Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120293
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.293, "Skok, Sandra Elizabeth contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Pettigiani, Soria, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 177/189 vta.).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 192/197).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen declaró no controvertido en autos que, como consecuencia de las tareas desarrolladas para la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la docente Sandra Elizabeth Skok padece disfonía funcional irreversible, que -conforme fuera dictaminado por la Comisión Médica interviniente- le provoca una incapacidad laboral del 20,5% del índice de la total obrera (v. vered. primera cuestión, fs. 177).
Destacó que, según surge del aludido dictamen, la primera manifestación invalidante de la contingencia ocurrió el día 23 de agosto de 2010 (v. vered. segunda cuestión, fs. 177 vta.)
Asimismo, tuvo por acreditado que Provincia ART S.A. -en su carácter de administradora del autoseguro del Estado provincial- abonó a la demandante en concepto de prestación por incapacidad permanente, parcial y definitiva (art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557) un monto global de $157.637,89 que fue abonado en dos cuotas, los días 4 de enero de 2013 y 8 de julio de 2014 (v. vered. tercera cuestión, fs. 177 vta. y 178).
En otro orden, el juzgador de mérito tuvo por probado el salario que denunció haber percibido la actora al mes de diciembre de 2012 que, incluyendo los rubros "no remunerativos" asciende a $19.416,88. Ello así, no sólo porque la accionada no denunció un importe diferente, sino también por cuanto pudo corroborarse con los recibos agregados a la causa (v. vered. cuarta cuestión, fs. 178 y vta.).
En la sentencia, en lo que resulta relevante para la resolución de la litis, tras recordar la norma contenida en el art. 1 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y los conceptos vertidos por esta Suprema Corte en los precedentes que cita y por la Corte federal en la causa "Pérez c/ Disco", dispuso que para la determinación del referido ingreso base mensual debían considerarse la totalidad de las remuneraciones brutas percibidas por la actora, es decir: incluyendo los rubros "incentivo docente", "bonificación no remunerativa docente" y "bonificación docente sin aportes" (v. sent., fs. 182/184).
Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557 porque, de tomarse en cuenta los haberes percibidos durante el año anterior a la primera manifestación invalidante ($9.013,60) -en lugar de hacerlo teniendo en cuenta la fecha en la que la parte principal de la indemnización fue abonada ($19.416,88)-, se generaría una diferencia económica notoria e importante que conduce a un resultado indemnizatorio irrazonable y no representativo de la pérdida de ganancia del trabajador (v. sent., fs. 184 vta./186).
A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en dicho régimen legal, condenando al Fisco de la Provincia de Buenos Aires -en su carácter de empleador autoasegurado- a abonar a la actora el importe de $140.463,98, resultante de deducir de la prestación calculada del modo referido (53 x $19.416,88 x 20,5% x -65/46- = $298.101,87), la suma ya percibida (v. sent., fs. 186 vta.).
Finalmente, el juzgador de origen dispuso aplicar al monto de condena intereses desde su exigibilidad y hasta su efectivo pago, conforme la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., fs. 186 vta. y 187).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la transgresión del art. 12 de la ley 24.557 y de la doctrina legal que cita.
Cuestiona que el tribunal de grado haya descalificado constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557 y la forma en que calculó el ingreso base mensual, considerando los salarios percibidos por la actora a la fecha en que la indemnización fue pagada y, a su vez, que incluyera a todos aquellos importes de carácter no remunerativos que integran el haber de la trabajadora.
II.1. Afirma que la norma es clara en cuanto a que el salario se calcula a la fecha de la primera manifestación invalidante e incluyendo los rubros sujetos a aportes y contribuciones, causándole gravamen que se le haga abonar más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente.
Argumenta que no resulta inconstitucional la regulación de las consecuencias derivadas de los riesgos del trabajo a través de una ley especial en la medida que dicho régimen sea razonable. Alega que la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica.
Señala que la argumentación del tribunal -sustentada en el mero transcurso del tiempo entre la fecha de denuncia de la afección ante la aseguradora y la de pago de la prestación dineraria- no contempla las circunstancias concretas de la causa (que durante dicho período, la trabajadora percibió prestaciones en especie; y que el tiempo transcurrido es que el que debía aguardarse a los efectos de evaluar la remisión o no de la dolencia), conteniendo una fundamentación sólo aparente.
Sostiene que el fundamento de la inconstitucionalidad de una norma no puede ser confrontado en función de una mera conveniencia económica. Expresa que dicha fundamentación es una típica afirmación dogmática, que no se hace cargo de las circunstancias concretas de la causa ni aporta razones a ella referida (v. fs. 193/194).
II.2. Manifiesta que el carácter remuneratorio está determinado por la habitualidad, regularidad, permanencia, estar sujeto a aportes y no estar otorgado en mérito al comportamiento del agente o a las circunstancias especiales del mismo -surgiendo dichos conceptos de los recibos de sueldo de la trabajadora agregados al proceso-, lo que torna improcedente el obrar del juzgador de grado.
Alega que los conceptos "incentivo docente", "material didáctico", "asignaciones familiares" y otros rubros que aparecen en los recibos de sueldo de la trabajadora como "no remunerativos" y/o "sin aportes", no debieron ser incluidos para el cálculo del ingreso base mensual toda vez que todos ellos fueron instituidos por normativas y decretos que no fueron oportunamente cuestionadas por la actora. Asimismo, cuestiona el carácter remuneratorio de cada uno de ellos, citando doctrina de esta Corte en apoyo de su postura.
Finalmente, sostiene que la sentencia incurre en absurdo, toda vez que la norma deviene válida, vigente y aplicable al caso (v. fs. 194/196 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Para empezar, se impone señalar que el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resols. de 1-IV-2015; L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resols. de 26-III-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2.a. Aclarado lo anterior, cabe advertir que el tribunal de grado, al analizar la admisibilidad del remedio deducido, afirmó -en decisión que no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte del interesado- que, no superándose el monto exigido para recurrir (art. 278, CPCC), en tanto en él se había denunciado la violación de doctrina legal, cabía concederlo en el marco del supuesto de excepción previsto en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 210).
En estas situaciones, por regla, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo decidido en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015; L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; e. o.).
III.2.b. Sin embargo, en el caso, no puede soslayarse que el agravio dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -respecto del período a tener en cuenta para calcular el ingreso base mensual- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causas L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011; L. 118.483, "Coronel", sent. de 29-III-2017 y L. 119.707, "Flores", sent. de 14-II-2018).
Por consiguiente, dicho agravio habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.3. En este marco, entiendo que el cuestionamiento que gira en torno a la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo debe desestimarse.
Luego, considero que la impugnación traída, en cuanto está referida a la forma en que se ha de computar el ingreso base mensual, debe rechazarse. Esta Suprema Corte, en distintas oportunidades, al desestimar recursos presentados por el Fisco provincial declarando su insuficiencia, ha censurado precisamente aquella parte de la norma donde se establece que, para computar el ingreso base mensual, deben tomarse en cuenta los "doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante" (v. causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016 y L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016; e. o.), confirmando -en consecuencia- pronunciamientos de grado que dispusieron un período computable distinto, más cercano en el tiempo, con el objeto de resguardar cualquier desajuste o desvalorización que pudiera provocarse respecto de la prestación dineraria debida a la víctima del infortunio laboral o sus derechohabientes.
III.4. Por otro lado, la impugnación dirigida a cuestionar el importe del valor mensual del ingreso base que el tribunal de origen estableció -sin declarar la inconstitucionalidad del precepto en cuestión respecto del tópico- para cuantificar la prestación dineraria correspondiente a la trabajadora por la incapacidad laboral que padece (ahora en razón de los rubros contemplados), tampoco resulta atendible.
Esto es así porque la crítica -desde su propia formulación- no involucra ningún tema federal, ya que se trata, en definitiva, de la interpretación y aplicación del derecho común (v. sent., fs. 174/176), temas ajenos a la vía establecida en el art. 14 de la ley 48 (causas Ac. 101.951, "Pereira", resol. de 16-IV-2008 y L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009).
En consecuencia, debiendo resolverse la cuestión en el estrecho marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la exclusión de la hipótesis habilitante se impone nítida, toda vez que las doctrinas que se invocan en el medio de impugnación no guardan correspondencia con las motivaciones del juzgador de grado que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a que mediaron presupuestos de hecho y derecho diferentes a los propios del caso en juzgamiento, razón por la cual su invocación no luce idónea para justificar la denuncia de la violación de doctrina legal (causas L. 91.650, "Cobran", sent. de 22-X-2008; L. 97.413, "Di Filippo", sent. de 26-X-2010; L. 101.320, "Martínez", sent. de 15-XII-2010; L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013; L. 120.095, "Simari", sent. de 18-X-2017 y L. 120.519, "Barbas", sent. de 28-XI-2018; e. o.).
Asimismo, estimo oportuno recordar al recurrente que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013 y L. 118.978, "Larrea", resol. de 18-XI-2015; e. o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi colega doctor de Lázzari en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, no sin dejar de destacar que en el caso el recurso extraordinario ha sido concedido en el marco de excepción previsto por el art. 55 de la ley 11.653 (v. fs. 210) y más allá de la naturaleza del cuestionamiento que gira en torno a la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, lo cierto es que el presente recurso debe rechazarse en atención a que en él se plantean agravios que han sido desestimados por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 119.534, "Castiñeira", sent. de 29-XI-2017 y L. 119.692, "Escobar", sent. de 27-XII-2017). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento de grado en cuanto a la descalificación constitucional del citado art. 12 de la ley 24.557 -declarada con relación al periodo computable-, como también respecto del modo en que resolvió en cuanto al monto del ingreso base mensual de la parte actora, en razón de los rubros contemplados.
II. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2020 11:16:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2020 18:32:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/10/2020 18:50:22 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2020 18:42:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2020 10:46:39 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2020 11:57:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia