Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126255
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y la defensa de falta de legitimación pasiva incoada por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida por Alejandra Fabiana Reimer en concepto de indemnización por daños y perjuicios en los términos del Código Civil (v. copia del pronunciamiento adjunta al despacho de fecha 28-IV-2021).
Para así decidir, tras evaluar en conciencia las pruebas producidas, entendió que la misiva enviada por la accionada fue desconocida por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y, por ende, fue tenida por no recibida. Ante ello concluyó que había transcurrido en exceso el plazo bienal, por lo que la acción se encontraba prescripta.
Asimismo, juzgó que Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. no resulta ser responsable para afrontar las consecuencias indemnizatorias reclamadas por la actora en los términos del art. 1.074 y siguientes del anterior Código Civil.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-XII-2019) el que fue concedido por el a quo (v. copia de la providencia adjunta al despacho de fecha 28-IV-2021).
En su escrito recursivo relata los antecedentes de la causa, denuncia absurdo, cita las normas y la doctrina que considera violadas.
En lo esencial, alega que el sentenciante de grado omitió el tratamiento de los argumentos formulados por su parte al contestar el traslado de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., argumenta que el codemandado tuvo a su cargo el control de la prevención en materia de higiene y seguridad en el trabajo, por lo que sus incumplimientos lo tornan responsable en los términos del artículo 1.074 Código Civil.
Por otro lado, se agravia respecto del acogimiento de la excepción de prescripción en favor del Fisco de la Provincia. Afirma que el Tribunal se limitó a analizar la documental producida por la codemandada y no la de su parte. En este sentido, afirma que la prescripción no operó, pues la actora nunca tuvo la intención de abandonar su derecho, a tal punto que puso en mora al deudor, por medio de un telegrama enviado por el Correo Argentino.
Finalmente cuestiona la imposición de las costas.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, e invirtiendo el orden de los agravios por razones metodológicas, cabe recordar que esta Corte ha dicho que, determinar el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 121.452, "Ford", resol. de 4-VII-2018; L. 122.895, "Ríos", resol. de 18-IX-2019 y L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020).
En el caso, la recurrente no cumplió con la carga de acreditar el absurdo alegado, habida cuenta que las objeciones que formula, en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, basadas en meras apreciaciones personales y poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento, resultan ineficaces para conmover la decisión respecto al acogimiento a la excepción de prescripción opuesta por el Fiscal de Estado en representación de la Provincia de Buenos Aires que, en forma privativa, el juzgador estableció en el fallo (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019).
Recuérdese además que la apreciación, jerarquización y selección de la prueba aportada a la causa es atribución privativa del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020; L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
III.2. Tampoco puede tener prosperar el cuestionamiento vinculado en torno a la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y acogida por el sentenciante.
En tal sentido, el órgano judicial de grado, juzgó, que la citada aseguradora no resultó ser la legitimada pasiva para afrontar las consecuencias indemnizatorias reclamadas en autos por la actora en los términos del art. 1074 del Código Velezano, desde que a la fecha de la determinación de la incapacidad (6-VII-2010) el contrato con la Provincia de Buenos Aires estaba rescindido por decreto 3858/07 y aprobado el autoseguro por resolución conjunta de la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a partir de lo cual Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. se convirtió en una mera gestora del régimen de autoseguro.
Esta esencial motivación del fallo no logra ser desvirtuada por la recurrente que se limita exponer su disconformidad con la solución adoptada, sin cumplir con la carga de cuestionar frontal, eficaz y pormenorizadamente las conclusiones que dotan de sustento al pronunciamiento que ataca. Así, la crítica se desdibuja en cuestionamientos laterales y fragmentados, sin contener una réplica adecuada, concreta e integral sobre las motivaciones del fallo, de las cuales se desentiende (L. 121.714, "Emanuelli" resol. de 13-II-2019 y L. 121.802, "Pérez", resol. de 27-II-2019).
Por lo demás, cabe recordar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar la denuncia por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, pues tal impugnación es materia propia del de nulidad (causas L. 122.019, "Soria", resol. de 10-IX-2019; L. 123651, "Waisman", resol. de 26-XII-2019 y L. 124.434, "Cejas", resol. de 22-X-2020).
III.3. Finalmente, el reproche formulado respecto a la imposición de las costas, resulta manifiestamente insuficiente.
En efecto, en reiteradas oportunidades ha sostenido esta Corte que la distribución e imposición de las costas, así como su eximición (total o parcial), constituyen atribuciones privativas del tribunal del trabajo y -por lo tanto- no son revisables en casación, salvo absurdo, vicio que se configura si se invoca -y demuestra- una burda o evidente iniquidad en las pautas utilizadas o la alteración de la calidad de vencido (causas L. 121.758, "Torales", resol. 21-XI-2018; L. 124.138, "Garen", resol. de 15-IV-2020 y L. 123.662, "Cacabellos" resol. de 27-V-2020).
Los indicados extremos no se verifican en la especie, desde que la recurrente -a través de su denuncia- no pasa de exteriorizar una mera disconformidad en orden al criterio de aplicación seguido por los jueces de origen.
Para más, conviene recordar que el beneficio de gratuidad consagrado en la legislación laboral no impide la imposición de costas al vencido, sino que sus efectos sólo se proyectan de pleno derecho como un eximente de pago hasta que mejore de fortuna (causas L. 89.615, "Ortigosa", sent. de 28-V-2008; L. 93.926, "Segovia", sent. de 28-V-2010; L. 106.545, "Falcón", sent. de 24-IV-2013; L. 100.830, "Abelen", sent. de 3-XII-2014 y L. 121.320, cit.).
IV. Para más, tampoco resulta hábil la denuncia de violación de doctrina que la quejosa efectúa en el medio de impugnación traído, pues no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refiere a situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.499,"Cabrera", resol. de 16-VI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:01:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:53:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 23:09:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 11:10:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 13:36:43 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 14:09:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia