Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126241
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en lo que interesa, hizo lugar a la demanda promovida por Gerardo Ariel Maidana y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de las prestaciones dinerarias establecidas en la ley 24.557 (conf. ley 26.773) y tratamiento médico y psicológico. La rechazó, en cambio, en cuanto le había sido imputada responsabilidad en los términos del art. 1.074 del Código Civil (ley 340).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó que el actor no acreditó el alegado incumplimiento de la aseguradora accionada respecto de sus obligaciones de prevención y control, o que le hubiera brindado prestaciones deficientes que tuvieran relación de causalidad con los daños derivados de las patologías que padece (v. sent. de fs. 209/229 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 233/243), el que ha sido concedido por el a quo (v. resol. de fs. 246/247).
En esencia, cuestiona la decisión de grado, con arreglo a la cual se liberó de responsabilidad indemnizatoria a la aseguradora demandada en los términos del derecho común. En ese orden, bajo la denuncia de absurdo, ausencia de fundamentación y violación de la doctrina legal que invoca, cuestiona la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de origen, en cuanto hubo de considerarla ineficiente para acreditar los incumplimientos denunciados. En apoyo de su postura, controvierte la apreciación de las declaraciones testimoniales y el informe médico, objetando, a la par, el análisis que llevó a cabo el a quo respecto de la ausencia de prueba pericial técnica.
Sostiene, asimismo, que el juzgador le atribuyó erróneamente la carga de acreditar que la accionada no había adoptado las medidas de seguridad que hubieran impedido el daño.
Por otro lado, se agravia de la condena en costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe señalar que esta Corte reiteradamente ha declarado que el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si existe relación causal entre los incumplimientos atribuidos a la aseguradora de riesgos del trabajo en materia de prevención y control y las consecuencias dañosas derivadas del infortunio sufrido por el trabajador, constituyen cuestiones privativas de los magistrados del trabajo, irrevisables en la instancia extraordinaria, salvo cabal demostración de absurdo (causas L. 116.582, "P., M. M.", sent. de 26-III-2015 y L. 120.052 "V., C.", sent. de 19-IX-2018).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2. En el caso, el impugnante no satisface la carga que pesa sobre él de evidenciar el error invocado con virtualidad para descalificar la esencial motivación a la que arribó el juzgador de grado, para quien, en la especie, medió un déficit probatorio por parte del accionante en orden a aportar los elementos de juicio necesarios que hubieran permitido establecer los presupuestos de la acción entablada al amparo del art. 1.074 del Código Civil. En efecto, la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió apreciar la prueba producida en el proceso.
Desde esta perspectiva, conviene señalar que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz del razonamiento desplegado por los magistrados de origen. Esta tarea no se cumple cuando -como en el caso- el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante, desentendiéndose así de la réplica frontal de las motivaciones esenciales expuestas en el pronunciamiento objetado (causas L. 118.715, "Avanzi", sent. de 24-V-2016; L. 119.914, "A., D. A", sent. de 22-VI-2020 y L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020).
Establecido lo anterior, pierde entidad la petición que se modifique la atribución de las costas por la pretensión desestimada.
No obstante, frente a las demás argumentaciones ensayadas, cabe señalar que la imposición y distribución de las erogaciones del juicio constituye una atribución privativa de los jueces de mérito, exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo, que sólo se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 119.555, "Bocca", sent. de 15-VIII-2018; L. 120.185, "Rezzónico", sent. de 19-IX-2018 y L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020), presupuestos no verificados en autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presi-dencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/06/2021 16:55:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/06/2021 19:09:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2021 12:23:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 09:38:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 11:21:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia