Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119590
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.590, "Romero, José Santiago contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, de Lázzari, Soria .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 356/369).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 378/383 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente admitió la demanda promovida por José Santiago Romero contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía el cobro de diferencias en la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, en el veredicto, declaró acreditado que el actor, como consecuencia de las tareas docentes que desempeñara para la Dirección General de Cultura y Educación, padece una disfonía crónica que le genera una incapacidad del 19% del índice de la total obrera (v. fs. 356). También, que la remuneración bruta total que percibió a la época del dictamen de la Comisión Médica (diciembre de 2010) asciende a la suma de $7.511,24 (v. fs. 356 vta.).
En la sentencia -con sustento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el art. 1 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones-, consideró que correspondía incluir en la base de cálculo de la indemnización reclamada la totalidad de los conceptos abonados por el empleador como contraprestación del trabajo más allá de la denominación que se les hubiere asignado y de que estuviesen o no sujetos a cotización (v. fs. 361/362).
Asimismo, declaró de oficio la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y dispuso que el capital de condena devengaría intereses, desde la fecha de exigibilidad del crédito (2 de diciembre de 2010) y hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa de interés pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en las operaciones de depósito a treinta días, a través del sistema denominado " home banking" (v. fs. 363 vta./364 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 1, 17, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, se agravia porque el tribunal de grado consideró, para calcular el valor mensual del ingreso base, sumas "no remunerativas" (v. fs. 380 vta.).
Señala que el juzgador ha efectuado una interpretación errónea de las normas y los fallos aplicados al caso (v. fs. cit.).
Explica que el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo "alude sin ambages a remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones" (v. fs. 381).
Sobre esa premisa, afirma que los montos que tuvo en cuenta el a quo , por más que sean percibidos en forma habitual y permanente, no forman parte de la remuneración del actor (v. fs. cit.).
II.2. Por otro lado, cuestiona la tasa de interés pasiva digital que se ordenó utilizar en la sentencia (v. fs. cit.).
Sostiene, en lo esencial, que dicha alícuota es una variación que no surge de la doctrina legal de esta Corte -establecida en los precedentes L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009) y L. 92.637, "Sánchez" (sent. de 28-V-2010)- y que, además, duplica a la que debe aplicarse en el caso (v. fs. 381 vta./383).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Inicialmente corresponde señalar que, en lo referido al recaudo del depósito previo, el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), resolvió -por mayoría que integré- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del mentado depósito al Fisco provincial.
III.2. Aclarado ello, cabe destacar que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Acordada 3740/15); razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
III.3. La impugnación dirigida a cuestionar el importe del valor mensual del ingreso base que el tribunal de origen estableció para cuantificar la prestación dineraria por incapacidad laboral parcial y permanente (en razón de los rubros contemplados), no resulta atendible.
En efecto, y no sin destacar que -contrariamente a lo que afirma la recurrente (v. fs. 378 vta./379 vta.)- el embate no involucra ningún tema federal ya que se trata, en definitiva, de una cuestión de hecho y de la interpretación y aplicación del derecho común, temas ajenos a la vía establecida en el art. 14 de la ley 48 (causas Ac. 101.951, "Pereira", resol. de 16-IV-2008 y L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009); la exclusión de la hipótesis que habilita el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 se impone nítida toda vez que la impugnante no denunció violación de doctrina legal alguna respecto del tópico (v. fs. 380 vta. y 381).
III.4. Tampoco es atendible la parcela del recurso destinada a cuestionar la tasa de interés pasiva, en su variante denominada "digital", aplicada por el tribunal de grado al capital de condena.
En la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Por otro lado, por los fundamentos vertidos en el voto mayoritario, a los que me remito en honor a la brevedad, estableció las razones por las cuales no es dable afirmar que los créditos laborales constituyen alimentos stricto sensu , en consideración de posturas asentadas en la naturaleza alimentaria de dichas acreencias (v. voto del colega doctor de Lázzari en los precedentes citados, y éste contrapuesto a su vez a la opinión del doctor Pettigiani en las mismas causas), descartando la aplicación del art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Se sigue de ello, que la decisión adoptada en el presente caso por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal, por lo que corresponde desestimar la réplica también en este tramo.
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar en todas sus partes el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero a lo manifestado por mi distinguida colega doctora Kogan en los puntos III.1., III.2. y III.3.
II. Por otra parte, comparto la propuesta decisoria de la colega que abrió el acuerdo con relación al agravio referido a la tasa de interés moratorio que aplicó el sentenciante. Para ello habré de remitirme -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016; e.o.), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
III. En virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Coincido con la doctora Kogan en que el valor de lo que aquí se cuestiona no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Acordada 3740/15) y que, por tal razón, la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653. Tal carga ha sido incumplida por el recurrente por lo que corresponde, sin más, el rechazo de este agravio.
II. El cuestionamiento referido a la tasa a la que se calcularán los intereses devengados merece una especial consideración a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte -aunque, como habré de señalar luego, no haya contribuido a su conformación-, a pesar de que a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
En las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (ver causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
III. En conclusión, también en mi opinión deben desestimarse la totalidad de los agravios planteados por el recurrente; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto en los puntos III.1., III.2. y III.3. del voto de la doctora Kogan.
I.2. Luego, en lo referido a la tasa de interés moratorio comparto la solución a la que arriba la colega ponente, por ser concordante con las consideraciones que brindé al emitir mi sufragio en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), y por adhesión en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016) a las que me remito por celeridad.
II. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2020 18:32:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/10/2020 18:50:04 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2020 18:42:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2020 10:46:26 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2020 11:57:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia