Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126347
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por Camuzzi Gas Pampeana S.A. y, en consecuencia, rechazó la acción iniciada por Oscar Alberto Garzo en cuanto pretendía una reparación integral por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común (v. pronunciamiento de fecha 28 de julio de 2020).
Para así decidir, juzgó que, al tiempo de interponerse la acción, ya había fenecido el plazo fijado en el art. 4.037 del anterior Código Civil, sin que se produjeran actos suspensivos válidos del curso de la prescripción.
II. Frente a lo así resuelto, se alza el legitimado activo con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 3 de agosto de 2020), el que fue concedido por el a quo (v. resolución electrónica de 20 de agosto de 2020).
En su presentación, denuncia absurdo y la vulneración de las normas y la doctrina que cita.
La impugnación se dirige a objetarle al juzgador de origen su conclusión vinculada con que la demandada nunca fue puesta en mora respecto de la acción por daños y perjuicios.
Al respecto, señala que el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, y que la notificación telegráfica cursada al empleador constituye una forma auténtica de interpelación en los términos del art. 3.986 del anterior Código Civil.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, cabe señalar que esta Corte ha declarado que determinar el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 117.646, "Miranda", resol. de 23-XII-2014; L. 121.452, "Ford", resol. de 4-VII-2018 y L. 125.171, "Palacios", resol. de 2-III-2021).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014; L. 118.381, "Pare", resol. de 15-IV-2015; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
III.2. En la especie, el interesado se limita a reiterar algunos conceptos introducidos al responder el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653 (v. fs. 282/284 vta.), sin concretar una réplica idónea a los fines de descalificar lo decidido en la instancia de origen.
III.2.a. En efecto, el tribunal de grado juzgó que el plazo prescriptivo debía contarse a partir del día 23 de noviembre de 2013 -oportunidad en que se produjo la primera manifestación invalidante-, y que al tiempo de deducirse la acción (6-VI-2016) el plazo bienal del art. 4.037 del Código Civil se encontraba cumplido.
En ese contexto fáctico, señaló que no le asistía razón a la parte actora al invocar la remisión de la carta documento del 12 de febrero de 2014 como un acto suspensivo del plazo de prescripción, dado que no contenía una interpelación efectiva a la empleadora respecto del reclamo de daños y perjuicios incoado, sino que simplemente la intimaba a denunciar la enfermedad a la aseguradora, solo haciendo mención a las indemnizaciones de la ley 24.557.
III.2.b. Esta esencial conclusión del fallo no logra ser conmovida por el recurrente, quien, si bien invoca absurdo, en su exposición no consigue evidenciarlo, desde que -en rigor- sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 100.928, "González", sent. de 21-IV-2010; L. 122.275, "Sosa", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.703, "Canollan", resol. de 28-VIII-2020).
A través de la reiteración de los argumentos expuestos en la instancia anterior, el recurrente no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido por el juzgador de grado, pues sólo exteriorizan una mera discrepancia con el pronunciamiento de origen en torno a la definición fáctica censurada, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las constancias de autos, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del mencionado vicio de absurdo (causas L. 118.271, "Lugo", resol. de 5-XI-2014; L. 118.305, "Ciarelli", resol. de 11-II-2015; L. 122.376, "Iñiguez", resol. de 5-VI-2019 y L. 123.652, "Zalazar", resol. de 8-VII-2020).
Por lo demás, cabe señalar que no se configura la violación de doctrina legal establecida en los precedentes de esta Corte citados en el escrito recursivo, pues ha sido elaborada sobre la base de disímiles presupuestos fácticos (causas L. 91.410, "Karlen", sent. de 1-IV-2009; L. 99.752, "Buldorini", sent. de 30-VI-2010; L. 119.932, "Ortiz", resol. de 23-V-2017 y L. 124.769, "Gravante", resol. de 2-III-2021).
Finalmente, debe señalarse que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia que se trata (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018; L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:01:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:53:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 23:08:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 11:10:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 13:36:17 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 14:09:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia