Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125092
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que interesa destacar, rechazó la demanda iniciada por Yesica Elizabeth Rossi contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto pretendía el cobro de una reparación por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común en virtud de la enfermedad profesional que padece (v. fs. 449/456 vta.).
Para así decidir, juzgó que la accionante no aportó elementos probatorios suficientes que permitieran concluir que la empleadora hubiera incurrido en incumplimientos al deber de seguridad, ni omitido adoptar medidas tendientes a resguardar la integridad psicofísica de la trabajadora, así como tampoco de qué manera dichos incumplimientos habrían contribuido a causar o agravar el daño. Finalmente, señaló que la continuidad de las tareas por parte del accionante -luego del episodio del año 2003- no han contribuido a generar o agravar el cuadro.
Por otro lado, apartándose de la pericia psiquiátrica, tuvo por no acreditada diferencia alguna de incapacidad psíquica, en comparación con la otorgada por la comisión médica actuante.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 464/475 y vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 477 y vta.
En su presentación denuncia la violación de las normas legales, constitucionales y convencionales que cita, así como del principio de congruencia.
Alega que el sentenciante de grado realizó una interpretación absurda del escrito de responde y de las pruebas, que derivó en el rechazo de la pretensión. Al efecto, asegura que el a quo quebrantó la distribución de la carga probatoria, así como que tampoco analizó adecuadamente los incumplimientos que se le imputaron al accionado.
Por último, se agravia que hubiera desestimado la incapacidad psíquica, denunciando absurdo en la valoración de la prueba pericial.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, corresponde destacar que la tarea de interpretar los escritos constitutivos del proceso, y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 99.910, "López de Armentía", sent. de 21-XII-2011 y L. 99.441, "Batista", sent. de 27-VI-2012).
En el caso, la recurrente no sólo no evidencia en forma cabal el señalado vicio, sino que omite denunciar la violación del evocado postulado y de las normas adjetivas que lo receptan (causas L. 113.611, "Guzmán", resol. de 30-III-2011 y 117.540, "Sangronis", resol. de 30-X-2013), lo que demuestra la manifiesta orfandad argumental en ese aspecto de la impugnación.
III.2.a. Luego, se impone recordar que esta Corte ha declarado que determinar las características de las tareas realizadas por el trabajador y la relación de causalidad entre ellas y las dolencias incapacitantes que padece, así como el análisis del material probatorio, y si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 105.399, "G., S.B.", sent. de 14-III-2012; L. 121.584, "Ruiz Díaz", resol. de 13-II-2019; L. 120.234, "Romano", resol. de 17-IV-2019 y L. 120.951, ""Gigena", sent. de 4-IX-2019).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010 y L. 115.252, "Díaz", resol. de 12-X-2011).
III.2.b. En la especie, si bien el interesado ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia, en cuanto las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse los elementos probatorios agregado a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 95.515, "Ciar", sent. de 18-III-2009 y L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013).
En ese marco conceptual, los argumentos que porta la impugnación se muestran carentes de idoneidad para conmover la decisión atacada, pues el recurrente sólo exhibe su disconformidad con la decisión adoptada sin hacerse cargo de desvirtuar las principales motivaciones sobre las que se estructura el pronunciamiento, relacionadas a que no resultó acreditado en autos que, con relación a las dolencias de la actora, la empleadora hubiera incurrido en incumplimientos al deber de seguridad o hubiera omitido adoptar medidas tendientes a resguardar su integridad psicofísica, así como tampoco de qué manera dichas inobservancias habrían contribuido a causar o agravar el daño padecido.
Recuérdese además que la apreciación, jerarquización y selección de la prueba aportada a la causa -como adjudicarle a la pericia técnica la eficacia probatoria pertinente- es atribución privativa del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011; L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012 y L. 120.191, "Ruiz", resol. de 19-IV-2017).
III.3. Por lo demás, tampoco es atendible el planteo mediante el cual se atribuye al sentenciante el yerro en la distribución de la carga de la prueba.
En efecto, la interesada no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.4. No mejor suerte ha de correr el agravio destinado a objetar el rechazo de la incapacidad psíquica.
Al respecto, es del caso recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte salvo absurdo (causas L. 102.928, "Mansilla", sent. de 21-XII-2011; L. 105.461, "Bertón", sent. de 22-VIII-2012; L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014 y L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016), el cual -como se dijo- no ha sido demostrado.
III.5. Finalmente, tampoco luce útil la denuncia de violación de garantías constitucionales que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado -primeramente- preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 115.287, "Garibaldi", resol. de 24-IX-2014 y L. 119.848, "Flores", resol. de 21-VI-2017), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/12/2020 16:47:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2020 19:17:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/12/2020 21:32:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2020 09:44:49 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2020 10:16:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia