Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124883
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la acción incoada por Horacio Omar Couto contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires por la cual pretendía el cobro de prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por la ley 26.773 (v. fs. 142/148 vta.).
Para así decidir, juzgó que no se demostró en las presentes actuaciones el presupuesto fáctico esencial de la pretensión contenida en la demanda, cuál es la existencia de nexo causal entre las tareas desempeñadas y las dolencias establecidas por el galeno interviniente.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 243/247 vta.), el que fue concedido a fs. 167 y vta.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violadas. Enumera las garantías constitucionales que denuncia vulneradas. Alega absurdo en la valoración de la prueba. En sustancia, se agravia que el sentenciante no haya considerado a las labores realizadas por el actor causal suficiente de las lesiones que padece. Además, sostiene que el a quo , desacertadamente, no consideró las patologías de columna cervical que sufre el trabajador. Cuestiona la apreciación formulada por el juzgador respecto de la pericia médica y la prueba testimonial.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado.
III.1. Liminarmente cabe señalar que esta Corte ha dicho en reiteradas ocasiones, que determinar si el trabajador demostró o no, con la prueba aportada, la existencia de nexo causal o concausal entre las labores por él desarrolladas y la minusvalía que lo afecta, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, no susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014 y L. 120.996, "Chaves", resol. de 27-XII-2017).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, pues no cualquier error, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente constituye el mentado yerro sentencial, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 114.614, "Pintor", resol. de 14-IX-2011 y L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014).
III.2. En ese marco, se advierte que el impugnante no logra descalificar la esencial motivación del fallo recurrido, fundada en que, no acreditadas las tareas de mantenimiento invocadas en la demanda, no se advierte de qué manera el desempeño de las funciones policiales realizadas por el actor -en la forma en que fueron probadas en la causa- pudieron incidir en forma causal en la génesis de las dolencias detectadas por el perito médico.
Ello así, pues la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar la prueba aportada al proceso, soslayando que el absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia, pues no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 117.769, "Sandobal", resol. de 17-XII-2014).
De esta manera, la vía intentada -cabe reiterar- resulta ineficaz para rebatir la decisión de grado, no aportando el recurrente ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar su contenido.
III.3. En este orden, sabido es, que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte (causas L. 102.928, "Mansilla", sent. de 21-XII-2011; L. 105.461, "Bertón", sent. de 22-VIII-2012; L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014 y L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016).
III.4. Por otro lado, en lo vinculado a la ponderación de la prueba oral cuestionada por el recurrente, corresponde señalar que, en razón del sistema de apreciación "en conciencia", la valoración de las declaraciones de los testigos queda reservada a los jueces de grado, y ello así tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo que el interesado-como se dijo- no logró evidenciar (causas L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013; L. 119.561, "Modelli", resol. de 6-IV-2016 y L. 120.145, "Valinoti", resol. de 7-XII-2016).
III.5. Finalmente, cabe agregar, que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causa L. 92.430 "Galarza", sent. de 20-VIII-2008), hipótesis no configurada en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2020 12:18:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/10/2020 16:49:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2020 19:19:53 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 10:26:45 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 11:09:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia