Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121421
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.421, "Dotto, Karina Vanesa contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, de Lázzari, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 278/286).
Se dedujo, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 290/294 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Karina Vanesa Dotto y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su condición de empleadora autoasegurada- al pago de diferencias adeudadas de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, juzgó demostrado que la actora, como consecuencia de las tareas docentes que desempeñara para la demandada, padece disfonía crónica, que le genera una incapacidad del 26% del índice de la total obrera y que, por tal motivo, percibió por parte de la aseguradora la suma de $115.415,35 en concepto de prestación dineraria calculada con arreglo a un ingreso base de $4.767,63 (v. vered., fs. 278).
A su vez, tuvo por acreditado que el valor mensual de su ingreso base -considerando la totalidad de los haberes brutos percibidos en el año anterior a la fecha en que le fue abonada la prestación- ascendió a $8.911,11 (v. vered., fs. 278 y vta.).
Ya en la sentencia, en lo que interesa, el juzgador declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, por juzgar que, en el caso, la aplicación literal de dicha norma -en cuanto incluye para el cálculo respectivo únicamente a las remuneraciones devengadas durante el año anterior a la primera manifestación invalidante- se encuentra reñida con el principio de razonabilidad de las leyes (art. 28, Const. nac.) y el deber de reparar el daño injusto (art. 19, Const. cit.), atento la importante diferencia económica resultante de computar el ingreso base de la accionante teniendo en cuenta la fecha de la primera manifestación invalidante ($4.767,63) y hacerlo, en cambio, considerando el momento en que la indemnización fue abonada ($8.911,11). Sostuvo que los resarcimientos de este tipo debían valorizarse a la época en que debieron ser pagados, esto es, cuando se produce la mora del deudor y, consecuentemente, pueden aplicarse intereses (v. sent., fs. 280 y vta.).
Asimismo, con apoyo en distintos fallos de la Corte nacional, señaló que la indemnización especial de los daños laborales debía -al menos- alcanzar a cubrir la pérdida de ganancias provocada por el infortunio, y que la aplicación literal de lo dispuesto en la mentada norma conducía a un resultado reparatorio irrazonable, que no podía considerarse representativo de la real pérdida de ganancia de la trabajadora (v. sent., fs. 280 vta.).
A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en dicho régimen legal, condenando al Fisco provincial a abonar a la actora el importe de $83.512,69 -con más sus intereses moratorios-, resultante de deducir de los $198.928,04 ($8.911.11 x 53 x 26% x 1,62 -65/40-), la suma oportunamente percibida (v. sent., fs. 282 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 17, 18, 19, 28, 75 inc. 22, 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 4 de la ley 25.561; 7 y 10 de la ley 23.928; 12 apartado 1, 14 apartado 2 inc. "a" y concordantes de la ley 24.557; 44 inc. "d", 47 y concordantes de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
En concreto, se agravia de la definición del tribunal de origen que declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 para utilizar como referencia a los fines de determinar el ingreso base mensual -incluyendo sumas de naturaleza "no remunerativa"-, la fecha en que fue pagada la indemnización en sede administrativa (v. fs. 292 y vta.).
Sostiene que la voluntad del legislador en oportunidad del dictado de dicha normativa fue fijar un límite concreto y definido sobre la generación de la afección, en donde las partes perfectamente puedan delimitar y cuantificar derechos y obligaciones.
Expresa que pretender calcular un eventual resarcimiento con elementos objetivos posteriores a la toma de conocimiento de una invalidez coloca a la demandada en una situación de inseguridad jurídica e indefensión.
Afirma que, si se tiene en cuenta que la alteración en la salud de la trabajadora proviene de hechos anteriores a la primera manifestación invalidante, lo lógico es cuantificar el daño tomando los salarios percibidos en el período en el que el mismo se fue produciendo.
En suma, concluye, "al resultar la fecha de la 'primera manifestación invalidante' el punto de partida de todo el esquema de prestaciones de la ley 24.557, en modo alguno resulta irrazonable, como -asegura- equívocamente concluye el juzgador, que para la determinación del ingreso mensual base se computen los doce meses anteriores a aquella fecha" (fs. 293).
Desde otra perspectiva, aduce que al no tomar la fecha prevista en el referenciado art. 12, el juzgador de origen transgredió la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928 (modif. por el art. 4 de la ley 25.561) y la doctrina legal que cita, vulnerando así su derecho de propiedad (v. fs. 293 vta. y 294).
III. El recurso no prospera.
Sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -cfr. art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010-), lo cierto es que el presente recurso debe rechazarse toda vez que en él se plantean agravios desestimados por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.534, "Castiñeira", sent. de 29-XI-2017; L. 119.692, "Escobar", sent. de 27-XII-2017; L. 119.538, "Alice", sent. de 27-XII-2017 y L. 119.454, "Solari", sent. de 16-V-2018). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. El hecho de que, en autos, se haya controvertido la declaración de inconstitucionalidad de una norma por parte del tribunal a quo , hace que el valor del litigio deba considerarse como de monto indeterminado a los fines del art. 278 del ordenamiento procesal mencionado (causas Ac. 95.699, "Provenzano", resol. de 18-IV-2007; Ac. 100.245, "Barrera", resol. de 31-X-2007 y Ac. 102.828, "Yungblut", resol. de 18-VI-2008).
I.2. Luego, considero que la impugnación traída, en cuanto está referida a la forma en que se ha de computar el ingreso base mensual, debe rechazarse. Esta Suprema Corte, en distintas oportunidades, al desestimar recursos presentados por el Fisco provincial declarando su insuficiencia, ha censurado precisamente aquella parte de la norma donde se establece que, para computar el ingreso base mensual, deben tomarse en cuenta los "doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante" y "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" (v. causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016 y L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016; e. o.), confirmando -en consecuencia- pronunciamientos de grado que incluyeron todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integran el salario del trabajador y dispusieron un período computable distinto, más cercano en el tiempo, con el objeto de resguardar cualquier desajuste o desvalorización que pudiera provocarse respecto de la prestación dineraria debida a la víctima del infortunio laboral o sus derechohabientes.
II. Por todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2020 09:23:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2020 11:39:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/10/2020 19:15:45 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 10:30:24 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2020 14:00:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2020 14:19:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia