Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120352
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.352, "Tecles, Ana María contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Pettigiani, de Lázzari, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 187/194).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 201/207 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Ana María Tecles y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de diferencias adeudadas en la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, en el veredicto, juzgó demostrado que la actora, como consecuencia de las tareas docentes que desempeñara para la demandada, padece una disfonía funcional irreversible que le genera una incapacidad del 20% del índice de la total obrera (v. fs. 187); también, que percibió la suma de $23.027,59 "en concepto de prestación dineraria" (v. fs. 187 vta.).
A su vez, tuvo por acreditado que el valor mensual de su ingreso base -considerando la totalidad de los haberes brutos que integraban las liquidaciones cuando recibió ese importe- ascendió a $5.769,32 (v. fs. cit.).
Ya en la sentencia, el a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, por juzgar que en el caso la aplicación literal de dicha norma -en cuanto incluye para el cálculo respectivo únicamente a las remuneraciones devengadas durante el año anterior a la primera manifestación invalidante- se encontraba "reñida con el principio de razonabilidad de las leyes (art. 28 Constitución Nacional) y el deber de reparar el daño injusto (art. 19 de la Constitución Nacional)", atento a la importante diferencia económica resultante de computar el ingreso base de la accionante teniendo en cuenta la fecha de la primera manifestación invalidante ($1.671,09), y hacerlo, en cambio, considerando el momento en que la indemnización fue abonada ($5.769,32). Sostuvo que los resarcimientos de este tipo debían valorizarse a la época en que debieron ser pagados, esto es, cuando se produce la mora y, consecuentemente, pueden aplicarse intereses (v. fs. 190 vta.).
Asimismo, con apoyo en distintos fallos de la Corte nacional, señaló que la indemnización especial de los daños laborales debía -al menos- alcanzar a cubrir la pérdida de ganancias provocada por el infortunio, y que la aplicación literal de lo dispuesto en la mentada norma conducía a un resultado reparatorio irrazonable, que no podía considerarse representativo de la real pérdida de ganancia de la trabajadora (v. fs. cit.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 1, 17, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 7 y 10 de la ley 23.928 y 12 de la ley 24.557.
Se agravia, porque el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo y consideró para calcular el valor mensual del ingreso base, todos los conceptos percibidos en el año anterior a la fecha del pago de las prestaciones dinerarias (v. fs. 204).
Explica que dicha norma alude sin ambages a las doce remuneraciones anteriores a la primera manifestación invalidante y también a remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones (v. fs. 204 y vta.).
Señala que el juzgador solamente tuvo en cuenta el mero transcurso del tiempo entre la fecha de la denuncia y el dictamen de la Comisión Médica, sin meritar que, durante ese período, se otorgaron prestaciones en especie (v. fs. cit.).
Sostiene que la descalificación constitucional de una norma legal no puede estribar en una mera conveniencia económica y no estar sustentada en argumentos contundentes (v. fs. 205).
Añade que la decisión cuestionada infringe, además, "lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, en la medida que el objetivo evidente del a quo fue el de mantener el poder adquisitivo de la moneda" (fs. cit.).
A su vez, indica que los conceptos no remunerativos (como: incentivo docente, material didáctico o asignación familiar) surgen cabalmente de los recibos agregados a la causa, y no debieron ser considerados por el sentenciante porque son adicionales o beneficios sobre los que no se efectuaron descuentos destinados al sistema previsional (v. fs. 206).
En definitiva, concluye que, en autos, no existe infracción constitucional alguna ya que la dependiente tuvo acceso a una remuneración justa y la mentada norma deviene válida, vigente y aplicable al sub lite (v. fs. 207).
III. El recurso no prospera.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Luego, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -conf. art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010-), lo cierto es que el presente recurso debe rechazarse toda vez que en él se plantean agravios desestimados por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016 y L. 118.403, "Bruch", sent. de 21-VI-2017). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el apartado III.1. de su voto.
I.2. El hecho de que, en autos, se haya controvertido la declaración de inconstitucionalidad de una norma por parte del tribunal a quo, hace que el valor del litigio deba considerarse como de monto indeterminado a los fines del art. 278 del ordenamiento procesal mencionado (causas Ac. 95.699, "Provenzano", resol. de 18-IV-2007; Ac. 100.245, "Barrera", resol. de 31-X-2007 y Ac. 102.828, "Yungblut", resol. de 18-VI-2008).
I.3. Luego, considero que la impugnación traída, en cuanto está referida a la forma en que se ha de computar el ingreso base mensual, debe rechazarse. Esta Suprema Corte, en distintas oportunidades, al desestimar recursos presentados por el Fisco provincial declarando su insuficiencia, ha censurado precisamente aquella parte de la norma donde se establece que, para computar el ingreso base mensual, deben tomarse en cuenta los "doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante" (v. causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016 y L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016; e.o.), confirmando -también- pronunciamientos de grado que dispusieron un período computable distinto, más cercano en el tiempo, con el objeto de resguardar cualquier desajuste o desvalorización que pudiera provocarse respecto de la prestación dineraria debida a la víctima del infortunio laboral o sus derechohabientes.
II. Por todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:15:39 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:37:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 12:23:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2020 18:34:34 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2020 10:33:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 13:58:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia