Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 120165
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.165, "Carrica, Liliana Edith contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad Profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida, imponiendo las costas al Fisco provincial por resultar vencido (v. fs. 188/197 vta.).
Se interpuso, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 203/208 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen juzgó acreditado que con fecha 7 de agosto de 2007, la señora Liliana Edith Carrica denunció padecer una disfonía crónica ante Provincia ART S.A., quien aceptó dar cobertura a la contingencia; que luego, la Comisión Médica correspondiente le fijó una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva del 19,75% del índice de la total obrera; además, que la actora percibió la suma de $28.212,68 (v. vered., fs. 188 y vta.).
En la sentencia declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en tanto entendió que al establecer que corresponde considerar en el respectivo cómputo los haberes percibidos durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, la norma se encuentra reñida con el principio de razonabilidad de las leyes -art. 28, Const. nac.- y el deber de reparar el daño injusto -art. 19, Const. nac.- (v. fs. 191 in fine y vta.).
Señaló que las indemnizaciones de este tipo deben valorizarse a la época en que debieron ser pagadas, momento a partir del cual se produce la mora del deudor y, consecuentemente, pueden aplicarse intereses. A su vez, entendió aplicables las directrices sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Ascua", y "Lucca de Hoz". A su juicio, la aplicación literal del art. 12 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo conduce a un resultado indemnizatorio irrazonable y no puede considerarse representativo de la pérdida de capacidad de ganancia de la trabajadora, por lo que correspondía -en el caso- declarar su invalidez constitucional por transgredir lo dispuesto por los arts. 19 y 28 de la Constitución nacional y 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales (v. fs. cit.). Aclaró que ello no debía interpretarse como una forma de actualización reñida con los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (conf. art. 4, ley 25.561), ya que más allá de los plazos contenidos en la ley 24.557, estos no podían entenderse discrecionales en beneficio del deudor. Añadió que la prestación debió ser abonada en el momento más cercano a la primera manifestación invalidante, de modo de cumplir con el objetivo primordial de la ley que es el de brindar las prestaciones de manera inmediata (v. fs. 191 vta. in fine y 192).
Explicó que, si en el extenso período que requirió la determinación de la incapacidad y del resarcimiento resultante, la trabajadora tuvo una evolución salarial, su falta de consideración al evaluar la merma de capacidad laboral implica un grosero y palmario menoscabo de su ingreso real (v. fs. 192).
En consecuencia, estimó justo para el caso utilizar en el desarrollo de la fórmula indemnizatoria legal el valor mensual del ingreso base calculado con referencia a la fecha en que la aseguradora de riesgos del trabajo le había abonado a la promotora del pleito la prestación dineraria, estableciéndolo en la suma de $7.720,38 (v. fs. cit.).
En otro orden, y con apoyo también en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que identificó, incluyó a la totalidad de los conceptos abonados por el empleador a la trabajadora como contraprestación por el trabajo, más allá de la denominación que aquel le hubiese asignado y de que estuviesen o no sujetos a cotización (v. fs. 192 in fine /193).
Con tales premisas, el a quo hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas con la prestación por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva prevista en dicho régimen legal, condenando a la Provincia de Buenos Aires -en su carácter de empleador autoasegurado- a abonar a Liliana Edith Carrica el importe de $76.844,32, resultante de deducir del monto obtenido -$105.057- la suma ya percibida en sede administrativa -$28.212,68- (v. sent., fs. cit.).
II. La Fiscalía de Estado, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 22 y 23 y 99.2 de la Constitución nacional; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 3 del Código Civil (ley 340); 12 apartado 1 y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557; 7 y 10 de la ley 23.928; 4 de la ley 25.561; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Cuestiona que el tribunal de grado hubiera descalificado constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557 y calculara el valor mensual del ingreso base considerando los salarios percibidos por la actora a la fecha en que la aseguradora de riesgos del trabajo le abonó la prestación dineraria correspondiente y, a su vez, que incluyera a todos aquellos importes de carácter no remunerativos que integran el haber de la trabajadora.
Afirma que al computar la remuneración vigente a la fecha de pago de la prestación dineraria el órgano a quo transgredió su derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución nacional.
Explica que la voluntad del legislador al dictar la norma no ha sido otra que la de fijar en términos claros un límite concreto y definido sobre la generación de la afección, en donde las partes perfectamente puedan delimitar y cuantificar derechos y obligaciones. Puntualiza que queda claro que el hecho de tomar conocimiento sobre la existencia de una posible invalidez coloca al empleador en la situación de obligarse frente a la eventual contingencia, por ende -continúa- modificar tal circunstancia, implica colocar al Fisco provincial en una posición de inseguridad jurídica e indefensión.
Agrega que la alteración en la salud de Carrica provino de hechos anteriores a la primera manifestación invalidante, razón por la cual es de toda lógica que para la estimación del resarcimiento se tomen salarios percibidos en el período en el que se fue produciendo el daño.
Insiste en sostener que la fecha de la "primera manifestación invalidante" es el punto de partida de todo el esquema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, lo que en modo alguno es irrazonable.
Argumenta que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que el tribunal de grado sustentó el pronunciamiento versaron sobre presupuestos disímiles a los que se ventilaron en el caso aquí en juzgamiento.
Alega que con la decisión que aquí se cuestiona el sentenciante también vulneró la prohibición de todo mecanismo de actualización de deudas contenida en el art. 7 de la ley 23.928, modificada por el art. 4 de la ley 25.561.
Finalmente refiere que resulta errada la afirmación del juzgador concerniente a que "no se advierte en el caso justificación alguna al extenso período que demoró la determinación de la incapacidad de la trabajadora que, obviamente, no puede serle imputada", puesto que -afirma- la propia actora admitió que la primera manifestación invalidante tuvo lugar el día 7 de agosto de 2007, reconociendo luego que dejó pasar cinco años desde que recibió la última prestación en especie por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo, hasta que requirió nuevamente la intervención de dicha entidad en el mes de septiembre de 2012. Por lo que, concluye, luce evidente que la eventual demora se debió a su conducta omisiva.
En otro orden, se opone a la definición que decretó la invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557, ahora en relación a los salarios que el tribunal de trabajo tomó en consideración (remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) para determinar el valor mensual del ingreso base al que hace alusión dicha norma.
Indica que tampoco pudo el tribunal de origen fundamentar este tramo del fallo en la jurisprudencia de la Corte federal que citó, toda vez que en tales precedentes se trataron temáticas diversas a las verificadas en estas actuaciones. Explica que en el presente caso nos encontramos frente a un sistema de reparación global que no se conforma únicamente con la remuneración percibida por la trabajadora, sino que abarca prestaciones médicas inmediatas, también dinerarias de pago temporario y, por último, la reparación de la minusvalía.
Señala que resulta igualmente ineficaz la remisión que efectúa el judicante al art. 31 inc. "b" del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 95, toda vez que en el caso la actora nunca sufrió una disminución en sus ingresos.
Finalmente argumenta que a más de veinte años de entrada en vigencia de la ley 24.557, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como esta Suprema Corte, no se han expedido sobre la invalidez constitucional de dicho precepto.
III. El recuso no prospera.
Sin dejar de destacar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -cfr. art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010-), lo cierto es que el presente recurso debe rechazarse toda vez que en él se plantean agravios desestimados por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 120.686, "Gutiérrez", sent. de 20-II-2019; L. 121.834, "Haissaguerre", sent. de 27-VII-2020 y L. 120.164, "Paredes", sent. de 21-IX-2020; e. o.). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto a la descalificación constitucional del art. 12 de la ley 24.557, declarada con relación al periodo computable, como también respecto del modo en que resolvió en lo que concierne al monto del ingreso base mensual de la parte actora, en razón de los rubros contemplados.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Genoud , y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/03/2021 20:53:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2021 15:48:09 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 19:09:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2021 09:29:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2021 10:21:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia