Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126726
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Soria dijeron:
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zarate-Campana, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Mario Eduardo Paiva y, en consecuencia, condenó a La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -hoy Experta ART S.A.- a abonar la suma que especificó, en concepto de indemnización por incapacidad laboral parcial y permanente. Sobre dicho monto, ordenó liquidar intereses según la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aire (v. pronunciamiento de fecha 30-IX-2020).
Para así decidir, en lo que interesa, consideró probado el vínculo causal entre las tareas que realizaba la actora y las afecciones que padece fijando la incapacidad en un 63,76 % del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-X-2020), el que fue concedido por el tribunal de grado (v. resolución del 23-X-2020).
En esencia, sostiene que no existen elementos en la causa que justifiquen la determinación del porcentaje de incapacidad establecido, y menos aún para concluir que dichas afecciones tienen relación de causalidad con el trabajo realizado por el actor.
En tal sentido, observa que del material probatorio surge acabadamente probado que las patologías del trabajador son crónicas, inculpables y degenerativas. Manifiesta, además, que las afirmaciones del perito médico carecen de sustento científico serio.
Finalmente, se agravia de la tasa de interés fijada por el a quo .
III.1. El recurso intentado ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Al respecto, cabe recordar, en primer lugar, que tiene dicho esta Corte que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador, constituye el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de grado, no susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 116.862, "Rojas", sent. de 5-III-2014; L. 107.471, "López", sent. de 30-XI-2014 y L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020).
En el caso, el a quo -ejerciendo facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- evaluó en forma pormenorizada la prueba producida, incluida la pericia médica que la interesada denuncia como erróneamente ponderada, y sobre tales premisas estableció la incapacidad del trabajador.
Tal conclusión no logra ser descalificada por la impugnante, pues su crítica no controvierte de modo frontal, concreto y eficaz la esencial motivación del fallo recurrido, en tanto apartándose de la línea argumental de éste -desatendiendo así su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada (causas L. 96.681, "Desteffaniz", sent. de 18-VIII-2010; L. 101.312, "Escobar", sent. de 28-XII-2011 y L 122.707, "Ostapowicz", resol. de 2-XI-2020).
Además, la interesada no denuncia la existencia del mentado vicio de absurdo, debiendo recordarse que es técnicamente defectuoso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la interpretación efectuada por el tribunal de la instancia ordinaria en función que le compete privativamente, omitiendo la invocación del mencionado yerro sentencial (art. 279, CPCC y su doctrina; causas L. 82.788, "Martínez", sent. de 27-XI-2006; L. 117.843, "Dimenna", resol. de 27-V-2015 y L. 124.769, "Gravante", resol. de 2-III-2021).
III.3. A mayor abundamiento, es del caso recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte (causas L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014; L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016 y L. 125.047, "Hastoy", 9-XII-2020).
IV. Tampoco puede prosperar la crítica por la que se cuestiona la tasa de interés pasiva más alta aplicada por el tribunal de grado al capital de condena.
Al respecto, corresponde destacar que en la causa L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016, esta Suprema Corte -por mayoría-, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905, "Galván", resol. de 26-X-2016; L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016; L. 119.603, "Quetglas", sent. de 6-XI-2019 y L. 124.783, "Martínez", resol. de 24-VIII-2020.
Siendo así, en el contexto de las circunstancias reseñadas, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas que me preceden y, respecto de lo resuelto en relación a la tasa de interés remito -en honor a la brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. L. 118.587, "Trofe", y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016, y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:34:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:41:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2021 23:40:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 21:03:41 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:42:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia