Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125478
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo n° 7 con asiento en la ciudad de Pilar, perteneciente al Departamento Judicial de San Isidro, hizo lugar a la demanda promovida por Marisa Myriam Klezli y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a abonar el importe que indicó en concepto de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557. Finalmente, hizo lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia ART S.A., y rechazó la demanda incoada en su contra (v. fs. 358/369 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio, consideró que a la fecha de toma de conocimiento de la enfermedad, la Provincia de Buenos Aires se encontraba autoasegurada en virtud del "Convenio de Rescisión del Contrato de Afiliación", ratificado por el decreto provincial 3858/07.
Por otro lado, al fijar el porcentaje de incapacidad que presenta la actora, se inclinó por el determinado por la comisión médica, al considerar que el que estableció el perito de autos no tenía fundamento científico y no guardaba adecuada relación con el Baremo establecido en el decreto 659/96 aplicable al caso.
II. Frente a dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 381/386 vta.), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 387/388, en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En su presentación, denuncia absurdo y la violación de las normas y doctrina legal que cita.
En primer término, se agravia del acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la aseguradora, alegando que se trata de una enfermedad de lenta evolución y que Provincia ART S.A. cubrió los riesgos hasta 2007.
Por otro lado, cuestiona el grado de incapacidad que fijó el tribunal de grado.
Finalmente, objeta los honorarios profesionales regulados a la representación letrada actoral, por considerarlos bajos.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Por razones de orden metodológico ha de abordarse en primer término el agravio referido a cuestionar la regulación de honorarios.
Sobre el particular, se advierte nítida la ausencia de interés de la parte actora para cuestionar "por bajos" los estipendios fijados en favor de su letrado apoderado, lo que sella la suerte adversa de la crítica (causas L. 113.631, "Rial", resol. de 30-III-2011; L. 114.181, "González", resol. de 12-X-2011; L. 117.529, "Marino", resol. de 11-XII-2013 y L. 119.443, "Valenzuela", resol. de 16-III-2016).
III.2.a. Aclarado ello, y respecto del resto de los reproches que porta la impugnación, ha de señalarse que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 387/388), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Núñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.474, "Martín", resol. de 8-VIII-2012 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
III.2.b. En ese marco, no se advierte configurado en la especie el supuesto habilitante previsto en el artículo 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, en tanto el planteo recursivo propuesto remite -en rigor- al análisis de típicas cuestiones fácticas y probatorias ajenas al ámbito de la casación por la vía indicada (causas L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012; L. 118.457, "Avalos", resol. de 18-III-2015; L. 117.121, "Bustos", sent. de 15-VII-2015 y L. 121.646, "Martinez Aquino", resol. de 5-XII-2018).
Por otro lado, las doctrinas referidas al vicio de absurdo no devienen idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-11- 2014 y L. 118.239, "González", resol. de 19-II-2015).
Finalmente, corresponde agregar que los pronunciamientos de otros tribunales de justicia no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015 y L. 122.001, "Quiroga", resol. de 5-XII-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/11/2020 11:44:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/11/2020 12:35:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/11/2020 23:24:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2020 09:45:00 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2020 13:47:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia