Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119536
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.536, "Pérez, Samuel Maximiliano contra Poder Ejecutivo. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Soria, de Lázzari, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 294/300 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 306/311 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, acogió la acción deducida por Samuel Maximiliano Pérez contra la Provincia de Buenos Aires -en su condición de empleadora autoasegurada- mediante la cual le había reclamado el pago de diferencias derivadas de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 que cuantificó en la suma de $103.997,93 (de la que dedujo el importe de $70.645,70 ya percibido por el trabajador).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor padece disfonía crónica irreversible y, asimismo, que por esa dolencia la Comisión Médica que intervino le otorgó un 18% de incapacidad parcial y permanente, abonándole la suma de $70.645,70 en concepto de reparación, con base en un Ingreso Básico Mensual (IBM) de $3.759,57.
Luego, ponderó que el ingreso base mensual del trabajador al momento en que fue abonada la prestación dineraria (28 de diciembre de 2011) ascendió a la suma de $7.211,73. Tal cifra -expresó el juzgador- surgía de efectuar el cálculo previsto en el art. 12 de la ley 24.557 sobre la totalidad de los haberes brutos del actor; ello, teniendo en cuenta que la empleadora demandada, más allá de expresiones genéricas sólo afincadas en la denominación unilateralmente asignada a ciertos conceptos de pago, no produjo prueba alguna sobre la eventual naturaleza no remunerativa de las sumas abonadas regularmente al actor por su prestación laboral, orfandad que determinaba la improcedencia de excluirlas del cálculo legal (v. vered., fs. 294 y vta.).
Sobre tal base, sostuvo el tribunal que, no cuestionada la viabilidad de la reparación contemplada en la Ley de Riesgos del Trabajo, la cuestión afincaba en determinar el salario computable para su cálculo (v. sent., fs. 296 vta.).
En este sentido, sostuvo inicialmente que si bien el art. 12 de la ley 24.557 alude a los haberes percibidos durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, en el caso la adopción literal de lo normado en dicho precepto se encontraba reñido con el principio de razonabilidad y el deber de reparar el daño injusto (arts. 19 y 28, Const. nac.).
Señaló que de las conclusiones del veredicto surgía la notoria diferencia económica resultante de calcular el ingreso base del actor teniendo en cuenta la fecha de la primera manifestación invalidante y hacerlo, en cambio, tomando la fecha en que la indemnización debió ser pagada. Y que debía tenerse en cuenta que las indemnizaciones de este tipo deben valorizarse a la época en que debieron ser pagadas, y a partir de la cual se produce la mora del deudor y, consecuentemente, pueden aplicarse intereses (v. sent., fs. 296 vta. y 297).
Con apoyo en los precedentes "Ascua" y "Lucca de Hoz" de la Corte Suprema de Justicia nacional, consideró que en autos la aplicación del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo llevaba a un resultado indemnizatorio irrazonable y no representativo de la real pérdida de ganancia del trabajador.
Expresó entonces que -conforme las circunstancias verificadas en la presente- debía declararse la inconstitucionalidad del citado art. 12 apartado 1 de la ley 24.557, por cuanto colisionaba con los arts. 19 y 28 de la Constitución nacional y 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales. Y que ello no debía interpretarse como una forma de actualización reñida con los principios que dimanan de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (conf. art. 4, ley 25.561), toda vez que los plazos contenidos en la ley 24.557 no pueden considerarse en beneficio del deudor y no se advertía en la especie justificación alguna al extenso período que demoró la determinación de la incapacidad del accionante, circunstancia que, obviamente, no podía serle imputada (v. sent., fs. 297 y vta.).
Y destacó que, si en el período que requirió la determinación de la incapacidad del actor y del resarcimiento resultante, éste tuvo una comprobada evolución salarial, su falta de consideración al evaluar la merma de su capacidad laboral implicaba un grosero y palmario menoscabo de su ingreso real.
En consecuencia, estimó justo en el caso utilizar en la fórmula indemnizatoria legal el valor mensual del ingreso base calculado en su promedio -como indica la norma- aunque con referencia a la fecha en que la indemnización fue efectivamente puesta a disposición y abonada (v. sent., fs. 297 vta.).
Luego, con apoyo en precedentes del Superior Tribunal nacional que citó, concluyó que debían incluirse en el cómputo del ingreso base mensual la totalidad de los conceptos abonados por el empleador como contraprestación del trabajo, más allá de la denominación que se les hubiere asignado y de que estuviesen o no sujetos a cotización (v. sent., fs. 298 y vta.).
Finalmente, dispuso aplicar al monto de condena intereses desde su exigibilidad y hasta su efectivo pago, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires mediante el sistema de "Banca Internet Provincia".
II. Contra dicho pronunciamiento, el Fisco provincial interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 306/311 vta.).
II.1. En primer término, cuestiona la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
En ese orden, estructura la crítica partiendo de la premisa que la inconstitucionalidad de la norma que declaró el a quo involucró dos cuestiones: por un lado, la relativa a descartar el cómputo de las remuneraciones devengadas durante el año anterior a la primera manifestación invalidante y, por el otro, la vinculada a incluir en el cálculo del ingreso base mensual los importes de carácter no remunerativo que integraban el salario del actor.
Aduce que lo resuelto le causa gravamen por cuanto se la condena más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente. Agrega que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que la misma sea razonable. Ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica (v. fs. 308).
Refiere que el salario que se toma en cuenta para establecer el monto de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo se calcula considerando la remuneración a la fecha de la primera manifestación invalidante e incluyendo los rubros que determinan la prima que abona el asegurado, y es en función de la relación laboral que el trabajador siniestrado puede demandar el otorgamiento de dichas prestaciones, para lo cual se le exigen determinados requisitos (v. fs. 308).
Concretamente, respecto del período computable para su cálculo, manifiesta que el art. 12 alude a "...los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante..." y que la definición del tribunal en cuanto consideró la remuneración al tiempo del pago de las prestaciones dinerarias -fundando su postura en el mero transcurso del tiempo entre la fecha de la denuncia ante la aseguradora de riesgos del trabajo y el pago de la prestación dineraria, sin tener en cuenta que durante ese período el trabajador recibió prestaciones en especie- resulta una argumentación dogmática que se desentiende de las circunstancias de la causa (v. fs. 308).
Luego, destaca que la norma se refiere a "...remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones..." no contemplando las sumas abonadas como "no remunerativas".
Señala que las notas que definen el carácter remunerativo de un rubro son la habitualidad, regularidad y permanencia, debiendo además estar sujeto a aportes y no ser otorgado exclusivamente en mérito al comportamiento del trabajador o a las circunstancias especiales del mismo (v. fs. 308 vta.).
Señala que en el caso el actor percibió una remuneración en consonancia con la normativa laboral vigente, y que, por ello, no existe infracción a norma constitucional alguna, toda vez que éste tuvo y tiene acceso a una "remuneración justa".
Alega que, por todo lo expuesto, el a quo incurrió en absurdo al descalificar una norma válida, vigente y aplicable al caso (v. fs. cit.).
II.2. En segundo lugar, objeta que el tribunal de grado haya aplicado intereses sobre el capital de condena a la tasa pasiva digital fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, argumentando -sin desconocer lo resuelto en el precedente "Zócaro", aunque alegando que ello se limitó al caso específico- que tal definición se aparta de la doctrina que este Tribunal tiene establecida a partir -entre otros- del precedente C. 101.774, "Ponce", sentencia de 21-X-2009.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -cfr. art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010-), lo cierto es que el cuestionamiento dirigido a impugnar la determinación del valor del ingreso base mensual (art. 12, ley 24.557) que el tribunal de origen efectuó a los fines de cuantificar la prestación dineraria por incapacidad permanente parcial debe rechazarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016; L. 118.403, "Bruch", sent. de 21-VI-2017; L. 120.312, "Barrera", sent. de 7-XI-2018; L. 119.998, "Justo", sent. de 28-XI-2018; e.o.). En consecuencia, debe permanecer incólume este aspecto del pronunciamiento del tribunal de grado.
III.2. Por último, debe desestimarse la objeción planteada en torno a la tasa de interés pasiva, en su variante digital, que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena.
Al respecto, y no sin destacar que -como se indicó- el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC); lo cierto es que en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte, por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha, y muchas otras posteriores), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Se sigue de ello que la decisión adoptada en el presente caso por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte, por lo que corresponde desestimar la réplica también en este tramo (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso no prospera.
II. Adhiero a las consideraciones vertidas por la señora Jueza doctora Kogan en el punto III.1. de su voto y, respecto al agravio dirigido a impugnar la tasa de interés, remito -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente", sentencias de 31-X-2016 -entre otras- pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016) y, a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
III. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso no prospera.
II.1. La interesada dirige su impugnación, en primer lugar, a cuestionar la decisión de los jueces del tribunal de trabajo actuante en cuanto consideraron que el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo resulta inconstitucional en lo concerniente al período computable para el cálculo del ingreso base mensual (doce meses desde la primera manifestación invalidante).
II.1.a. El hecho de que, en autos, se haya controvertido la declaración de inconstitucionalidad de una norma por parte del tribunal a quo , hace que el valor del litigio, con relación a este agravio, deba considerarse como de monto indeterminado a los fines del art. 278 del ordenamiento procesal local (causas Ac. 95.699, "Provenzano", resol. de 18-IV-2007; Ac. 100.245, "Barrera", resol. de 31-X-2007 y Ac. 102.828, "Yungblut", resol. de 18-VI-2008), quedando exento de las limitaciones establecidas por el citado dispositivo legal y el art. 55 de la ley 11.653.
II.1.b. Luego, considero que la impugnación traída referida a la forma en que se ha de computar el ingreso base mensual, debe rechazarse. Esta Suprema Corte, en distintas oportunidades, al desestimar recursos presentados por el Fisco provincial declarando su insuficiencia, ha censurado precisamente aquella parte de la norma donde se establece que, para computar el ingreso base mensual, deben tomarse en cuenta los "doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante" (v. causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016 y L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016; e.o.), confirmando -en consecuencia- pronunciamientos de grado que dispusieron un período computable distinto, más cercano en el tiempo, con el objeto de resguardar cualquier desajuste o desvalorización que pudiera provocarse respecto de la prestación dineraria debida a la víctima del infortunio laboral o sus derechohabientes.
II.2. Por otro lado, la impugnación dirigida a cuestionar el importe del valor mensual del ingreso base que el tribunal de origen estableció para cuantificar la prestación dineraria correspondiente al trabajador por la incapacidad laboral que padece (ahora en razón de los rubros contemplados), no resulta atendible.
Esto es así porque, más allá de la errada afirmación de la recurrente en cuanto a que el tribunal de origen habría invalidado constitucionalmente la norma a fin de incorporar conceptos no sujetos a cotización, la crítica -desde su propia formulación- no involucra ningún tema federal, ya que se trata, en definitiva, de una cuestión de hecho (ausencia de prueba sobre la naturaleza remunerativa de las sumas abonadas al actor) y de la interpretación y aplicación del derecho común (v. vered., fs. 294 y vta.), temas ajenos a la vía establecida en el art. 14 de la ley 48 (causas Ac. 101.951, "Pereira", resol. de 16-IV-2008 y L. 109.466 "Silveiro", resol. de 29-XII-2009).
En consecuencia, la exclusión de la hipótesis que habilita el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 se impone toda vez que la impugnante no denunció violación de doctrina legal alguna al respecto.
II.3. Finalmente, tampoco es de recibo el agravio que contiene el recurso mediante el cual se discute la tasa de interés (pasiva en su modalidad "digital") establecida por el tribunal de grado.
Este cuestionamiento merece una especial consideración a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte -aunque no haya contribuido a su conformación-, a pesar de que a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, como en la causa C. 119.176, "Cabrera", con sentencia de igual fecha (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (ver causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif. y 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal, sentada en las citadas causas y propongo el consecuente rechazo de este aspecto del remedio deducido.
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2020 11:16:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2020 18:32:25 - KOGA
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.