Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119999
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.999, "Aranda, Dolores Elida contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Pettigiani, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 179/183 vta.).
Se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 198/203).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen juzgó acreditado que con fecha 22 de septiembre de 2010, Dolores Elida Aranda -docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- denunció que padecía una disfonía funcional irreversible ante Provincia ART S.A., quien aceptó dar cobertura a la contingencia, y que a raíz de ello, el día 6 de septiembre de 2012 la Comisión Médica correspondiente le fijó una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 20% del índice de la total obrera, percibiendo la actora, con fecha 18 de septiembre de 2012, la suma de $75.218,72 (v. vered., fs. 179 y vta.).
En lo que resulta relevante, el juzgador de grado definió en el fallo de los hechos el importe del ingreso base mensual previsto en el art. 12 de la ley 24.557 computando la totalidad de los haberes brutos consignados en los recibos obrantes en la causa, toda vez que -sostuvo- la empleadora, más allá de algunas expresiones genéricas relativas a la denominación de ciertos conceptos de pago, no produjo prueba alguna sobre la eventual naturaleza no remunerativa de las sumas abonadas regularmente a la promotora del pleito como contraprestación laboral (v. vered., fs. 179 vta.).
En la sentencia declaró la inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557, en tanto -señaló- al establecer que corresponde tomar los haberes percibidos durante el año anterior a la primera manifestación invalidante -en lugar de hacerlo teniendo en cuenta la fecha en la que la indemnización fue abonada-, genera una diferencia económica notoria e importante que conduce a un resultado indemnizatorio irrazonable y no representativo de la pérdida de ganancia de la trabajadora. Entendió el a quo que la aplicación literal de la norma se encuentra reñida con el principio de razonabilidad de las leyes (art. 28, Const. nac.) y el deber de reparar el daño injusto (art. 19, Const. nac.; v. fs. 181 y vta.).
A partir de lo expuesto, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en dicho régimen legal, condenando a la Provincia de Buenos Aires -en su carácter de empleador autoasegurado- a abonar a Dolores Elida Aranda el importe de $87.772,04, resultante de deducir la suma ya percibida (v. sent., fs. 181 vta. in fine y 182).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Cuestiona que el tribunal de grado haya descalificado constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557 y calculara el ingreso base mensual considerando los salarios percibidos por la actora a la fecha en que la aseguradora de riesgos del trabajo le abonó la prestación dineraria correspondiente, y a su vez, que incluyera a todos aquellos importes de carácter no remunerativos que integran el haber de la trabajadora.
Afirma que el salario se calcula a la fecha de la primera manifestación invalidante e incluyendo los rubros que determinan la prima que se abona, y es en función de la relación laboral que el siniestrado puede demandar las prestaciones de ley, causándole gravamen que se le haga abonar más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente.
Argumenta que no resulta inconstitucional la regulación de las consecuencias derivadas de los riegos del trabajo a través de una ley especial en la medida que dicho régimen sea razonable. Alega que la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica.
Señala que la argumentación del a quo -sustentada en el mero transcurso del tiempo entre la fecha de denuncia de la afección ante la aseguradora y la de pago de la prestación dineraria- no contempla las circunstancias concretas de la causa (que durante dicho período, la trabajadora percibió prestaciones en especie), conteniendo una fundamentación sólo aparente.
Sostiene que el fundamento de la inconstitucionalidad de una norma no puede ser confrontado en función de una mera conveniencia económica. Expresa que dicha fundamentación es una típica afirmación dogmática, que no se hace cargo de las circunstancias concretas de la causa ni aporta razones a ellas referida.
Por otra parte, manifiesta que el carácter remuneratorio está determinado por la habitualidad, regularidad, permanencia, estar sujeto a aportes y no estar otorgado en mérito al comportamiento del agente o a las circunstancias especiales del mismo, lo que torna improcedente el obrar del a quo .
Alega que los conceptos "incentivo docente", "material didáctico", "asignaciones familiares" y otros rubros que aparecen en los recibos de sueldo de la trabajadora como "no remunerativos" y/o "sin aportes", no debieron ser incluidos para el cálculo del ingreso base mensual toda vez que todos ellos fueron instituidos por normativas y decretos que no fueron oportunamente cuestionadas por la actora. Asimismo, cuestiona el carácter remuneratorio de cada uno de ellos, citando doctrina de esta Corte en apoyo de su postura (v. fs. 200 vta./202).
Finalmente, sostiene que la sentencia incurre en absurdo, toda vez que la norma deviene válida, vigente y aplicable al caso.
III. El recurso no prospera.
Sin dejar de destacar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -conf. art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010-), lo cierto es que el presente recurso debe rechazarse en atención a que en él se plantean agravios que han sido desestimados por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 120.686, "Gutiérrez", sent. de 20-II-2019; L. 121.834, "Haissaguerre", sent. de 27-VII-2020; L. 120.164, "Paredes", sent. de 21-IX-2020; e.o.). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto a la descalificación constitucional del art. 12 de la ley 24.557, declarada con relación al periodo computable, como también respecto del modo en que resolvió en lo que concierne al monto del ingreso base mensual de la parte actora, en razón de los rubros contemplados.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Genoud , y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/03/2021 20:53:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2021 15:48:11 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 19:09:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2021 09:29:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2021 10:21:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia