Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125386
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó íntegramente la demanda entablada por Daniel Horacio Tito contra Federación Patronal Seguros S.A., en procura del cobro de indemnización por incapacidad laboral derivada de enfermedad profesional con sustento en el régimen establecido por la ley 24.557 (v. fs. 144/151 vta.).
Para así decidir, juzgó que, sin perjuicio del confuso y sinuoso escrito de demanda, el actor no probó que, con posterioridad al 12 de agosto de 2009, y al menos a la fecha de interposición de la acción, hubiera realizado una denuncia requiriendo el otorgamiento de nuevas prestaciones por el déficit de salud psíquica o física y/o la determinación de una mayor minusvalía procedente de una eventual reagravación de su hipoacusia, por la que oportunamente le fueron otorgadas las prestaciones dinerarias y en especie que prevé la Ley de Riesgos de Trabajo.
Tampoco consideró acreditadas las condiciones laborales que el reclamante denunció prestar a partir de sus tareas como supervisor. Menos aún, probó encontrarse expuesto a un ambiente altamente sonoro, ni que no le hubieran proveído los protectores auditivos adecuados.
II. Frente a dicho pronunciamiento se alza el legitimado activo con recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y, subsidiariamente, de nulidad (v. fs. 156/165 vta.), los que fueron concedidos a fs. 166 y vta. (v. resolución de fecha 24-VI-2020); habiéndose conferido vista al señor Procurador General en fecha 23-X-2020 (v. dictamen en archivo adjunto de la presentación de fecha 10-XI-2020).
III. De modo liminar, cabe aclarar que, no obstante que la vía extraordinaria de nulidad ha sido articulada en forma subsidiaria al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el remedio cumple con el recaudo legal de fundamentación autónoma (arts. 279 y 297, CPCC; causas L. 121.863, "Asociación sindical de profesionales", resol. de 26-IX-2018; L. 122.191, "Merlo", resol. de 20-III-2019 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020). Aclarado ello, corresponde, para su tratamiento, invertir el orden de los remedios incoados, y abordar en primer lugar la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial.
IV. En el recurso extraordinario de nulidad, el interesado denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Cuestiona la valoración del material probatorio por parte del a quo . Alega vulnerado el principio de congruencia, así como diversas normas y garantías constitucionales.
IV.1. Al respecto, cabe señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 125.753, "Rey", resol. de 8-II-2021 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
IV.2. En ese contexto, se observa que el embate articulado carece de andamiaje, desde que la simple lectura del recurso extraordinario articulado da cuenta que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Rios", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
IV.3. Por otro lado, tiene resuelto esta Corte que resultan extraños al recurso extraordinario de nulidad los argumentos vinculados a la apreciación del material probatorio, así como a la eventual ausencia de tratamiento o su deficiente ponderación (causas L. 121.758, "Torales", resol. de 21-XI-2018 y L. 121.677, "Panis", resol. de 26-XII-2018).
IV.4. Para más, sabido es que la supuesta transgresión de las normas de la Constitución nacional o sustanciales y procesales, también resulta materia detraída del limitado ámbito de actuación propio de la vía de nulidad escogida (causa L. 125.729, "Martínez", resol. de 29-VII-2020).
IV.5. Del mismo modo ha dicho este Tribunal que los agravios relacionados con la vulneración del principio de congruencia resultan ajenos al remedio intentado cuando -como en el caso- se fundan en la eventual imputación de un error de juzgamiento (causas L. 122.646, "Marquez", resol. de 12-VI-2019 y L. 124.829, "Cotado", resol. de 23-X-2020).
IV.6. Por otra parte, no son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución provincial citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 122.630, "Segcon S.A.", resol. de 18-IX-2019; L. 123.633, "Miño", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021), hipótesis que no concurre en el fallo atacado, en el cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
IV.7. Finalmente, cabe mencionar que propiciar la anulación de oficio de un pronunciamiento no es propio de los litigantes (causas L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
V. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia absurdo en la apreciación de la prueba y violación del principio de congruencia, así como de las normas y garantías constitucionales que cita. Cuestiona la decisión del juzgador de grado que derivó en el rechazo de la acción.
Afirma que la sentencia no ha sido debidamente fundada, al tiempo que viola la regla que establece que los jueces deben expedirse sobre aquellas pruebas fundamentales y decisivas para la dilucidación del expediente.
Sostiene que el a quo prescindió de la prueba pericial técnica solicitada por su parte en el escrito de demanda.
Asimismo, manifiesta que resulta absurdo que por no haber efectuado una nueva denuncia después del año 2009, se desestime la demanda, cuando quedó demostrado con la prueba producida, que la aseguradora accionada es responsable de la incapacidad del trabajador. Además, aquella tuvo conocimiento en todo momento de las condiciones de riesgo a las que estaba expuesto el trabajador.
V.1. De modo preliminar, cabe señalar que esta Corte ha declarado que determinar si existe relación causal entre las tareas desempeñadas por el trabajador -o el medio ambiente en que se desarrollaron-, y la incapacidad que éste invoca padecer y, en general, el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 121.315, "Macheroni", resol. de 11-VII-2018; L. 122.589, "Estévez", resol. de 11-XII-2019 y L. 124.720, "Allerbón", resol. de 29-VI-2020).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
En el caso, la impugnante no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los escritos constitutivos del proceso y las pruebas aportadas, poniendo de manifiesto -tan solo- su disconformidad con la solución alcanzada. Reiteradamente ha dicho esta Corte que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.883, "Couto", resol. de 16-X-2020; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
V.2. Tampoco se observa la concurrencia del déficit denunciado respecto del principio de congruencia.
Ello así por cuanto éste importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e implica que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, de manera tal que dicho principio resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, sin que las partes hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 123.729, "Martin", resol. de 1-VI-2020 y L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020), situación que no concurre en el caso.
Por el contrario, de la lectura del escrito postulatorio y del pronunciamiento objetado, revela que el sentenciante hubo de ceñirse al pedimento articulado en la demanda respecto de las personas, el objeto y la causa de la pretensión, circunstancia que despeja la posible vulneración del mentado principio procesal (causas L. 122.010, "Cuello", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.679, "Calandro", resol. de 1-VI-2020).
V.3. Cabe agregar, que no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/04/2021 17:29:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2021 21:17:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/04/2021 16:44:41 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2021 18:55:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2021 11:57:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia