Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123557
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790).
2Anular de oficio la decisión de fs. 342 y vta. (art. 168, Const. prov.), y remitir la causa al tribunal de origen para que, con renovada integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653).
I. En el caso, el señor Jorge Darío Esquivel, promovió acción por enfermedad profesional contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (v. fs. 36/70) ocasión en la que manifestó la imposibilidad de iniciar el trámite administrativo previo ante la Comisión Médica correspondiente, ante las circunstancias fácticas que denunció (v. fs. 36 vta./40).
Previo a correr el pertinente traslado, el Tribunal de Trabajo n° 3 de Avellaneda, declaró la validez constitucional de la ley 14.997 y del art. 1 de la ley 27.348, que instaura -de modo complementario sobre la Ley de Riesgos del Trabajo- la intervención de la señalada instancia administrativa previa, de carácter obligatoria y excluyente de toda otra (v. fs. 73/77).
Más adelante, la parte actora se presentó en los términos de lo normado en el art. 363 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 63, ley 11.653) y denunció -como hecho nuevo- que la Comisión Médica n° 371 de Lanús tomó nota del rechazo de la enfermedad profesional cursado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, labrando el expediente administrativo que indicó, dando cuenta de la imposibilidad de iniciar el trámite administrativo previo exigido por la señalada ley nacional 27.348 (v. presentaciones electrónicas de fecha 17 de septiembre y 22 de noviembre de 2018).
Finalmente, el tribunal laboral, ante lo alegado por la parte actora, revocó por contrario imperio lo resuelto en torno a la validez constitucional de aquel régimen y ordenó dar el correspondiente traslado de la acción (v. fs. 342 y vta.).
II. Corrido aquel traslado, se presentó la citada aseguradora de riesgos del trabajo, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley frente al pronunciamiento obrante a fs. 342 y vta. (v. fs. 345/357) y, en lo que interesa destacar, de modo subsidiario, contestó la acción (v. fs. 358/383).
A su turno, el a quo denegó el remedio extraordinario intentado, oportunidad en que juzgó que el pronunciamiento impugnado no goza del carácter de definitivo a los fines de habilitar la instancia de casación (v. fs. 391), dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. fs. 521/525 y vta.).
En sustancia, con cita expresa de las normas constitucionales y doctrina legal que individualiza, invoca arbitrariedad manifiesta por apartamiento de las reglas de orden público que rigen el debido proceso. En tal sentido, entiende que, en el presente, debe equipararse a definitivo el pronunciamiento impugnado en la instancia anterior en grado. Invoca configurado en el sub lite un caso constitucional y cuestión federal.
III. La queja prospera.
III.1. Al respecto, de modo liminar, corresponde recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que los remedios extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquellas que, recayendo sobre el asunto principal del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis, haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; causas L. 116.761, "Ibarra", resol. de 4-VII-2012; L. 116.905, "Juárez", resol. de 17-X-2012 y L. 119.452, "Tristán", resol. de 29-XII-2015).
No obstante, también ha sostenido que a aquella categorización se agregan las decisiones que causen un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, las que se entienden como equiparables a definitivas (causas Ac. 100.383, "Apolo Fish S.A.", resol. de 11-III-2009; L. 111.127, "Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Ltda.", resol. de 30-VI-2010; L. 114.180, "Geza", resol. de 18-IV-2011 y L. 121.952, "Mourglia", resol. de 2-V-2019).
En consecuencia, dadas las particulares circunstancias, corresponde destacar que la decisión cuestionada, en el contexto señalado resulta equiparable a definitiva, desde que resuelve sobre cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior (causa L. 122.806, "Rollini", resol. de 14-VIII-2019).
III.2. En ese marco conceptual, visto que la decisión bajo censura importa la revocación de aquella otra que resuelve en la presente litis una cuestión esencial, se advierte que carece de la formalidad de acuerdo y voto individual de los magistrados intervinientes, lo que, en el caso, constituye transgresión a la cláusula del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cuyo cumplimiento resulta ineludible, correspondiendo su anulación oficiosa por esta Corte (causas L. 112.717, "Lasala", resol. de 30-III-2011; L. 117.364, "Coliqueo", resol. de 12-VI-2013; L. 120.805, "Gatica Estropio", resol. 13-IX-2017 y L. 121.952, "Mourglia", resol. de 14-VIII-2019).
IV. En atención a lo dicho, carece de virtualidad el análisis de los restantes agravios traídos en la queja que se provee.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790).
2. Anular de oficio la decisión de fs. 342 y vta. (art. 168, Const. prov.), y remitir la causa al tribunal de origen para que, con renovada integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", Resol. 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2020 15:49:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 16:42:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2020 18:58:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 20:43:46 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2020 11:10:23 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia