Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120590
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con los alcances que surgen de la presente. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen de conformidad con lo dispuesto en el punto IV del voto emitido en primer término.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.590, "Silvera, Mabel Esperanza contra Poder Ejecutivo. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 159/166).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 174/177).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente admitió la demanda promovida por Mabel Esperanza Silvera contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía el cobro de diferencias en la prestación dineraria debida por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, en el veredicto, tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas docentes que desempeñaba para la Dirección General de Cultura y Educación, la actora padece una disfonía funcional irreversible que le genera una incapacidad del 20% del índice de la total obrera (v. fs. 159 y vta.). También consideró probado que el ingreso base, calculado sobre la totalidad de las remuneraciones brutas percibidas durante los doce meses anteriores al mes de mayo de 2010, ascendió a la suma de $2.382,59 (v. fs. cit.).
Ya en la sentencia, luego de cotejar dicho importe con el que surgiría de computar las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones ($2.165,39), juzgó que el art. 12 de la ley 24.557, en su literal redacción, merecía reproche constitucional por violar el derecho de propiedad de la accionante al privarla de una reparación justa y equitativa (v. fs. 161 vta. y 162).
Establecido lo anterior, por mayoría, concluyó que "el pago efectuado por Provincia A.R.T. S.A. el 26 de enero de 2012, con valores vigentes al 10 de mayo de 2010 conlleva una injusticia inaceptable"; y, en ese orden, consideró adecuado proteger el crédito de la trabajadora aplicando intereses -desde el día 10 de julio de 2010 al 26 de enero de 2012-, conforme con lo dispuesto por la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01, a la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina (v. fs. 162 vta.).
A su vez, dispuso que el importe resultante devengaría intereses -desde la fecha de exigibilidad del crédito (26 de enero de 2012) y hasta su efectivo pago- a la tasa "que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días" (v. fs. 163).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 1, 17, 18, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 7 y 10 de la ley 23.928; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 174/177).
Sostiene que el tribunal de grado, al utilizar la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01 para actualizar el crédito de la actora, transgredió los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y la doctrina legal sentada -entre otros que cita- en el precedente B. 49.193 bis, "Fabiano" (sent. de 2-X-2002), que prohíben expresamente toda forma de actualización, indexación o repotenciación de deudas (v. fs. 175 vta./176 vta.).
III. El recurso ha de prosperar.
III.1. De inicio corresponde señalar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3840/17); razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653. Así lo entendió también el a quo , al concederlo en la resolución de fs. 178, que arriba firme y consentida a esta instancia extraordinaria.
Siendo así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.2. Tal como se adelantó, el tribunal encontró adecuado "proteger" (sic) el crédito de la trabajadora utilizando el régimen de producción de intereses establecido por la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01, lo que -asegura- fue ratificado por esta Suprema Corte en la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016.
El representante del Fisco arguye que se trata de una improcedente actualización de la prestación dineraria, vedada por las leyes 23.928 y 25.561, y contraria a la doctrina de esta Corte.
III.2.a. Varias cosas deben ser señaladas: en primer lugar que no se advierte que en el precedente L. 118.587, citado, se haya autorizado, legitimado o simplemente usado una tasa de interés como la que aparece en la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (tasa activa usada por el Banco de la Nación). Muy por el contrario, es precisamente a partir de las causas L. 118.587, citada y C. 119.176, "Cabrera" (de la misma fecha), que se inauguró una doctrina mayoritaria que, a fuerza de repetición, se ha tornado pacífica: los intereses moratorios han de calcularse según la tasa pasiva más alta que use el Banco oficial para pagar los depósitos a treinta días efectuados digitalmente.
III.2.b. Por otra parte, en la causa L. 113.328, "M., O. E." (sent. de 23-IV-2014), se declaró que, desde que el dispositivo contenido en el decreto 414/99 (que se repite en el art. 6 de la resol. 287/01), se halla reservado para regir en el contexto del procedimiento que la Ley de Riesgos del Trabajo contempla, y puesto que no guarda relación alguna con el proceso judicial, su empleo deviene improcedente.
III.2.c. Por fin, debe considerarse si la utilización de una tasa de interés específica (más alta que las usuales) puede considerarse una forma de actualización o repotenciación de determinado capital. En circunstancias diversas de las actuales he sostenido (en minoría) que la utilización de cierto tipo de tasa, aunque, evidentemente, contenga alguna forma de protección del crédito contra la pérdida de valor de la moneda, no resulta equiparable a una indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o revaluación de deudas. Es que, los intereses, por su naturaleza y su función, no son el medio más idóneo para lograr la recomposición de valores desvirtuados, y el hecho de que se hayan fijado tasas de porcentuales agravadas con la intención de paliar la depreciación del signo monetario, tampoco debe llevarnos a caer en confusión: para corregir la desvalorización existen fórmulas aritméticas específicas, precisas y apropiadas, independientes de la voluntad de las partes y respetuosas de variables exclusivamente económicas, que cumplen mejor esa función. El interés, en cambio, puede ser convenido entre los interesados y no necesariamente será su finalidad la de proteger el signo monetario contra su envilecimiento (v. mi voto en la causa A. 71.170, "Isla", sent. de 10-VI-2015).
III.2.d. De todo lo anterior se desprende, por un lado, que -en mi opinión- las tasas de interés no son el equivalente a una actualización, repotenciación o reajuste del capital. Sin embargo, la declarada intención de "proteger" el crédito mediante su uso, se muestra como un artilugio claramente destinado a eludir la prohibición de indexar contenida en la ya antigua Ley de Convertibilidad y en las normas de la emergencia económica, lo que me hace concordar con la doctrina de la Corte al respecto. Luego, si a ello se agrega que la tasa usada ha sido repetidamente declarada inaplicable, y que no ha habido de parte de esta Corte decisión alguna que avale su uso, deberá concluirse en que lo resuelto por el tribunal contraviene la doctrina legal vigente y los precedentes que se denuncian en el recurso. En concreto: ha habido un uso desnaturalizado de los intereses fijados en cierta normativa (no aplicable, por lo demás) de manera de hacerlos actuar como fórmula de ajuste en infracción de lo establecido en las leyes 23.928 y 25.561 (causas B. 49.193 bis, "Fabiano", sent. de 2-X-2002; Ac. 86.304, "Alba", sent. de 27-X-2004; L. 86.189, "Correa", sent. de 29-VIII-2007; L. 92.958, "Da Silva", sent. de 3-VI-2009; L. 99.604, "Hoffstetter", sent. de 14-VII-2010; L. 95.729, "Cowan", sent. de 27-IV-2011; L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 100.635, "Berón", sent. de 30-XI-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012; L. 116.518, "Grandelmeier", sent. de 16-VII-2014; L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015; e.o.; CSJN Fallos: 333:447, causa M.913.XXXIX, in re "Massolo, Alberto J. c/ Transporte del Tejar S.A.", sent. de 20-IV-2010).
Lo señalado basta para admitir la impugnación y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto empleó la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01 para actualizar el capital de condena, tal como lo hiciera en la causa L. 118.496, "Arado", sentencia de 4-VII-2018, donde acompañé -en lo que acá importa- el voto del doctor Genoud.
IV. Por lo expuesto, entiendo que ha de hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia con arreglo a lo expuesto anteriormente. En consecuencia, los autos se devolverán al tribunal de grado para que, debidamente constituido, determine el monto que corresponda de conformidad con las restantes constancias de autos.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Concuerdo con mi distinguido colega doctor de Lázzari en que el medio extraordinario de impugnación deducido debe prosperar.
Las directrices que emanan de la doctrina legal de este Tribunal forjada en un caso análogo al presente, en concreto, de lo resuelto en la causa L. 118.496, "Arado", sentencia de 4-VII-2018, que aunque sobreviniente a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso corresponde aplicar (causa L. 119.183, "Sosa", sent. de 17-V-2017), me conducen a compartir la solución que el ponente eleva a este acuerdo.
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la propuesta decisoria del doctor de Lázzari a tenor de los fundamentos que expuse en el antecedente L. 118.496, "Arado", sentencia de 4-VII-2018, análogo al presente, que doy por reproducidos por motivos de brevedad.
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con los alcances que surgen de la presente. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen de conformidad con lo dispuesto en el punto IV del voto emitido en primer término.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/07/2020 17:18:09 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 24/07/2020 10:11:44 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 24/07/2020 15:27:59 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 26/07/2020 14:09:50 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 27/07/2020 13:11:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia