Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125864
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, decretó la caducidad de la instancia en la causa que Ricardo Joaquín Constantino promoviera contra Prevención ART S.A., en procura del cobro de indemnización por enfermedad profesional (v. fs. 148/150).
Para así decidir, consideró transcurrido el plazo de inactividad previsto en el art. 12 de la ley 11.653. Ello, pues encontrándose debidamente intimada la actora a impulsar el procedimiento, transcurrió más de un año sin que el interesado activase nuevamente la causa.
II. Frente al pronunciamiento de grado, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19-II-2020), el que fue concedido por el a quo a fs. 153.
En su presentación, objeta las restricciones a la admisibilidad del remedio traído vinculadas al valor del litigio, planteando la inconstitucionalidad de los arts. 161 apdo. 3 inc. "a" de la Constitución provincial; 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, así como la existencia de cuestión federal.
Además, controvierte por arbitraria la sentencia, al tiempo que cita las normas y la doctrina que considera violadas.
En sustancia, alega que el escrito presentado por su parte, vencido el plazo de intimación, pero con anterioridad al dictado del pronunciamiento atacado, reveló su intención de dar impulso a las actuaciones.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, representado por la suma reclamada en la demanda, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el artículo 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2. Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apdo. 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612 "Aranda", sent. de 17-IX-2014 y L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014).
Además, resta recordar que este Tribunal tiene dicho que la obligatoriedad de la doble instancia judicial prevista en el art. 8 apdo. 2 inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal, por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales (causas L. 114.953, "Ledesma", resol. de 7-IX-2011 y L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011).
III.3. Por otro lado, el tenor del planteo ensayado por el interesado tampoco permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causa L. 118.818, "Concha", resol. 28-X-2015).
III.4. Ahora bien, resultando indudable la insuficiencia del valor del litigio y rechazado el cuestionamiento constitucional de las normas que regulan los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, su examen -como se dijo- sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 118.735, "Subeldia", resol. de 15-VII-2015; L. 119.579, "Mallea", resol. de 30-III-2016 y L. 120.320, "Aloma", resol. de 5-IV-2017).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 118.272, "García", resol. de 20-XI-2014 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
III.5. En ese contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que la crítica contenida en el escrito recursivo remite a cuestiones estrictamente procesales -como lo es la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 98.284, "Sanabria", sent. de 23-V-2010 y L. 115.015, "Acevedo", resol. de 10-VII-2013).
Para más, también se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 108.361, "Errecalde", sent. de 5-IX-2012; L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010); así como tampoco resulta útil la cita del voto que ha quedado en minoría puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 105.764, "Olivera", sent. de 14-XII-2011; L. 95.453, "A., V.", sent. de 18-II-2009).
Finalmente, la jurisprudencia emanada de la Corte nacional no constituye doctrina legal en los términos señalados (causas L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014 y L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/12/2020 16:56:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2020 11:41:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2020 15:35:19 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2020 18:14:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 11:34:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia