Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121834
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.834, "Haissaguerre, Rubén Omar contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Empleador autoasegurado). Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Soria .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 365/374).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 378/383).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Rubén Omar Haissaguerre y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de diferencias adeudadas en la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, en el veredicto, juzgó demostrado que el actor, como consecuencia de las tareas docentes que desempeñara para la demandada, padece una disfonía crónica que le genera una incapacidad parcial y permanente del 23% del índice de la total obrera (v. fs. 365). También tuvo por acreditado que percibió la suma de $41.400, y que el valor mensual de su ingreso base, a la fecha de la primera manifestación invalidante (28 de septiembre de 2009), ascendió a $7.641 (v. fs. cit.).
Ya en la sentencia, el a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, por juzgar que en el caso la aplicación literal de esta norma -en cuanto incluye para el cálculo respectivo únicamente a las remuneraciones devengadas durante el año anterior a la primera manifestación invalidante- se encontraba "...reñida con el principio de razonabilidad de las leyes (art. 28 Constitución Nacional) y el deber de reparar el daño injusto (art. 19 de la Constitución Nacional)". Sostuvo que los resarcimientos de este tipo debían valorizarse a la época en que debieron ser pagados, esto es, cuando se produce la mora y, consecuentemente, pueden aplicarse intereses (v. fs. 367 y vta.).
Asimismo, con apoyo en distintos fallos de la Corte nacional, señaló que la indemnización especial de los daños laborales debía -al menos- alcanzar a cubrir la pérdida de ganancias provocada por el infortunio, y que la aplicación literal de lo dispuesto en dicho precepto conducía a un resultado reparatorio irrazonable, que no podía considerarse representativo de la real pérdida de ganancia del trabajador (v. fs. cit.).
Sobre esas motivaciones, declaró que la mentada norma -en este caso particular y conforme las circunstancias reseñadas- es "...contraria a lo dispuesto en los artículos 28 y 19 de la Constitución Nacional y 31 inc. b de la Carta Interamericana de Garantías Sociales" (fs. cit.).
En consecuencia, estimó "...justo para el caso utilizar en el desarrollo de la fórmula indemnizatoria legal el valor mensual del ingreso base calculado con referencia a la fecha en que la indemnización fue pagada" ($19.793,15; fs. 368).
Luego -con sustento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el art. 1 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones- consideró que correspondía incluir en la base de cálculo de la indemnización reclamada la totalidad de los conceptos abonados por el empleador como contraprestación del trabajo más allá de la denominación que se les hubiere asignado y de que estuviesen o no sujetos a cotización (v. fs. 368/369).
Finalmente, a partir de lo decidido por el Máximo Tribunal en el caso "Ascua" (sent. de 10-VIII-2010), respecto a la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido por la ley 9.688 (modif. por ley 23.643), declaró que los fundamentos allí vertidos resultan enteramente aplicables al tope análogo previsto en el citado art. 14 apartado 2 inc. "a" (v. fs. 369/370).
Sobre esas motivaciones, calculó la prestación dineraria que le correspondía percibir al actor en la suma de $356.434, a la que dedujo el importe de $41.400 que ya había percibido (v. fs. cit.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 1, 17, 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 7 y 10 de la ley 23.928; 12 de la ley 24.557 y de la doctrina legal que identifica.
Se agravia porque el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo y consideró, para calcular el valor mensual del ingreso base del actor, el "momento en que le fue abonada la prestación dineraria" y "la totalidad de los haberes brutos que integran las liquidaciones" (fs. 379 vta.).
Explica que dicha norma alude, sin ambages, a las doce remuneraciones anteriores a la primera manifestación invalidante y también a remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones (v. fs. 380).
Señala que el juzgador solamente tuvo en cuenta el mero transcurso del tiempo entre la fecha de la denuncia y el dictamen de la Comisión Médica, sin meritar que, durante ese periodo, se otorgaron prestaciones en especie (v. fs. 380 vta.).
Sostiene que la descalificación constitucional de una norma legal no puede estribar en una mera conveniencia económica y no estar sustentada en argumentos contundentes (v. fs. cit.).
Añade que la decisión cuestionada infringe, además, "...lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, en la medida que el objetivo evidente del a quo fue el de mantener el poder adquisitivo de la moneda" (fs. 381).
A su vez, indica que los conceptos no remunerativos (como incentivo docente, material didáctico o asignación familiar) surgen cabalmente de los recibos agregados a la causa, y no debieron ser considerados por el sentenciante porque son adicionales o beneficios sobre los que no se efectuaron descuentos destinados al sistema previsional (v. fs. 381/382).
En definitiva, concluye que, en autos, no existe infracción constitucional alguna ya que el dependiente tuvo acceso a una remuneración justa y la mentada norma deviene válida, vigente y aplicable al sub lite (v. fs. 382 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. En principio, esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Luego, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -cfr. art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010-), lo cierto es que el presente recurso debe rechazarse toda vez que en él se plantean agravios desestimados por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 120.768, "Roldán", sent. de 13-II-2019; L. 119.454, "Solari", sent. de 16-V-2018 y L. 119.538, "Alice", sent. de 27-XII-2017; e.o.). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto a la descalificación constitucional del art. 12 de la ley 24.557.
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/07/2020 17:18:34 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 24/07/2020 10:10:23 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 24/07/2020 16:02:20 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/07/2020 14:09:30 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 27/07/2020 12:59:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia