Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124997
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, por mayoría, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás rechazó la demanda interpuesta por José Luis Petri contra La Segunda ART S.A. en reclamo de las prestaciones dinerarias previstas por la ley 24.557 (v. fs. 215/229 vta.).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, juzgó que si bien se hallaban acreditadas las patologías denunciadas y la incapacidad que le ocasionan al trabajador, cierto es que éste no logró comprobar haber estado expuesto en forma continua y prolongada o, al menos, con frecuencia o asiduidad, a una contaminación sonora, ni que los esfuerzos o posiciones antiergonómicas hubieran implicado la exposición a agentes nocivos con entidad para dañar su salud.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 249/255), el que fue concedido por el a quo a fs. 256.
En su presentación se agravia de la conclusión del sentenciante de grado en cuanto juzgó que el tiempo de trabajo del actor no fue suficiente como para poder considerarlo causa fuente de las enfermedades profesionales detectadas en la pericia médica, pues considera que dicho extremo quedó sin lugar a dudas probado tanto con las declaraciones testimoniales como con la pericia médica.
Entiende que, en definitiva, 18 meses de trabajo como "changarin" en estibaje portuario fueron más que suficientes para acreditar el carácter laboral de las enfermedades profesionales dictaminadas por la pericia médica, más cuando la aseguradora nunca acompañó los exámenes preocupacionales que le realizó.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el monto de lo reclamado en demanda- no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apdo. 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019).
Cabe agregar a ello -como también lo ha dicho esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los citados artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 118.542, "Holzman", resol. de 10-XII-2014 y L. 123.106, "Piedrabuena", resol. De 18-XII-2019).
Además, resta recordar que este Tribunal tiene dicho que la obligatoriedad de la doble instancia judicial prevista en el art. 8 apdo. 2 inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal, por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales (causas L. 114.953, "Ledesma", resol. de 7-IX-2011; L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011 y L. 123.381, "Blanco", resol. de 18-XII-2019).
III.2. Ahora bien, resultando indudable la insuficiencia del valor del litigio y rechazado el cuestionamiento constitucional de las normas que regulan los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, su examen -como se dijo- sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 118.735, "Subeldia", resol. de 15-VII-2015; L. 119.579, "Mallea", resol. de 30-III-2016 y L. 120.320, "Aloma", resol. de 5-IV-2017).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 118.272, (causas L. 118.272, "García", resol. de 20-XI-2014 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
III.3. En el caso, no se encuentra configurado el supuesto de excepción contenido en la norma del régimen procesal laboral, toda vez que el recurrente ni siquiera ha citado como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de esta impugnación (causas L. 116.169 "Da Rosa Pacheco", resol. de 21-VI-2012; L. 116.474 "Martín", resol. de 8-VIII-2012 y L. 120.807, "Linares", resol. de 17-V-2017).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Disiento con la distinguida colega que me precede en el voto por las consideraciones que expondré a continuación.
Surge del escrito de inicio que el actor promovió demanda reclamando las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, peticionando en ese escrito indemnización por "...la suma de pesos ciento sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis con sesenta y cuatro centavos ($169.856,64), y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producir, los intereses desde el devengamiento de la obligación y/o la actualización monetaria que corresponda, con costas..." (v. fs. 18 vta.), lo que fue reiterado al momento de la interposición del recurso, al efectuar un cálculo del monto actualizado conforme la prueba producida y valor del dólar (más específicamente, el "Tipo de Cambio Nominal Promedio Mensual" publicado por el BCRA mediante Comunicación A-3500 Mayoristas; v. fs. 254/vta.).
Tuve oportunidad de expedirme en la causa "Cardano" (C. 122.757) sobre el valor del agravio y la necesidad de atender -para su consideración- a la petición inicial sin cortapisa. Allí observé que la pretensión, rechazada, era un monto expresado en pesos, sus intereses, costas y actualización; complemento ese último que, sostuve, debe ser tenido estrictamente en cuenta al tiempo de analizar la summa gravaminis .
En sustento de mi posición recordé que es el interés lo que justifica la actuación ante la justicia. Como el interés es la medida de la acción, también el interés es la medida en la apelación, y se halla determinado por el perjuicio o gravamen que la resolución ocasiona al recurrente. Radica en la diferencia que existe entre el contenido de la sentencia y las pretensiones que ha deducido la parte impugnante. De allí que el agravio es la insatisfacción, total o parcial, de cualquiera de las pretensiones formuladas en el proceso.
Así, en aquel supuesto de demanda rechazada, el conjunto de capital más actualización es lo que ha resultado insatisfecho y constituye el valor del agravio, sin que obste a ese análisis la postura que se adopte para juzgar dicho rubro -actualización-, cuestión que hace a la procedencia del recurso y por lo tanto no debe infectar el estadio previo de admisibilidad (mi voto en "Cardano").
Ahora bien, el caso que nos ocupa exige la misma línea de razonamiento que se extrae del voto que cito. El rechazo de la pretensión importa la insatisfacción de lo peticionado y ello, a rigor de la voluntad manifestada al promover el proceso, ha sido una cantidad numérica o lo que surja de las probanzas de autos, expresión que representa para el recurrente un agravio indeterminado, superando de tal modo el recaudo de admisibilidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas C. 120.508, "Gelusini", resol. de 1-VI-2016 y C. 121.407, "Consorcio de Copropietarios Club Atlético Los Andes", resol. de 21-VI-2017).
II. Sentado ello, el recurso debe ser rechazado en tanto ha sido insuficientemente fundado.
II.1. De modo liminar, cabe recordar que este Tribunal ha sostenido que determinar tanto la existencia de nexo causal o concausal entre las labores desarrolladas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, así como la apreciación del material probatorio, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, que no resulta susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 116.935, "Treboux", resol. de 5-IV-2013; L. 119.083, "Carbia", resol. de 11-XI-2015 y L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, pues no cualquier equívoco o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente constituye el mentado yerro sentencial, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019).
II.2. En la especie, si bien el recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia, por cuanto las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre como debieron apreciarse los hechos y las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 95.515, "Ciar", sent. de 18-III-2009; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013 y L. 122.509, "Martínez", resol. de 12-VI-2019).
Para más, corresponde recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 102.928, "Mansilla", sent. de 21-XII-2011; L. 105.461, "Bertón", sent. de 22-VIII-2012; L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014; L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016 y L. 121.546, "Cabrera", resol. de 28-XI-2018), vicio que la impugnante -como se dijo- no ha logrado demostrar.
Tampoco resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, pues la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que la interesada tampoco logra acreditar en este aspecto de la impugnación (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016).
Los señores Jueces doctores Soria , Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos, adhieren al voto de la señora Jueza doctora Kogan.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, por mayoría, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/10/2020 17:58:09 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/10/2020 18:09:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/10/2020 20:07:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2020 09:47:53 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/02/2021 14:47:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/02/2021 10:37:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia