Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120986
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.986, "Córdoba, Noelia Beatriz contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 208/220 vta.).
Se dedujo, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 223/225 vta.), el que, denegado por el juzgador de grado (v. fs. 226 y vta.), fue concedido por esta Corte (v. fs. 256/257 vta.) al resolver la queja interpuesta (v. fs. 248/251 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Noelia Beatriz Córdoba y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de diferencias adeudadas en concepto de prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más los intereses calculados según la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia".
Para así decidir, juzgó demostrado que la actora, como consecuencia de las tareas docentes que desempeñara para la demandada, padece una disfonía funcional irreversible que le genera una incapacidad del 18,5% del índice de la total obrera y que, como consecuencia de ello, percibió en dos pagos por parte de la aseguradora Provincia ART S.A. la suma total de $130.514,89 (v. vered., fs. 208/209).
A la hora de resolver, en lo que aquí interesa -con apoyo en la doctrina y jurisprudencia que cita-, consideró que le asistía razón a la parte actora en cuanto a que correspondía incluir en la base de cálculo de la indemnización reclamada los rubros denominados "incentivo docente" y "bonificaciones no remunerativas docentes", en tanto estos eran percibidos con normalidad y habitualidad (v. fs. 213).
Además, a partir del análisis del art. 1 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y por aplicación del principio de primacía de la realidad reconocido en el art. 39 de la Constitución provincial, sostuvo que no había dudas de la naturaleza salarial de dichos conceptos.
Manifestó que, en el caso, al estar en juego cuestiones tuteladas por el orden público laboral, el carácter remuneratorio -o no- de una determinada prestación que percibe el trabajador en el marco de una relación laboral depende de su propia naturaleza, sin que ella pueda ser válidamente alterada por la denominación que le asignen las partes, una negociación colectiva o normas estatales (v. fs. 214).
Señaló que, más allá de lo alegado por la demandada -quien sostuvo que, en su carácter de empleadora pública, no se encontraba alcanzada por el art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo-, los rubros "incentivo docente" y "bonificaciones no remunerativas docentes" debían considerarse parte integrante del salario que percibía la accionante. Ello así, por cuanto -manifestó- las garantías que protegen la intangibilidad del salario no encuentran apoyo únicamente en aquella norma, sino también en el propio art. 14 bis de la Constitución nacional y el citado Convenio n° 95 (art. 2.1).
Sobre la base de estas premisas, consideró que no existían dudas de que los rubros en cuestión debían ser computados en el ingreso base.
Por otro lado, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en tanto, al establecer que corresponde tomar los haberes percibidos durante el año anterior a la primera manifestación invalidante (16 de abril de 2012) -en lugar de hacerlo teniendo en cuenta el salario devengado a la fecha en la que la indemnización fue abonada (diciembre de 2013)-, genera una diferencia económica notoria e importante que conduce a un resultado indemnizatorio irrazonable y no representativo de la pérdida de ganancia del trabajador.
En tales condiciones, calculó la prestación por incapacidad parcial permanente en la suma de $213.077,41 ($11.701,58 x 53 x 18,5% x 65/35; v. sent., fs. 217 vta.).
A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en dicho régimen legal, condenando a la Provincia de Buenos Aires a abonar a la actora el importe de $82.562,52, resultante de deducir la suma ya percibida (v. sent., últ. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la letrada apoderada de la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 12 de la ley 24.557; 7 y 10 de la ley 23.928.
Cuestiona que el tribunal de grado haya descalificado constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557 y calculara el ingreso base mensual considerando los salarios percibidos por la actora a la fecha en que la indemnización fue pagada.
Señala que el fundamento de la inconstitucionalidad de una norma no puede ser confrontado en función de una mera conveniencia económica. Expresa que dicha fundamentación -sustentada en el mero transcurso del tiempo entre la fecha de denuncia de la afección ante la aseguradora y la de pago de la prestación dineraria- es una típica afirmación dogmática, que no se hace cargo de las circunstancias concretas de la causa ni aporta razones a ella referida.
Manifiesta que la decisión de computar una remuneración actualizada resulta contraria a lo establecido en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928.
III. El recurso no prospera.
El cuestionamiento dirigido a impugnar la invalidez del art. 12 de la ley 24.557 y por su conducto, la determinación del valor del ingreso base mensual que sirviera de base para la estimación de la diferencia en la prestación dineraria por incapacidad permanente parcial debe rechazarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.094, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-VI-2016; L. 119.497, "Victoriano", sent. de 17-V-2017; L. 118.403, "Bruch", sent. de 21-VI-2017 y L. 120.088, "Di Ponio", sent. de 5-XII-2018). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El hecho de que, en autos, se haya controvertido la declaración de inconstitucionalidad de una norma por parte del tribunal a quo, hace que el valor del litigio deba considerarse como de monto indeterminado a los fines del art. 278 del ordenamiento procesal mencionado (causas Ac. 95.699, "Provenzano", resol. de 18-IV-2007; Ac. 100.245, "Barrera", resol. de 31-X-2007 y Ac. 102.828, "Yungblut", resol. de 18-VI-2008).
I.2. Luego, considero que la impugnación traída, en cuanto está referida a la forma en que se ha de computar el ingreso base mensual, debe rechazarse. Esta Suprema Corte, en distintas oportunidades, al desestimar recursos presentados por el Fisco provincial declarando su insuficiencia, ha censurado precisamente aquella parte de la norma donde se establece que, para computar el ingreso base mensual, deben tomarse en cuenta los "doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante" (v. causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016; e.o.), confirmando -en consecuencia- pronunciamientos de grado que dispusieron un período computable distinto, más cercano en el tiempo, con el objeto de resguardar cualquier desajuste o desvalorización que pudiera provocarse respecto de la prestación dineraria debida a la víctima del infortunio laboral o sus derechohabientes.
II. Por todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/09/2020 09:43:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2020 17:01:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/09/2020 18:00:49 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 09:58:50 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/09/2020 20:06:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2020 08:25:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia