Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124341
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda incoada por Juan Ramón Vera y condenó a Provincia ART S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de reparación integral por daños y perjuicios con sustento en el derecho común (v. fs. 396/412 vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor padece una incapacidad laboral parcial y permanente del 33,2% del índice de la total obrera en relación causal con las tareas desarrolladas.
En esa línea, concluyó que la aseguradora era responsable en los términos del art. 1.749 del Código Civil y Comercial, por la omisión de cumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley de Riesgos del Trabajo, por cuanto de haber entregado elementos de seguridad y controlado efectivamente el método de trabajo podría haber evitado el daño a la salud del trabajador.
II. Contra dicha decisión, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 209/220), el que fue concedido por el a quo a fs. 222 y vta.
En su presentación denuncia absurdo y arbitrariedad, e indica las normas y la doctrina que considera violadas.
En lo esencial, se agravia de que el tribunal de trabajo no tuviera en cuenta que el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene se encuentra a cargo del empleador, así como que el poder de policía le corresponde al Estado.
Asimismo, alega que no surge acreditado el nexo de causalidad entre sus supuestos incumplimientos y la incapacidad que porta el actor.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, resulta oportuno destacar que a partir de la sanción de la ley 24.557, las aseguradoras de riesgos del trabajo se han convertido -en concurrencia con el empleador- en sujetos pasivos de la carga de prevención de los infortunios laborales, objetivo primordial que llevó a la sanción de este cuerpo normativo. En consecuencia, no resulta aceptable entender que aquellas sean meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy por el contrario, en el diseño normativo en examen se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015; S 29-IV-2015 y L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017).
III.2. Sentado ello, circunscribiendo el análisis al caso bajo examen deviene conveniente -además- recordar que esta Corte ha establecido que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la citada ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, y si media o no relación causal entre tales inobservancias y el daño comprobado, son cuestiones privativas de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990 "Staropoli", sent. de 11-XII-2013; L. 118.668 "Sosa", resol. de 15-VII-2015; L. 120.712, "Peralta", resol de 15-XI-2017 y L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 113.555, "Cortés", resol. de 23-II-2011; L. 114.235, "Barroca", resol. de 11-V-2011 y L. 118.387, "Sala", resol. de 19-II-2015).
III.3. En el caso, se advierte que, lejos de evidenciar la existencia del denunciado vicio, el reproche se limita a exhibir un criterio particular y discrepante respecto de la forma en que el juzgador de grado resolvió la controversia, método que reiteradamente se ha considerado carente de idoneidad para desmerecer las conclusiones a las que éstos han arribado en el pronunciamiento, en el marco de las facultades que le son propias (causas L. 120.862, "Amarilla", resol. de 27-XII-2017; L. 113.343, "Booth", resol. de 30-V-2018 y L. 121.264, "Vivas", resol. de 8-VIII-2018).
Recuérdese, además, que no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, pues se requiere algo más: la evidencia de un vicio lógico en el razonamiento del juzgador o de una grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 114.168, "Sánchez", resol. de 18-V-2011; L. 114.614, "Pintor", resol. de 14-IX-2011 y L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014), lo que -a tenor de lo dicho- no se verifica en la especie.
III.4. Sin perjuicio de la insuficiencia apuntada, la argumentación de la recurrente exhibe, en rigor, un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin explicar de qué modo el a quo habría incurrido en las infracciones legales que se pretenden configuradas, toda vez que en la formulación del agravio la interesada se limita a enunciar en forma genérica errores interpretativos, soslayando hacer una crítica concreta, directa y precisa de la estructura esencial de la decisión (art. 279 y su doctrina, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2020 18:53:45 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 26/06/2020 11:01:33 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 26/06/2020 16:01:29 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/06/2020 18:00:06 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 29/06/2020 09:01:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia