Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120296
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.296, "Lazzarini, Cristina Beatriz contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (empleador autoasegurado). Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, de Lázzari, Kogan, Genoud, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs.250/258 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 267/273 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente admitió la demanda promovida por la señora Cristina Beatriz Lazzarini contra la Provincia de Buenos Aires, y en consecuencia, condenó a ésta -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de diferencias en la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, en el veredicto, el a quo juzgó acreditado que la actora, como consecuencia de las tareas de docente que desempeñara para la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, padece una disfonía crónica que le genera una incapacidad del 21% del índice de la total obrera (v. fs. 250). También, que "la remuneración bruta por todo concepto" que percibió en el mes de noviembre de 2012 (fecha del dictamen de la Comisión Médica) ascendió a la suma de $15.094,47 (v. fs. cit.).
Ya en la sentencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en cuanto incluye para el cálculo del valor mensual del ingreso base únicamente a las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, devengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante (v. fs. 252/254).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 1, 17, 28, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo; 7 y 10 de la ley 23.928; y de la doctrina legal que identifica.
Se agravia porque el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo y consideró, para calcular el valor mensual del ingreso base, todos los conceptos devengados en el año anterior a la fecha de pago de las prestaciones dinerarias (v. fs. 270 y vta.).
Explica que dicha norma "alude sin ambages a las doce remuneraciones anteriores a la primera manifestación invalidante [...]; y también a remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones" (fs. cit.).
Señala que el juzgador tuvo en cuenta el mero transcurso del tiempo entre la fecha de la denuncia y el dictamen de la Comisión Médica, sin meritar que la actora, durante ése periodo, percibió las prestaciones en especie (v. fs. cit.).
Sostiene que la descalificación constitucional de una norma legal no puede estribar solamente en la conveniencia económica y no estar sustentada en argumentos contundentes (v. fs. 271).
Añade que la solución adoptada por el sentenciante infringe "además lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, en la medida que el objeto evidente del a quo fue el de mantener el poder adquisitivo de la moneda" (fs. cit.).
Precisa que, en el caso, los conceptos que aparecen en los recibos de la accionante como no remunerativos (esto es: incentivo docente, material didáctico y asignación familiar) no debieron ser contemplados por el tribunal porque son adicionales o beneficios sobre los que no se efectuaron descuentos destinados al sistema previsional (v. fs. 271 vta. y 272).
En definitiva, concluye que, en autos, no existe infracción constitucional alguna ya que la dependiente tuvo acceso a una remuneración justa y la mentada norma deviene válida, vigente y aplicable al sub lite (v. fs. 272 vta. y 273).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -conf. art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010-), lo cierto es que el presente medio de impugnación debe rechazarse toda vez que en él se plantean agravios desestimados por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016 y L. 118.403, "Bruch", sent. de 21-VI-2017). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto a la descalificación constitucional del art. 12 de la ley 24.557.
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en el apartado III.1. de su voto.
I.2. El hecho de que, en autos, se haya controvertido la declaración de inconstitucionalidad de una norma por parte del tribunal a quo, hace que el valor del litigio deba considerarse como de monto indeterminado a los fines del art. 278 del ordenamiento procesal mencionado (causas Ac. 95.699, "Provenzano", resol. de 18-IV-2007; Ac. 100.245, "Barrera", resol. de 31-X-2007 y Ac. 102.828, "Yungblut", resol. de 18-VI-2008).
I.3. Luego, considero que la impugnación traída, en cuanto está referida a la forma en que se ha de computar el ingreso base mensual, debe rechazarse. Esta Suprema Corte, en distintas oportunidades, al desestimar recursos presentados por el Fisco provincial declarando su insuficiencia, ha censurado precisamente aquella parte de la norma donde se establece que, para computar el ingreso base mensual, deben tomarse en cuenta los "doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante" (v. causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016 y L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016; e.o.), confirmando -en consecuencia- pronunciamientos de grado que dispusieron un período computable distinto, más cercano en el tiempo, con el objeto de resguardar cualquier desajuste o desvalorización que pudiera provocarse respecto de la prestación dineraria debida a la víctima del infortunio laboral o sus derechohabientes.
II. Por todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron en el mismo sentido.
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/10/2020 12:45:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/10/2020 18:05:55 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/10/2020 18:10:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/10/2020 20:08:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2020 15:16:52 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2020 08:42:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia