Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124782
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, con asiento en la ciudad de Campana, hizo lugar a la demanda promovida por Augencio Fleitas Bogado y condenó a La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (hoy Experta ART S.A.) al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad laboral permanente con fundamento en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 355/369).
Para así decidir, juzgó probado que el actor padece una incapacidad equivalente al 65% del índice de la total obrera, generada por afecciones cervical, lumbar, en hombros, muñecas, hipoacusia perceptiva bilateral y reacción vivencial anormal grado II. Asimismo, concluyó que dicha minusvalía se vincula directamente con los esfuerzos realizados en el trabajo a lo largo de la relación laboral, y con las posiciones constantes que la prestación de los servicios le exigió, como con el ruido existente y los movimientos repetidos y continuados de los hombros, brazos y manos.
II. Frente a lo así resuelto se alza la legitimada pasiva con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 21-VI-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 395.
En su impugnación denuncia absurdo en la interpretación de las pruebas. Concretamente, cuestiona que el tribunal le haya asignado entidad convictiva a la pericia médica, la cual fue impugnada por su parte por carecer de argumentación técnica, así como también por no ponderar la existencia de una denuncia penal contra el profesional interviniente, solicitando se remitan las actuaciones al cuerpo médico departamental.
Por otra parte, impugna la decisión de grado en cuanto no utilizó para el cálculo del porcentaje de invalidez el método de la capacidad restante.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde señalar que esta Corte ha declarado que determinar las tareas desempeñadas por el trabajador, y si existe relación causal o concausal entre éstas y la incapacidad que aquél presenta, así como establecer su porcentual, en tanto constituyen el análisis de las cuestiones de hecho y de la apreciación del material probatorio, resultan atribuciones privativas de los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 117.810, "Sperani", resol. de 20-XI-2014; L. 118.788, "Jaime", resol. de 2-IX-2015; L. 119.785, "Ortigoza", resol. de 29-VI-2016; L. 121.187, "Ponce", resol. de 30-V-2018 y L. 121.641, "Ferreyra", resol. de 5-XII-2018).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
En el caso, el tribunal de grado tuvo por acreditado que los padecimientos incapacitantes del actor han sido provocados, generados o acelerados en relación directa e inmediata con las tareas cumplidas para su empleadora, haciéndolo portador de un déficit incapacitante del 65 % del índice de la total obrera. Asimismo, por otro lado, puntualizó que no correspondía la aplicación en el caso del método de la capacidad restante puesto que las dolencias que presenta el trabajador se manifestaron de manera simultánea y no sucesiva, y que sumadas no superaban el máximo de la capacidad -es decir, el 100%-. Por lo cual, al no existir preexistencia -es decir una capacidad residual previa- o incapacidad anterior, no correspondía partir el cálculo de una capacidad laboral ya disminuida.
III.2.a. Esta esencial conclusión del fallo no logra ser conmovida por la recurrente, que si bien invocan absurdo, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que sus críticas transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que consideran que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017), en tanto sus argumentaciones se disipan en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo . Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 96.707, "De Cenarriaga", sent. de 26-VIII-2009; L. 104.642, "Morgante", sent. de 15-VIII-2012; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 123.382, "Santin", resol. de 11-III-2020).
III.2.b. Asimismo, se impone recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causa L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 119.974, "Cuevas", resol. de 7-IX-2016 y L. 124.091, "Suchetti", resol. de 11-III-2020), vicio que, como se anticipó, no logra ser acreditado.
III.3. Finalmente, cabe señalar que las restantes alegaciones que porta el recurso, dirigidas a objetarle al juzgador el rechazo del planteo de nulidad del informe pericial médico y la omisión de remisión de las actuaciones a la Asesoría Pericial Departamental a los fines de la realización de un nuevo dictamen pericial, en tanto se vinculan a cuestiones preclusas y anteriores a la sentencias, resultan ajenas a la instancia extraordinaria desde que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto el pronunciamiento definitivo, y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causas L. 100.194, "Seibane", sent. de 12-X-2011; L. 111.655, "P., J.S.", sent. de 5-XII-2012; L. 118.591, "Deluca", resol. de 20-V-2015 y L. 121.641, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/09/2020 17:02:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/09/2020 18:40:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 09:52:34 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 10:53:17 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 13:23:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia