Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124685
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Lanús condenó, solidariamente, a la Municipalidad de Lanús y a Provincia ART S.A. a abonar a Irma Ana D'Agosto, Ana Rita Knaupe y Walter Enrique Knaupe (sucesores herederos de Atilio Enrique Knaupe trabajador fallecido durante el curso del proceso) la suma que especificó en concepto de indemnización laboral por reparación integral por daño material y moral con fundamento en el anterior Código Civil (v. fs. 852/884 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta materia de agravio, tuvo por probada la relación de causalidad entre la forma y modo en que el trabajador realizaba las labores, las patologías que presentaba y el grado de la incapacidad atribuibles a dichas dolencias. Asimismo, consideró acreditada la responsabilidad civil de la codemandada Municipalidad de Lanús, en los términos del art. 1.113 del anterior Código Civil.
Por otro lado -en lo que interesa destacar- juzgó que la Aseguradora también resultó responsable, en los términos del derecho común, por la omisión del cumplimiento de las obligaciones que, en materia de seguridad y prevención, le impone la Ley de Riesgos del Trabajo, y porque su conducta devino en condición necesaria en el daño que padeció el trabajador Knaupe.
II. Frente a lo así resuelto, la codemandada Provincia ART S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-III-2019), concedido por el a quo a fs. 928/929.
En su presentación, denuncia absurdo, violación del principio de congruencia y de la cosa juzgada, indicando las normas y la doctrina legal que considera conculcadas.
En lo esencial, objeta la decisión del tribunal actuante entendiendo que, al condenarlo solidariamente conforme al Código Civil, modificó los términos en que quedó trabada la litis. Sostiene que el objeto del reclamo que formuló el accionante a su parte, estuvo dirigido, solamente, a la reparación tarifada de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Por otro lado, también cuestiona la condena impuesta en los términos del art. 1.074 del anterior Código Civil, afirmando que no se han acreditado los presupuestos para su procedencia.
III. El recurso intentado no prospera.
III.1. En primer lugar, vale recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que la tarea de interpretar los escritos constitutivos del proceso, y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 99.910, "López de Armentía", sent. de 21-XII-2011; L. 99.441, "Batista", sent. de 27-VI-2012 y L. 121.274, "Walton", resol. de 6-XII-2017).
En el caso, la recurrente no sólo no evidencia en forma cabal de qué modo se habría quebrantado la congruencia, sino que omite individualizar las normas adjetivas que la receptan (causas L. 113.611, "Guzmán", resol. de 30-III-2011 y 117.540, "Sangronis", resol. de 30-X-2013), lo que demuestra la manifiesta orfandad argumental de la impugnación.
Además, sabido es, que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que bajo la denuncia de transgresión al citado principio, manifiesta su desacuerdo con respecto a la interpretación de los términos de los escritos constitutivos, pero no demuestra la existencia de un razonamiento absurdo (causas L. 116.966, "García", resol. de 19-XII-2012; L. 118.686, "Pérez Staracci", resol. de 26-VIII-2015 y L. 121.315, "Macheroni", resol. de 11-VII-2018), tal como sucede en la especie.
III.2. Igualmente insuficiente es el reproche dirigido a cuestionar la adjudicación de responsabilidad en los términos del art. 1.074 del anterior Código Civil.
De modo preliminar, esta Corte ha declarado que determinar si la aseguradora de riesgos del trabajo ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, es una cuestión privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 110.773, "Asencio", sent. de 13-XI-2012; L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013 y L. 119.327, "Ramírez", resol. de 22-XII-2015).
En el caso, la impugnante no cumple con la misma. En efecto, la interesada no concreta una réplica idónea que desvirtúe el esencial razonamiento del sentenciante de grado, para quien, la aseguradora de riesgos de trabajo incumplió los deberes a su cargo de seguridad, prevención y control de riesgos, asesoramiento, asistencia técnica y capacitación y, sobre dicha plataforma concluyó verificados, los presupuestos de responsabilidad civil del art. 1.074, del Código Civil de Vélez Sarsfield.
Siendo ello así, se advierte que la argumentación del recurrente exhibe, en rigor, un reproche que tan solo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.825 "Narváez", sent. de 6-XI-2013; L. 119.327 "Ramírez", cit.; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/09/2020 17:06:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/09/2020 22:18:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2020 09:50:51 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2020 10:04:03 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2020 11:31:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia