Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124253
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido denegados en casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda promovida por María Graciela Ramírez contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, prestaciones en especie previstas en la ley 24.557 y la reparación integral reclamada con sustento en el derecho civil. La acogió en cambio, en relación al reclamo de las prestaciones dinerarias en el marco del régimen especial consagrado en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 272/281 y vta.).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravios, juzgó que, si bien -en el caso- la pasantía educativa de la actora excedió el plazo prescripto por el artículo 13 de la ley 26.427, no se probó la conversión como contrato laboral por tiempo indeterminado con aplicación de las prescripciones de la ley 20.744. Por otro lado, tampoco se han verificado los presupuestos fácticos de la responsabilidad subjetiva y objetiva para la procedencia de una reparación integral en los términos del derecho común. Finalmente, y en atención a que las labores realizadas para la demandada incidieron en un 30% a generar la minusvalía que presenta la accionante, juzgó que el daño debía ser indemnizado en el ámbito de la ley especial.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 298/310), concedidos por el tribunal actuante a fs. 312/313, el segundo de ellos en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653. Habiéndose conferido vista al Procurador General a fs. 316 (v. dictamen de fs.317/319).
III. En la primera de las vías intentadas, con apoyo en lo normado en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, afirma que el sentenciante de mérito omitió el tratamiento de cuestiones esenciales, entre ellas, que las tareas que prestó la actora en calidad de pasante, constituyeron una actividad que pueda ser reconocida como una experiencia de valor pedagógico en los términos del art. 2 de la ley 26.427. Asimismo, asegura que tampoco se abordó en el fallo, los factores de atribución de responsabilidad objetiva contractual y extracontractual en los términos del derecho común. Finalmente, alega como preterida la aplicación al caso del ajuste por índice RIPTE a los pisos de la reparación tarifada prevista en la ley 24.557.
III.1. Coincidiendo con el dictamen del señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad no puede prosperar.
De modo liminar, corresponde señalar que el remedio previsto en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. Cit.; causas L. 112.429, "Casajus", resol. de 26-X-2010; L. 113.715, "Berrozpe", resol. de 6-IV-2011; L. 116.587, "Figueroa", resol. de 1-VIII-2012 y L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018).
En el caso, no se advierten configuradas ninguna de las mencionadas causales habilitantes del carril extraordinario de nulidad deducido, desde que las cuestiones que se refieren preteridas han sido expresamente abordadas por el sentenciante de grado, importando la réplica la imputación de típicos errores in iudicando , ajenos al carril intentado (causas L. 87.056, "Heugas", sent. de 27-III-2008; L. 108.824, "Hospital", resol. de 2-XII-2009 y L. 120.506, "Sucesores de Angel Salva y Lunardino Hilda Elba y otro", resol. de 15-XI-2017).
En efecto, para el juzgador de grado, las circunstancias fácticas acreditadas en autos resultaron insuficientes para provocar una modificación de la naturaleza de la vinculación (pasantía educativa) por la cual la accionante ingresó a la administración pública provincial (v. sent., fs. 278/279). Además, para el a quo tampoco se probó que el daño en la salud de la actora guarde relación causal o concausal con el riesgo o vicio de cosa alguna de propiedad o guarda de su empleador; o con un obrar negligente o culposo de éste (v. vered. fs. 275/276 y sent. fs. 279 y vta.). Finalmente, teniendo en consideración la primera manifestación invalidante de la dolencia que presentó Ramírez, juzgó inaceptable la aplicación al caso del denominado índice Ripte a la condena dineraria impuesta en el marco de la ley 24.557 (v. sent. a fs. 279 vta.)
En tal sentido, la improcedencia de la vía elegida se exhibe nítida ni bien se repara en que por su conducto se pretende cuestionar, en rigor, la forma en que el juzgador de origen resolvió la controversia, y bien es sabido que no corresponde, en el ámbito del recurso extraordinario en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto jurídico de la decisión, pues ello es materia propia de la vía prevista en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 118.432, "Bordon", resol. de 17-XII-2014; L. 114.078, "Huidobro", resol. de 6-V-2015 y L. 118.805, "Ramírez", resol. de 10-VI-2015).
IV. En su recurso de inaplicabilidad de ley, la parte actora relata los antecedentes de la causa, cita las normas y doctrina que considera transgredidos. Afirma que el tribunal efectuó una interpretación errónea de la doctrina legal de esta Corte en materia cosa riesgosa. Entiende, al respecto, que las tareas prestadas por la actora implicaban un riesgo de padecer daños en sus miembros superiores a causa de los gestos repetitivos de su labor.
IV.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Nuñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.474, "Martín", resol. de 8-VIII-2012 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
IV.2. Sentado lo que antecede, corresponde destacar que la recurrente pretende prescindir del límite económico en la restricción de la admisibilidad (art. 278, CPCC) a la luz de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Strada" (Fallos: 308:490), entre otras. Sin embargo, el tenor del planteo ensayado por la interesada no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal (art. 14, ley 48; causas L. 109.338, "Santillán", resol. de 23-XII-2009 y L. 117.172, "Corvalán", resol. de 5-IV-2013). Por el contrario, su embate se relaciona a la apreciación de los hechos y las pruebas, como así también de interpretación y aplicación del derecho común y procesal local, resultando ajeno a la vía establecida en la citada norma (causas L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009 y L. 121.039, "Juncos", resol. de 27-IX-2017; CSJN Fallos: 310:1545; 325:2192, 1145).
IV.3. Realizado entonces el examen conforme los lineamientos enunciados, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las doctrinas que se invocan como violadas -además de haber sido elaboradas sobre presupuestos fácticos disímiles a los del caso en juzgamiento- se hallan relacionadas a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la interpretación y valoración de las constancias de la causa y a la configuración -o no- de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios fundada en las normas del derecho común, resultando en consecuencia inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 105.399, "G., S.", sent. de 14-III-2012; L. 102.278, "S., J.", sent. de 15-VIII-2012 y L. 118.965, "Martínez", resol. de 25-X-2015).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido denegados en casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2020 17:54:45 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 18:58:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 19:48:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2020 17:39:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 08:19:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia