Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121786
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto III.5. del voto inaugural. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas se imponen en el orden causado, atento el modo en que se resuelve la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.786, "Ortellado, Roberto Federico contra Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento judicial de Mercedes, acogió parcialmente la demanda promovida, imponiendo las costas a la accionada vencida (v. fs. 404/420 vta.).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 426/434).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de origen declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.432 por modificar el régimen arancelario para abogados regido por el derogado decreto 8.904/77 (sobre cuya base fijó los estipendios de los profesionales que intervinieron en el trámite), al juzgar que éste corresponde a la órbita legal exclusiva y no delegada de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 419 y 422 vta.).
A su vez, emplazó a la demandada a depositar el íntegro importe de la liquidación a practicarse (art. 48, ley 11.653), dentro del término de tres días de quedar consentida o ejecutoriada la sentencia (art. 163 inc. 7, CPCC), bajo apercibimiento de ejecución, imposición de nuevos intereses y capitalización de los devengados, sin perjuicio de posibles reajustes si así fuera necesario para preservar el poder adquisitivo (v. fs. 420).
II. Contra dicho pronunciamiento, la letrada apoderada de la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 426/434).
II.1. En primer lugar, objeta que el tribunal de grado no aplicara el art. 505 del Código Civil -conforme la redacción de la ley 24.432-, considerando transgredida la doctrina de esta Corte sentada en la causa L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005).
Refiere que el porcentaje de las costas excede claramente el límite establecido en la norma citada.
II.2. Asimismo, cuestiona que se le emplace a depositar el importe íntegro de la liquidación dentro del exiguo término de tres días de quedar consentida o ejecutoriada la sentencia dictada, cuando -sostiene-, la nueva regulación procesal en materia contencioso administrativa prevé sesenta días para el cumplimiento.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Liminarmente, se advierte que el veredicto y la sentencia carecen de firma de actuario.
Aun cuando la ausencia de firma del secretario en el veredicto -omisión que como dije se reitera en la sentencia (v. fs. 408 vta., 409 y 419 vta./420 vta.)- constituyen falencias de forma (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009) que no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento, no pasan inadvertidas en el marco del adecuado servicio de justicia al que debe propenderse.
III.2. Expuesto ello, habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Inicialmente, cabe resaltar que -como lo admite el propio recurrente- en la especie el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, de modo que el tratamiento del remedio procesal deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la competencia de revisión queda acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal de esta Suprema Corte, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010; L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013 y L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013.).
III.3. Sin embargo, las interdicciones vinculadas a la summa gravaminis resultantes del régimen procesal local no se aplican cuando, como en la especie, el tema encierra una cuestión federal como lo es la constitucionalidad de la reforma introducida por la ley 24.432 a los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, correspondiendo en ese supuesto darle curso a la impugnación por ante esta Corte, a fin que la recurrente pueda eventualmente acceder al remedio federal (art. 14 inc. 1, ley 48; CSJN Fallos: 308:490; 311:2478; causas L. 90.223, "Collado", sent. de 28-V-2010; L. 100.635, "Berón", sent. de 30-II-2011; L. 103.103, "Lazarte", sent. de 11-V-2011 y L. 97.703, "Vega", sent. de 22-VI-2011).
III.4. Se impone precisar que el art. 8 de la ley 24.432 -aplicable en el ámbito provincial- establece una limitación respecto del alcance de la responsabilidad por las costas (25% del monto de condena, laudo o transacción), y no sobre los honorarios profesionales que resulta un capítulo dentro de ese rubro, más no el único (causa L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011).
Entonces, la normativa en cuestión no se refiere ni modifica en modo alguno el procedimiento con el que se conducen los juicios. La disposición está dirigida a la responsabilidad del deudor, a la extensión con la que debe indemnizar los gastos hechos por su acreedor para forzar el cumplimiento de la obligación, lo que es un tema típico del derecho de fondo.
Consecuentemente, no existe imposibilidad de regular los honorarios por los trabajos profesionales conforme a las disposiciones locales, sino que frente al actual articulado legal, se infiere una cuestión de medida respecto del porcentual posible de afectación al deudor, en lo vinculado a su deber de reparación integral con consecuencias razonables para éste, ya que su responsabilidad por las costas estará acotada a parámetros coherentes con el carácter accesorio que éstas representan (causas L. 73.148, "Sciandra" y L. 75.196, "Santillán", sents. de 12-III-2003 y L. 117.286, "Rodríguez", sent. de 17-VII-2015).
III.5. A tenor de lo expuesto, corresponde revocar el fallo en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.432 con los alcances ya expresados y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, teniendo en cuenta los lineamientos de la doctrina legal transgredida, así como también lo normado por el art. 330 de la ley 10.397, dicte nuevo pronunciamiento observando los límites fijados por el legislador nacional, de modo tal que la responsabilidad de la codemandada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de la condena impuesta a su parte.
III.6. Finalmente, en el estrecho marco de revisión señalado, el restante agravio no puede tener cabida en tanto la doctrina legal traída por la impugnante ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, su invocación es ineficaz a los fines pretendidos por la recurrente (causas L. 100.582, "Rimoli", sent. de 30-XI-2011; L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012; L. 109.862, "Vallejos", sent. de 26-IX-2012 y L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015).
Por último, es dable recordar que no constituye doctrina legal la derivada de jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 93.147, "Facorro", sent. de 14-IV-2010; L. 99.703, "Romero", sent. de 17-VIII-2011; L. 100.692, "Gallego", sent. de 21-XII-2011 y L. 106.554, "Lofiego", sent. de 14-III-2012).
IV. Con el alcance expresado, corresponde admitir parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Costas por su orden, atento el modo de resolver (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Genoud.
Sólo he de señalar que, en aquello vinculado con lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.432, lo hago, en virtud de la opinión que brindé en las causas L. 89.979, "Saucedo", sentencia de 16-IV-2088; L. 98.065, "Cejas", sentencia de 3-V-2012 y L. 118.411, "Scatorccio", sentencia de 21-XI-2018.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud, y remito -en lo que resulte pertinente- a los argumentos que hube de exponer al emitir mi voto en la causa L. 74.119, "Hait", sentencia de 11-VIII-2010 y a lo resuelto en autos L. 117.286, "Rodríguez", sentencia de 17-VII-2015, oportunidad esta última en la que también suscribí la opinión de mi distinguido colega.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Genoud, señalando que la propuesta decisoria de revocar la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432 se condice con mi posición en la causa L. 118.411, "Scatorccio" (sent. de 21-XI-2018), a la cual remito por razones de brevedad.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto III.5. del voto inaugural. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas se imponen en el orden causado, atento el modo en que se resuelve la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/07/2020 20:27:44 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 03/08/2020 11:08:10 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 03/08/2020 14:10:37 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 04/08/2020 12:47:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2020 15:32:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia