Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120554
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.554, "Fevola, María Rita contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 203/221).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 236/246 vta.).
Dictada a la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen consideró no controvertido que, con fecha 28 de marzo de 2008, la señora María Rita Fevola, docente, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, denunció padecer una disfonía funcional irreversible ante Provincia ART S.A. -administradora del autoseguro provincial-, quien aceptó dar cobertura a la contingencia, y que a raíz de ello, el día 26 de noviembre de 2013 la Comisión Médica correspondiente le diagnosticó dicha dolencia y le fijó una incapacidad del 17% del índice de la total obrera (incluyendo los factores de ponderación), percibiendo en sede administrativa, el 12 de diciembre de 2013, la suma de $25.171,28 (v. vered. primera cuestión, fs. 203 y vta.).
Indicó también que a la fecha de la primera manifestación invalidante (28 de marzo de 2008), en virtud de lo normado por el art. 1 del decreto provincial 3.858/07 (B.O. de 18-I-2008), se había operado la rescisión retroactiva -a partir del 1 de enero de 2007- del contrato de afiliación celebrado entre la Provincia de Buenos Aires y la aseguradora (v. vered. segunda cuestión, fs. 203 vta. y 204).
Asimismo, juzgó probado que el valor mensual del ingreso base calculado con arreglo a los haberes sujetos a aportes y contribuciones, tal como lo prescribe el art. 12 de la ley 24.557, fue de $2.363,90; mientras que considerando la totalidad de los conceptos abonados a la actora en el mes correspondiente a la primera manifestación invalidante ascendió a $3.041,84 (v. vered. tercera y cuarta cuestión, fs. 204/205).
En la sentencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en cuanto dispone que no han de incluirse para el cálculo del valor mensual del ingreso base rubros de carácter no remunerativos, al juzgar que ello violaba el derecho de propiedad de la trabajadora (v. fs. 213/215).
Consideró además el a quo, que para subsanar la situación de iniquidad provocada por la omisa consideración de los incrementos salariales evidenciados entre la fecha de la primera manifestación invalidante (marzo de 2008) y la de fijación de la incapacidad por parte de la Comisión Médica (noviembre de 2013), correspondía revalorizar el ingreso base mensual por aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), previsto por la ley 26.773 y, una vez efectuada tal operación, cuantificar la prestación dineraria y, en su caso, determinar las diferencias.
Para fundar dicha conclusión, juzgó que era una solución justa y equitativa aplicar un mecanismo correctivo que subsane tal situación de iniquidad, y que el RIPTE es un índice elaborado y publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que refleja las remuneraciones promedio de los trabajadores comprendidos en el sistema jubilatorio y que presenta la ventaja de ser el único índice propio e interno del sistema, y no estar distorsionado por variaciones normativas, de metodología, administrativas o estacionales, entendiendo que utilizar una serie de índices que sea sensible a alteraciones exógenas al sistema y al equilibrio intertemporal resultaría escasamente adecuado (v. sent., fs. 215/216 vta.).
En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de marzo de 2008 (250,38) y noviembre de 2013 (990,63) arrojaba un coeficiente de 3,956, declaró procedente recomponer el valor mensual del ingreso base -de $3.041,84, determinado así en función de la declarada inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557- calculado a la fecha de la primera manifestación invalidante, estableciéndolo en la suma de $12.033,52 (3,956 x $3.041,84). Luego, utilizó tal parámetro como uno de los factores integrantes de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la misma ley para fijar el importe de la prestación dineraria de pago único allí establecida en $128.135,09 (53 x $12.033,52 x 17% x 1,181818), del que correspondía deducir los $25.171,28 oportunamente cobrados por la actora, arribando a un total de condena de $102.963 (v. sent., fs. 216 vta. y 217).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, la violación de los arts. 17 de la Constitución nacional; 12 de la ley 24.557; 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 17 del decreto 472/14; 3 del Código Civil; del decreto 3.858/07; de las resoluciones 33.034/08 y 573/08 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 236/246 vta.).
II.1. Denuncia que el a quo incurrió en la errónea aplicación del decreto 3.858/07 y -especialmente- de la resolución conjunta de la Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo 33.034/08 y 573/08, en cuanto establecen que la Provincia de Buenos Aires se encuentra autoasegurada a partir de la fecha de su publicación, es decir, desde el 29 de mayo de 2008.
Advierte que, en el caso, la primera manifestación invalidante se produjo el día 28 de marzo de 2008, oportunidad en la que el contrato de afiliación aún se encontraba vigente (v. fs. 237 vta. y 238).
II.2. Expresa que lo juzgado por el sentenciante en cuanto declaró que existía una notoria diferencia económica entre el ingreso base mensual calculado teniendo en cuenta la fecha de la primera manifestación invalidante y aquel computado a tenor de la fecha en la que la incapacidad se determinó, constituye una típica afirmación dogmática, que no se hace cargo de las circunstancias concretas de la causa. Ello, desde que -de un lado- durante dicho período la actora percibió prestaciones en especie de parte de la aseguradora y -del otro- tal término debía transitarse a los efectos de evaluar la remisión o no de la dolencia.
Entiende que la solución adoptada en la sentencia se aparta de lo dispuesto por la norma aplicable, infringiendo además lo dispuesto en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (v. fs. 238 vta. y 239 vta.).
II.3. Cuestiona que el tribunal de grado haya declarado la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 e incluido para el cálculo del valor mensual del ingreso base a todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integran el salario de la actora.
Manifiesta que la naturaleza remuneratoria de cada rubro está determinada por la habitualidad, regularidad, permanencia, estar sujeto a aportes y no estar otorgado en mérito al comportamiento del agente o a las circunstancias especiales del mismo, lo que torna improcedente el obrar del juez.
Argumenta que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que la misma sea razonable.
Tal circunstancia -dice- hace que el órgano de grado haya incurrido en absurdo, pues la norma resulta válida, vigente y aplicable al caso.
Sostiene que rubros tales como: "incentivo docente", "bonificación no remuneratoria docente" y otros que aparecen denominados como "no remunerativos" y/o "sin aportes" no deben ser contemplados para el ingreso base mensual, toda vez que no constituyen una contraprestación por el trabajo y se trata de adicionales sobre los que no se efectúan descuentos previsionales. Para más -agrega- han sido instituidos por normativas y decretos que no han sido cuestionados en los presentes actuados.
Alega que, en virtud de lo que establece el artículo 13 de la ley 25.053 -conforme decreto 1.125/99-, el rubro "incentivo docente" es una asignación especial no bonificable y, por ende, sólo se encuentra sujeta a los aportes y contribuciones con destino a la cuota y obra social sindical.
Aduna, en lo concerniente a la bonificación no remunerativa que, como su propio nombre lo indica, no tiene carácter remuneratorio y consecuentemente, no debe ser computada para el cálculo del ingreso base.
A su vez -prosigue-, el art. 31 de la ley 10.579 -Estatuto Docente- establece los conceptos que integran la retribución del personal, entre los que no se encuentran los adicionales requeridos (v. fs. 239 vta./241).
II.4. Objeta la aplicación de la ley 26.773 efectuada en la sentencia.
Sostiene que el artículo 17 apartado 5 de dicha ley es claro al establecer que ésta regirá para los infortunios laborales ocurridos a partir de su publicación en el Boletín Oficial (26 de octubre de 2012).
Señala que la citada norma debe ser correlacionada con el artículo 17 apartado 6 del mismo ordenamiento, que hace referencia a la forma de actualizar los créditos emergentes de los infortunios cuya primera manifestación invalidante sea posterior a la entrada en vigencia de la ley, por el período que va desde el 1 de enero de 2010 al 26 de octubre de 2012. Luego de ello -prosigue-, rige el ajuste periódico general del artículo 8, conforme reza la segunda parte de aquel precepto (v. fs. 241 vta./242 vta.).
Manifiesta que la decisión de grado vulnera el principio de irretroactividad previsto en el artículo 3 del Código Civil así como el derecho constitucional de propiedad.
Agrega que si bien conforme el art. 7 del Código Civil y Comercial las leyes pueden ser retroactivas cuando así lo establezcan expresamente, ellas no pueden afectar los derechos adquiridos.
Entiende que al momento de producirse el daño quedan efectivamente consolidados los derechos de las partes, independientemente de que el pago -la cancelación de la obligación-, se produzca con posterioridad.
En apoyo de su argumentación, cita doctrina legal de esta Corte (v. fs. 242 vta./244).
II.5. Aduce -subsidiariamente- que el juzgador de grado incurrió en una errónea interpretación y aplicación de la ley 26.773, en tanto el índice de ajuste de las prestaciones establecido en dicha norma no debe ser aplicado (conf. los términos de sus arts. 8 y 17 apartado 6) sobre el ingreso base computable en la fórmula de cálculo de las prestaciones, tal como lo hizo en su pronunciamiento.
Argumenta -en lo esencial- que el decreto 472/14 determina en su art. 17 que sólo las compensaciones adicionales de pago único -incorporadas al art. 11 de la ley 24.557- y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09 se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE.
Por último, afirma que una diferente interpretación configuraría la aplicación de un mecanismo de indexación, expresamente prohibido por las leyes 23.928 y 25.561 (v. fs. 244/246).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Cabe señalar que, en lo tocante al recaudo del depósito previo, el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014) resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición de su cumplimiento al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07, criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resols. de 1-IV-2015; L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resols. de 26-III-2015; e.o.), sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Luego, ha de destacarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010), en tanto, se encuentra representado por la diferencia entre el importe de la condena establecido en la sentencia y el que habría de obtenerse teniendo en cuenta el ingreso base mensual pretendido y la no aplicación del índice RIPTE. Entonces, la admisibilidad del recurso deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.3. Bajo el contexto de análisis expuesto, el embate vinculado con la errónea aplicación del decreto 3.858/07 y -especialmente- de la resolución conjunta de la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 33.034/08 y 573/08, no resulta atendible.
La exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción prevista en el art. 55 in fine del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que el interesado omite citar e individualizar en la parcela (v. fs. 237 vta. y 238) doctrina legal de esta Suprema Corte (causas L. 94.968, "Gallardo", sent. de 7-IX-2011; L. 92.433, "Álvarez", sent. de 21-IX-2011; L. 89.830, "Fleitas", sent. de 2-XI-2011 y L. 91.765, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2011; e.o.).
III.4. Tampoco prospera el agravio dirigido a impugnar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Esta parcela del recurso debe rechazarse en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018 y L. 119.975, "Álvarez", sent. de 16-V-2018), debiendo permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto consideró que para computar el ingreso base mensual no debían tomarse en el caso "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones".
III.5. En cambio, en lo que respecta a la aplicación efectuada por el a quo del mecanismo de ajuste contemplado en la ley 26.773, la impugnación merece favorable acogida.
No puede dejar de señalarse que los argumentos desplegados en el medio extraordinario de impugnación para neutralizar lo juzgado por el tribunal de grado, guardan sustancial analogía con aquellos que estructuran la doctrina legal sobre la temática aquí debatida.
Esta Corte tiene dicho que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, lineamiento establecido -entre varias- en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la que por razones de brevedad remito, en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que, a la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante (el día 28 de marzo de 2008), la ley 26.773 no se encontraba vigente, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso, y revocar lo resuelto en el pronunciamiento de grado en cuanto allí se determinó el ingreso base mensual con apoyo en lo dispuesto en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 (en su redacción original), normas cuya inaplicabilidad se declara.
III.6. Atento lo resuelto precedentemente, no cabe abordar el agravio vinculado con el método de cálculo de las prestaciones con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773.
III.7. Finalmente, tampoco se observa el excepcional supuesto habilitante respecto de la restante crítica fundada en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, en tanto también aquí se prescinde de la denuncia de doctrina legal de la Suprema Corte vinculada con dicho tópico (causas L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013 y L. 117.832, "Campos Duré", sent. de 2-XI-2016).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y casar el pronunciamiento en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara.
Los autos han de volver al tribunal de origen para que practique nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero, en primer lugar, a la propuesta del distinguido colega, doctor Soria, expresada en el punto III.1. de su voto, y a la doctrina establecida en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (sent, de 3-XII-2014).
II.1. Debo señalar que, el hecho de que en autos se haya controvertido la declaración de inconstitucionalidad de una norma por parte del tribunal a quo , hace que el valor del litigio deba considerarse como de monto indeterminado a los fines del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 95.699, "Provenzano", resol. de 18-IV-2007; L. 100.245, "Barrera", resol. de 31-X-2007 y L. 102.828, "Yungblut", resol. de 18-VI-2008), quedando exento de las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653.
Sin perjuicio de ello, y tal como lo anticipa el ponente, esta Suprema Corte, en casos sustancialmente análogos, al desestimar los recursos presentados por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires ha censurado aquella parte de la norma que establece que, para computar el ingreso base mensual, debían tomarse en cuenta "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" (v. causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017; L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017 y L. 120.292, "Leguizamón", sent. de 5-XII-2018; e.o.), disponiendo en su lugar que fueran incluidos todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integran el salario del trabajador. Ello lleva a dese
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