (fs. 243 vta.).
Luego, juzgó que el valor mensual del ingreso base correspondiente a la primera manifestación invalidante debía ser "revalorizado -a la época de fijarse la incapacidad de la reclamante-, [...] según hubiera resultado de aplicarse la variación habida en el índice RIPTE entre mayo de 2006 (primera manifestación invalidante) y agosto de 2010 (determinación de la minusvalía por parte de la Comisión Médica N°10H)" (fs. 246).
En ese orden, tras multiplicar la suma de $1.117,78 por el coeficiente obtenido (2,376), el tribunal arribó al monto de $2.655,84 y con base en este -y en las pautas indicadas en el citado art. 14 apartado 2 inc. "a"- determinó la prestación dineraria que le correspondía a la trabajadora en $51.014,48. A dicho importe le descontó lo percibido oportunamente por esta ($18.230) y estableció así una diferencia de $32.783,94 (v. fs. 247).
II. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 1, 14 bis, 17, 18, 19, 28, 31, 75 inc. 12, 22 y 23, y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 del Protocolo adicional de San Salvador; del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 3 del Código Civil; 208 y 304 de la ley 20.744; 12 apartado 1 y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 273/281 vta.).
II.1. En primer término, se agravia porque el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, y consideró, para calcular el valor mensual del ingreso base, "todos los conceptos percibidos por la accionante" (fs. 275).
Señala que la diferencia entre la suma que estableció el a quo en concepto de ingreso base mensual y la que correspondería de acuerdo a la manda legal no puede ser considerada irrazonable porque representa apenas un 17,77% (v. fs. 276).
Le reprocha al sentenciante no haber analizado el sistema reparatorio de la Ley de Riesgos del Trabajo como un todo, que no se conforma únicamente con la remuneración percibida por el trabajador sino que abarca prestaciones médicas y dinerarias, además de la indemnización de la minusvalía (v. fs. 277).
Afirma que el precepto en cuestión no vulnera derechos ni garantías constitucionales, destacando que, en veinte años de vigencia de la referida ley, ni la Corte Suprema nacional ni la Corte provincial se han pronunciado en ese sentido (v. fs. 277 vta.).
Desde esa perspectiva, concluye que el juzgador incurrió en absurdo toda vez que la norma legal citada es válida, vigente y aplicable al caso (v. fs. cit.).
II.2. Por otro lado, cuestiona la decisión de grado vinculada a la ley 26.773 (v. fs. cit.). Alega que el juzgador ajustó el valor mensual del ingreso base de la actora -conforme al índice RIPTE- "a la fecha en que se fijó la incapacidad" sin declarar la inconstitucionalidad del mentado art. 12, que incluye para dicho cálculo únicamente a las remuneraciones devengadas durante el año anterior a la primera manifestación invalidante (v. fs. 278).
Indica que esa decisión vulnera el art. 7 de la ley 23.928 y la doctrina legal sentada en el precedente B. 49.193 bis, "Fabiano" (sent. de 2-X-2002), respecto a su validez constitucional y a la prohibición de toda forma de actualización o indexación de deudas (v. fs. cit.).
Añade que, al aplicar retroactivamente las disposiciones de la referida ley 26.773, el sentenciante se apartó también de lo establecido por el art. 17 apartado 5, y las directrices plasmadas por este Tribunal y la Corte federal en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y "Espósito" (sent. de 7-VI-2016), respectivamente, en lo concerniente a su ámbito temporal de aplicación (v. fs. 278 vta./281).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Cabe señalar que, en lo que respecta al recaudo del depósito previo, el recurso ha sido bien concedido pues esta Suprema Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición de su cumplimiento al Fisco provincial.
III.2. Luego, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010-), lo cierto es que el primer agravio traído debe ser rechazado en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017; L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017; e.o.), debiendo permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto consideró que para computar el ingreso base mensual no debían tomarse en el caso sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
III.3.a. Por otro lado, en referencia a las impugnaciones relacionadas con la ley 26.773, la peticionaria pretende sortear el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto, invocando la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2.478; v. fs. 291 vta. y 292) y expresando a tales fines que en el caso acontece un supuesto de gravedad institucional toda vez que en la sentencia recurrida se interpreta erróneamente una ley de carácter federal. Sin embargo, dicho supuesto no se verifica en el sub examine , ya que la impugnación gira en torno a una norma de derecho común como lo es la 24.557 (art. 14, ley 48).
Las cuestiones deben ser resueltas, entonces, en el estrecho marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.3.b. En ese orden, considero que debe prosperar la crítica mediante la que se cuestiona la aplicación al caso del índice RIPTE previsto en la ley 26.773.
En la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) -cuya doctrina denuncia violada el recurrente (v. fs. 278 vta./281) esta Corte estableció que en lo que respecta a su ámbito temporal de aplicación, la mentada ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.738, "Noguera", sent. de 17-V-2017; L. 118.038, "Díaz", sent. de 5-VII-2017; L. 118.061, "Astorri", sent. de 9-VIII-2017; L. 118.771, "Lucero", sent. de 20-IX-2017; e.o.).
Con sujeción a tales directrices y considerando que a la fecha de la primera manifestación invalidante (5 de mayo de 2006; v. fs. 235 y vta.) la ley 26.773 no se encontraba vigente, asiste razón al recurrente al postular que el art. 17 apartado 6 de dicho texto legal no resulta aplicable al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar con apoyo en esa norma el valor del ingreso base mensual y por su conducto, el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
IV. En virtud de lo expresado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada conforme lo resuelto en el apartado anterior.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Adhiero a lo expresado por el doctor Soria en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. Luego, acompaño su propuesta respecto a la inaplicabilidad al caso del índice RIPTE previsto en ley 26.773, en función de la consolidada doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos al presente (art. 31 bis., ley 5.827 y modif.; v.gr. causa L. 118.695, "Staroni" sent. de 24-V-2016; e.o.).
II. Por lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance indicado en el punto IV del sufragio del doctor Soria. Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. También suscribo la solución que propone en los puntos III.3.a. y III.3.b., en tanto se condice con la postura que asumí en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en donde adherí al voto del doctor Genoud, a la que me remito por razones de celeridad.
II. En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance expuesto en el punto IV del voto inaugural.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/07/2020 10:23:56 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 03/07/2020 12:07:52 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 06/07/2020 14:51:25 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 08/07/2020 10:59:39 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 08/07/2020 12:18:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia