Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125993
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario traído por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zarate-Campana, en lo que interesa destacar, hizo lugar a la demanda interpuesta por Humberto Alcides Ordenes y condenó a La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -hoy Experta ART S.A.-, al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización en los términos de los arts. 11 y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 243/266).
Para así decidir, con fundamento en la pericia médica y la prueba testimonial, tuvo por acreditado que el actor padece de enfermedad cervical, lumbar, afección de hombros y muñecas, varices, hipoacusia perceptiva bilateral y reacción vivencial anormal neurótica de grado II, dolencias que lo incapacitan en un 60,06% del índice de la total obrera, con incidencia causal y concausal con las tareas realizadas para su empleadora.
En ese sentido, juzgó que el accionante, durante su relación laboral, realizó tareas y estuvo expuesto a distintos agentes de riesgos -esfuerzos físicos, posiciones forzadas y viciosas, bipedestación estática, ruido y temperatura, estrés y presiones- los que influyeron negativamente en su estado de salud.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 26-XII-2019), el que fue concedido por el tribunal de grado a fs. 289/290.
En primer lugar, sostiene que no existen elementos en la causa que justifiquen que las afecciones denunciadas tengan relación de causalidad con el trabajo realizado por el actor.
En tal sentido, observa que las afirmaciones del dictamen médico carecen de sustento científico. Reitera el planteo de nulidad de la pericia efectuado en la instancia de origen, y alega que el pronunciamiento resulta arbitrario, pues el juzgador basó su decisión en la impugnada pericia médica.
En segundo término, plantea que las dolencias del trabajador tienen carácter inculpable, que no se encuentran en el listado de enfermedades profesionales, ni resultan derivadas de un accidente de trabajo.
Luego, se agravia del progreso del rubro "daño psicológico", por entender que no puede ser indemnizado de forma autónoma.
Desde otroángulo, impugna la imposición de intereses, planteando que nunca estuvo en mora, y que, en todo caso, debieron liquidarse desde la sentencia.
Finalmente, apela por altos los honorarios, y solicita que las costas sean impuestas al accionante.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe señalar que el pedido de nulidad del informe pericial traído a esta instancia -conforme se referenció ut supra - en nada se asemeja a una crítica razonada de la decisión que se pretende atacar. Más bien se observa el cuestionamiento a situaciones previas al dictado de aquél.
Al respecto, esta Suprema Corte ha dicho reiteradamente que las infracciones relacionadas con presuntos defectos ocurridos durante el proceso, anteriores a la sentencia y aún aquellas vinculadas a cuestiones de procedimiento que han quedado precluidas, resultan ajenas a la instancia extraordinaria desde que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva, y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causas L. 120.477, "Gutiérrez", resol. de 20-IX-2017; L. 121.641, "Ferreyra", resol. de 5-XII-2018 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020).
III.2. Sentado ello, corresponde señalar que determinar las tareas desempeñadas por el trabajador, y si existe relación causal o concausal entre éstas y la incapacidad que aquél presenta, así como establecer su porcentual, en tanto constituyen el análisis de las cuestiones de hecho y de la apreciación del material probatorio, resultan atribuciones privativas de los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 125.038, "Vera" y L. 125.422, "Casalone", resols. de 6-XI-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018 y L. 125.422, cit.).
III.2.a. En el caso, la recurrente siquiera denuncia el mentado vicio, transitando la crítica sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, y poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 123.755, "Afonso", resol. de 4-III-2020 y L. 125.471, cit.).
En efecto, la interesada no concreta una réplica idónea que desvirtúe el razonamiento del sentenciante de grado, para quien las pruebas producidas en autos -especialmente la pericia médica y las declaraciones testimoniales- resultaron suficientes para acreditar que los agentes de riesgos a los que estuvo expuesto el trabajador, incidieron directa e indirectamente en las enfermedades que padece, y que le generan una incapacidad física y psíquica.
III.2.b. En particular, y ante el reproche que gira en torno a la pericia médica, así como a su ponderación, corresponde memorar que, en la tarea de valoración de las mismas, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 123.180, "Beron", resol. de 4-III-2020; L. 123.755 y L. 125.422, cits.), el cual, como se anticipó, no logra ser acreditado.
III.3. No mejor suerte ha de seguir el cuestionamiento formulado en torno a la fecha que debe tenerse en cuenta para fijar el inicio del cómputo de los intereses.
Sin perjuicio de la insuficiencia que denota el agravio en este aspecto, cabe advertir que lo decidido por el a quo coincide con el criterio de este Tribunal conforme el cual es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 123.156, "Butron", resol. de 4-III-2020 y L. 123.180, cit.).
III.4.a. Por último, deviene inatendible el agravio relativo a los estipendios fijados por el juzgador de origen -que la recurrente considera elevados- pues sabido es, que la regulación de los honorarios judiciales de los profesionales no es revisable en casación, ya sea en lo que atañe a su monto como respecto a las bases adoptadas para fijarlos, salvo circunstancias excepcionales que no han sido siquiera invocadas en la especie (causas L. 120.822, "Chavez", resol. de 11-X-2017; L. 123.156 y 123.755, cits.).
III.4.b. En cuanto al cuestionamiento relativo a las costas, dable es recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que su imposición y distribución constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 121.962, "Gimenez", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.156, "Puzzolo", resol. de 4-III-2020), supuesto que no se presenta en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario traído por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/05/2021 15:24:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/05/2021 10:23:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2021 11:39:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2021 15:23:53 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2021 08:14:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia