Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126508
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda deducida por Gisela Natalia Gorjón contra Federación Patronal Seguros S.A. en concepto de las prestaciones dinerarias establecidas en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 350/366).
Para así decidir, juzgó que la actora no había probado el nexo causal adecuado respecto del accidente de trabajo invocado, ni tampoco en relación a la enfermedad profesional.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 377/389), el que fue concedido por el tribunal de grado a fs. 406 y vta.
En su impugnación, denuncia absurdo y arbitrariedad en la apreciación de las pruebas y violación del principio de congruencia, así como de las normas y garantías constitucionales que cita. En ese sentido, afirma que la sentencia no ha sido debidamente fundada, al tiempo que se agravia de la decisión del tribunal en cuanto, invirtiendo la carga de la prueba, puso en cabeza de la trabajadora la carga de acreditar el hecho denunciado, en violación al decreto 1.475/15. Además, sostiene que el a quo prescindió de dar tratamiento al daño psicológico y auditivo reclamado por su parte en el escrito de demanda.
Por otro lado, objeta que el sentenciante se haya apartado de la pericia médica efectuada por el doctor Salvucci, requiriendo la realización de una experticia nueva en oportunidad de la celebración de la audiencia de vista de causa. Finalmente acusa gravedad institucional.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado.
III.1. De modo liminar, dado que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por las que la recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 122.785, "Barreiro", resol. de 30-X-2019 y L. 123.679, "Calandro", resol. de 1-VI-2020).
III.2. Sentado lo expuesto, corresponde destacar que esta Corte ha declarado que determinar si existe relación causal entre las tareas desempeñadas por el trabajador -o el medio ambiente en que se desarrollaron-, y la incapacidad que éste invoca padecer y, en general, el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 121.315, "Macheroni", resol. de 11-VII-2018; L. 122.589, "Estévez", resol. de 11-XII-2019 y L. 124.720, "Allerbón", resol. de 29-VI-2020).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
En el caso, la impugnante no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los escritos constitutivos del proceso y las pruebas aportadas, poniendo de manifiesto -tan solo- su disconformidad con la solución alcanzada. Reiteradamente ha dicho esta Corte que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.883, "Couto", resol. de 16-X-2020; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, cit.).
Asimismo, cabe indicar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), el cual -como se dijo- no ha sido demostrado.
III.3 Tampoco se observa la concurrencia del déficit denunciado respecto del principio de congruencia.
Ello así, por cuanto éste importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e implica que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, de manera tal que dicho principio resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, sin que las partes hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 123.729, "Martin", resol. de 1-VI-2020 y L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020), situación que no concurre en el caso.
Por el contrario, de la lectura del escrito postulatorio y del pronunciamiento objetado, revela que el sentenciante hubo de ceñirse al pedimento articulado en la demanda respecto de las personas, el objeto y la causa de la pretensión, circunstancia que despeja la posible vulneración del mentado principio procesal (causas L. 122.010, "Cuello", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.679, "Calandro", resol. de 1-VI-2020).
III.4. Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, la impugnante no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi, impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 124.364, "Benavidez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.5. Cabe agregar, que no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
III.6. Finalmente, sobre la pretendida gravedad institucional invocada, se impone señalar que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera existencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la presencia de una con las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la misma, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (causas L. 123.376, "Parolini", resol. de 14-VIII-2019 y L. 124.132, "Velázquez", resol. de 23-IX-2020; CSJN, Fallos: 303:221).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:02:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:53:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 23:08:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 11:09:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 13:35:34 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 14:09:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia