Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125326
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda promovida por Juan José Adum contra la Provincia de Buenos Aires -Ministerio de Seguridad-, por la cual perseguía el cobro de los daños y perjuicios por enfermedad profesional, en los términos del derecho común y, subsidiariamente, el resarcimiento proveniente de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 152/159 vta.).
Para así decidir, por mayoría, juzgó que el reclamante no había logrado acreditar el nexo causal adecuado entre las tareas de policía que desarrollaba para su empleadora y el daño que padece.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 167/182), el que fue concedido por el tribunal de grado a fs. 184 y vta.
En su presentación denuncia el vicio de absurdo en la valoración de la prueba, e individualiza las normas y la doctrina legal que considera violadas.
Esencialmente, afirma que el fallo atacado resulta arbitrario, por cuanto del análisis de la foja de servicios, la pericia médica y las declaraciones del testigo que depuso en la audiencia de vista de la causa, surge claramente acreditado que las patologías que lo afectan son consecuencia de las tareas prestadas como policía durante treinta y tres años.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En primer lugar, reiteradamente ha sostenido este Tribunal que determinar las características de las tareas realizadas por el trabajador y la relación de causalidad entre ellas y las dolencias incapacitantes que padece, como el análisis del material probatorio, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo (causas L. 116.978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015; L. 121.584, "Ruiz Díaz", resol. de 13-II-2019; L. 120.234, "Romano", resol. de 17-IV-2019; L. 120.951, "Gigena", sent. de 4-IX-2019 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa; pues no cualquier error, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente constituye el mentado yerro sentencial, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 123.341, "Mujica", resol. de 6-XI-2019; L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
En el caso, el sentenciante de mérito juzgó que si bien se hallaba acreditada la incapacidad que presenta el trabajador, no había quedado demostrado que aquélla guardara relación causal con las labores que éste desarrollaba en favor de su empleadora.
En ese marco, se advierte que el impugnante no logra descalificar la esencial motivación del fallo recurrido, por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar la prueba aportada al proceso, soslayando que el absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia, pues no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019; L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020 y L. 125.648, cit.).
Corresponde señalar, además, que la tarea de adjudicar a la pericia médica la eficacia probatoria pertinente es atribución privativa de los jueces de grado, no revisable en casación salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 120.191, "Ruiz", resol. de 19-IV-2017; L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
Por otra parte, tampoco es atendible la crítica relativa a la forma de interpretar la prueba oral, por cuanto, cabe resaltar que evaluar el mérito, la habilidad y, por lo tanto, la eficacia de las declaraciones testimoniales producidas en la vista de la causa, constituye una atribución privativa de los tribunales de trabajo que no puede ser revisada por esta Corte, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 121.280, "AB Aceros S.A.", resol. de 22-VIII-2018; L. 124.092, "Arevalo", resol. de 10-VIII-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021), que el compareciente -como se dijo- no logra demostrar.
En suma, el interesado, en su escrito impugnatorio, tan sólo se dedica a confrontar el fallo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento (art. 279, CPCC; causas L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014; L. 122.969, "Buffone", resol. de 18-XII-2019 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020); razón por la cual, la suerte del remedio procesal deducido queda sellada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/03/2021 19:34:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/03/2021 09:37:48 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2021 13:32:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2021 09:50:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2021 11:18:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia