Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125274
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la parte actora, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2Denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la accionada, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley cit.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Carlos Alberto Flaquer y condenó a Provincia ART S.A. al pago de la suma que especificó en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo. Por el contrario, la rechazó en cuanto procuraba la reparación integral, por daños y perjuicios, con fundamento en el derecho común (v. fs. 263/271).
Para así decidir, en lo que resulta de interés, señaló que el actor padece, en relación causal con el trabajo, una incapacidad psicofísica del 30% del índice de la total obrera, aunque juzgó no acreditados los extremos que tornan viable la pretensión con fundamento en el derecho civil.
De otro lado, acogió el reclamo en los términos del sistema de riesgos del trabajo (arts. 3, ley 26.773; 8 y 14, ley 24.557), puntualizando que la fecha de la primera manifestación invalidante tuvo lugar en el mes de julio de 2017, es decir con posterioridad a la sanción de la ley 27.348, normativa que entendió de aplicación al caso. Con sustento en ella, estableció el ingreso base mensual (IBM). Luego, dispuso adicionar intereses, desde la fecha del siniestro y hasta el efectivo pago, conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina en los distintos períodos de aplicación en virtud de lo establecido en el art. 12 de la ley 24.557 (texto según la citada ley 27.348).
II. Contra dicho pronunciamiento ambas partes dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 26-IX-2019 y 31-X-2019), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 291 y vta. y 304 respectivamente.
III. En la vía articulada por la legitimada activa (v. presentación del 31-X-2019), la interesada denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de la doctrina legal que cita. En lo sustancial, se agravia de la decisión de grado en cuanto rechazó el reclamo fundado en la responsabilidad civil de la demandada. Sobre esta premisa, postula que el fallo carece de fundamentación y que el juzgador incurrió en una errada valoración de la prueba producida, en particular, de la testimonial.
III.1. El recurso no ha de prosperar.
III.2.a. De modo liminar, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que tanto el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso como la determinación relativa a si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo, que debe ser demostrado por el recurrente (causas L. 120.234, "Romano", resol. de 17-IV-2019; L. 122.785, "Barreiro", resol. de 30-X-2019 y L. 123.679, "Calandro", resol. de 1-VI-2020).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII- 2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
En la especie, el cuestionamiento ensayado no es hábil para demostrar su existencia, en cuanto las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse los elementos probatorios agregados a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019).
En definitiva, el recurrente sólo exhibe su disconformidad con la decisión adoptada sin hacerse cargo de desvirtuar las motivaciones sobre las que se estructura el pronunciamiento, relacionadas a la omisa acreditación de los presupuestos que autoricen la aplicación del art. 1.074 del Código Civil (ley 340).
III.2.b. Recuérdese -además- que la apreciación, jerarquización y selección de la prueba aportada a la causa es atribución privativa del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020; L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
III.2.c. Por lo demás, sabido es que en el proceso laboral, la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.380,"Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020), que -como se dijo- no se ha demostrado.
IV. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la legitimada pasiva (v. presentación del 26-IX-2019), ésta cuestiona al tribunal actuante que, al tiempo de liquidar la prestación haya aplicado la ley 27.348 a un accidente ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, lo que -sostiene- recién ocurrió a partir de la adhesión efectuada a través de la ley 14.997. Plantea, asimismo, que lo decidido resulta contrario con lo dispuesto por la Corte de Suprema de Justicia de la Nación en el conocido precedente "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial".
Alega que, de todos modos, la ley fue erróneamente actuada, pues no se deriva de ella que la cuantía de la reparación deba sujetarse a la aplicación de la tasa activa. Para más, sostiene que este tramo de la decisión resulta contraria a la doctrina legal de esta Suprema Corte.
IV.1.a. En primer lugar, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado, ni cuantificó su importe, incumpliendo de este modo con la carga procesal que tiene de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.673, "Fieres", resol. de 20-IX-2017; L. 122.894, "Casa", resol. de 14-VIII-2019; L. 124.457, "Ramos", resol. de 3-VIII-2020 y L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021).
Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
IV.1.b. Desde esta perspectiva, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
Se impone esa conclusión, toda vez que la recurrente omite citar como transgredida doctrina legal, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía excepcional de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
Resta agregar que los precedentes emanados de la Corte de Justicia de la Nación, no resultan idóneos para habilitar el estrecho marco de excepción señalado supra , pues -sabido es- no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la parte actora, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2. Denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la accionada, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley cit.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:29:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:44:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2021 23:38:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 10:58:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 16:10:32 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:40:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia