Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121053
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.053, "Angulo Estrada, Hernán Felipe contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 243/250 vta.).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 258/281), siendo denegado el primero y concedido el segundo por el órgano de grado (v. fs. 283 y vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, el señor Hernán Felipe Angulo Estrada contrajo una enfermedad profesional diagnosticada como "disfonía funcional irreversible" -denunciada ante la aseguradora el 20 de agosto de 2010-, por la cual el día 1 de enero de 2013 la Comisión Médica le asignó una incapacidad del 16,75% del índice de la total obrera, percibiendo en dos pagos -con fecha 17 de enero de 2013 y 4 de febrero de 2013- la suma total de $86.022,04, en concepto de prestación por incapacidad parcial permanente (v. vered., fs. 243 y vta.).
Estableció el valor mensual del ingreso base, teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas por el actor en el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante, en la suma de $9.218,39; y mediante el cómputo de los rubros considerados como no remunerativos determinó el guarismo en $9.805,41 (v. vered., fs. 244).
Declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en cuanto sólo incluye en el cálculo del ingreso base mensual los ingresos sujetos a aportes y contribuciones (v. sent., fs. 246 vta. y 247), por desatender la verdadera ganancia del trabajador en los términos del art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo -con apoyo en los fallos de la CSJN "Pérez c/ Disco S.A." y "González c/ Polimat S.A."-.
En lo que resulta de interés, desestimó la objeción constitucional efectuada por la accionante al citado art. 12 del régimen de infortunios laborales en lo concerniente al período computable de las remuneraciones que integran el cálculo del ingreso base, es decir, las devengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante. Al efecto, señaló que "...luego de la ‘primera manifestación invalidante’ se da comienzo a un trámite ante la ART que (más allá de distintos cuestionamientos valorativos que no son definitorios en autos) pueden estar constituidos por sustituciones de salarios (ILT), gastos emergentes (prestaciones en especie), etc., a cargo de la ART. Éstas -como ha reconocido la propia accionante- han existido. La trabajadora gozó de licencias, prestaciones en especie y sustitución de salarios" (sic., sent., fs. 247).
Con arreglo -entonces- al ingreso así determinado ($9.805,41) y al porcentaje de incapacidad ya definido, fijó el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 en la suma de $97.493,23 ($9.805,41 x 53 x 1,12 x 16,75%; v. sent., fs. 248 vta.).
Luego, sobre tal valor, descontó los $86.022,04 percibidos, alcanzando un monto final de $11.471,19 (v. sent., últ. fs. cit.).
Finalmente, dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena desde la exigibilidad del crédito -la que consideró que correspondía con la fecha del dictamen médico que determinó la incapacidad el trabajador (10 de enero de 2013) y hasta la del efectivo pago- a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito (pasiva) a través del sistema "Banca Internet Provincia" a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 248 vta./249 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el legitimado activo denuncia una errónea interpretación de la ley 24.557.
II.1. En primer lugar, objeta que se haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
Señala que el resarcimiento abonado por Provincia ART S.A. resultó absolutamente insuficiente para reparar su pérdida de capacidad de ganancia, ya que fue calculado en función de una base salarial que no tenía relación con los haberes mensuales que percibía al momento en que se produjo dicho pago.
Alega que la única responsable por la demora en la determinación de la incapacidad del trabajador fue la aseguradora, debido a que, una vez otorgada el alta médica, esta última no impulsó el trámite ante las Comisiones Médicas, tal como lo dispone la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 744/03 (v. rec., fs. 275).
Agrega que este incumplimiento trajo aparejado la "pulverización" de su crédito laboral, en virtud del proceso inflacionario existente durante el tiempo transcurrido.
Sostiene que el citado art. 12 no establece ningún mecanismo de actualización o recomposición salarial, por lo que, ante un eventual incremento salarial con posterioridad al siniestro o aparición de la enfermedad profesional no tiene efecto alguno en el cálculo del ingreso base. De este modo -explica-, se presenta la situación absurda en la que un trabajador que padece una enfermedad inculpable se encuentre en mejor condición que aquel otro que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en tanto el primero percibe todos los aumentos salariales producidos durante el período de suspensión de sus servicios.
Denuncia que dicha norma infringe los principios constitucionales de igualdad ante la ley y alterum non laedere , así como el derecho de propiedad (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.), en tanto las indemnizaciones deben procurar una reparación equitativa. Cita en apoyo de su postura varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Nación (v.gr. "Aquino", "Milone", "Ascua", etc.; v. fs. 275 vta. y 276).
II.2. Por otro lado, cuestiona que la fecha de inicio del cómputo de los acrecidos haya sido el día en que la Comisión médica fijó la incapacidad laboral del trabajador (10 de enero de 2013), pues -argumenta- los intereses debieron fijarse desde la fecha de la primera manifestación invalidante (20 de agosto de 2010). Cita, en sustento de su posición, distintos precedentes emanados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (v. fs. 277/279 vta.).
II.3. Finalmente, sostiene que la sentencia de grado viola la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 36.062, "Durand de Bazan", sentencia de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira", sentencia de 6-XII-1988, donde -en el marco de la ley 9.688- se estableció que el salario determinado en atención a un período anterior a la época en que el trabajador adquirió conocimiento de la incapacidad que lo afecta, debe traducirse a valores constantes hasta esta última fecha.
Asimismo, manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedor el trabajador es una deuda de valor, por lo cual "...para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros..." se deben tener en cuenta "...los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no un salario anclado a la fecha de la primera manifestación invalidante..." (v. fs. 280).
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 116.461, "Arriola", sent. de 31-VII-2013; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; e.o.).
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que el agravio dirigido a rebatir el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348- (en cuanto ordena calcular el ingreso base tomando como módulo los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2.478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
De modo tal que los agravios ensayados habrán de analizarse en el marco de excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, con la salvedad de aquel dirigido a cuestionar la definición de grado que descartó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -respecto al período computable para el cálculo del ingreso base-.
III.2. Sentado ello, el reclamo ut supra señalado debe ser rechazado, en tanto el impugnante no se hace cargo de rebatir los argumentos que brindó el tribunal de grado para resolver sobre el punto (v. sent., fs. 179 vta.; causas L. 119.725, "Mogliani" y L. 119.400, "Novoa", sentenciadas en la misma fecha).
III.2.a. Por un lado, cuadra señalar que, utilizando una técnica recursiva equivocada, el recurrente pretende que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) por el que considera más adecuado a sus intereses (a la fecha en que se efectuó el pago por Provincia ART S.A.), limitándose a señalar que el precepto impugnado viola los arts. 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional (v. fs. 275 vta. y 276), más soslaya fundamentar, con la profundidad que es exigible a un planteo dirigido a descalificar la validez constitucional de una norma legal, de qué manera habrían sido conculcadas en el caso dichas garantías constitucionales.
Al respecto, ha declarado este Tribunal que debe ser desestimado por insuficiente el planteo de inconstitucionalidad si la articulación ha sido vertida de manera genérica, incumpliendo el interesado con la carga impugnatoria que le es propia (causas B. 57.842, "Antonietti", sent. de 23-V-2001; L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012; e.o.).
III.2.b. Por el otro, objeta que la norma no prevé un mecanismo de ajuste por depreciación monetaria, pero deja incuestionado los argumentos explicitados por el juzgador de origen: a) que la reparación tarifada de la Ley de Riesgos del Trabajo, si bien originariamente intenta resarcir un valor, constituye deuda de dinero; y b) que las leyes 23.928 y 25.561 -en el caso incuestionadas- prohíben expresamente la indexación de los créditos, normas cuya validez constitucional ha sido convalidada por la Corte nacional (v. fs. 247 vta. y 248; causas L. 85.591, "Fernández", sent. de 18-VII-2007; L. 89.957, "Marino", sent. de 4-VI-2008; L. 92.297, "Ferreyra", sent. de 23-III-2010; L. 101.512, "Alanis", sent. de 21-III-2012; e.o.), lo que sella la suerte adversa del agravio.
III.3. El cuestionamiento que refiere al momento a partir del cual el a quo dispuso la aplicación de intereses, es inadmisible.
En el marco excepcional previsto por el art. 55 de la ley 11.653, corresponde el rechazo de la crítica dado que no se ha denunciado a su respecto la vulneración de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por dicha vía (causas L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014 y L. 118.436, "Llanos", sent. de 15-VI-2016).
Resta decir que la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte, y no la que proviene de los fallos de otros tribunales (causas L. 101.885, "V., N. N.", sent. de 10-III-2011 y L. 96.241, "Montoya", sent. de 9-V-2012); ni la que emana de la opinión de los autores (causas L. 115.342, "Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA)", resol. de 5-IV-2013 y L. 118.054, "Lima Pintado", resol. de 24-IX-2014).
III.4. Finalmente, cabe desestimar el agravio fundado en la denuncia de violación de doctrina legal (causas L. 36.062, "Durand de Bazan", sent. de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira", sent. de 6-XII-1988), en tanto no resultan de aplicación en la especie, pues han sido elaboradas sobre la base de presupuestos jurídicos diversos a los verificados en autos (causas L. 91.414, "Fulco", sent. de 19-X-2011; L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012; L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015; e.o.).
Asimismo, en cuanto entiende infringida la delineada en la causa "Ac. 44.415 10/11/07" (v. fs. 280), cabe advertir que los datos aportados no permiten individualizar correctamente dicho pronunciamiento.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Bajo las reflexiones que plasmé respecto del agravio tocante al art. 12 de la ley 24.557 en oportunidad de emitir mi opinión en las causas L. 119.400, "Novoa" y L. 120.617, "Prieto" (sentenciadas en la misma fecha), similares a la presente y a las que por celeridad remito, habré de adherir al sufragio por mi distinguido colega doctor Genoud.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero con lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en el punto III.1. de su voto y con ello, que aun frente a la insuficiencia del valor de lo cuestionado, el agravio en el cual se plantea la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (conf. texto anterior a la sanción de la ley 27.348 -B.O. de 24-II-2017-), debe tratarse prescindiendo de su cuantía, en tanto la recurrente evidencia al respecto la presencia de una cuestión federal.
I.2. Aclarado ello, considero que, en el caso concreto sometido a análisis, acierta el impugnante al objetar la desestimación del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el IBM.
I.2.a. Quedó acreditado en autos -pericia contable- que el total de las remuneraciones devengadas por el señor Angulo en los doce meses anteriores a la fecha de la primera manifestación invalidante (20-VIII-2010) alcanzan un promedio mensual -incluyendo rubros no remunerativos- de $9.805,41 (v. vered., fs. 244); mientras que si se considera el correspondiente al año anterior a la fecha del pago insuficiente (más de dos años luego) se elevaría hasta $15.753,46 (v. anexo pericia contable, fs. 199).
Desde esa perspectiva de análisis, fácil es advertir que la diferencia entre el valor del módulo salarial y aquel otro calculado al momento del pago insuficiente e, incluso del emergente del salario del mes de febrero de 2013, que se reconoce en la sentencia alcanza una brecha considerable, que se proyecta sobre el importe final de la prestación sistémica.
I.2.b. Para resolver la cuestión aquí debatida, como hube de hacerlo al emitir mi voto en la causa L. 120.521, "Monchiero" (sentenciada en la misma fecha), estimo de utilidad considerar los parámetros que la Corte Suprema de la Nación hubo de aplicar al fallar en el conocido caso "Vizzoti", criterio que este Tribunal -por mayoría- hubo de seguir a partir del precedente L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006), en el que hube de emitir mi voto en primer término.
Recordé en aquella oportunidad que en la citada causa "Vizzoti", la Corte federal declaró que la indemnización por despido injustificado debe -necesariamente- guardar cierta proporcionalidad con el salario que percibía el dependiente antes de la extinción del contrato y que resulta confiscatorio que la base salarial que se utiliza para calcular la indemnización -de acuerdo a las pautas legales- sea inferior a un 67% de la remuneración efectivamente percibida (pauta porcentual que remite a jurisprudencia del Alto Tribunal relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el 33% de la remuneración). En ese sentido, ha sostenido -en criterio que comparto- que no resulta justo ni equitativo que el salario se vea reducido en un porcentaje superior al señalado, estableciendo, por así decirlo, un nuevo límite a la base de cálculo del resarcimiento, diferente del propiciado por el propio art. 245, LCT.
I.2.c. Como adelanté, entiendo que dicho criterio, aun aplicado a una hipótesis diferente y diferenciable de la que aquí nos ocupa, resulta trasladable a un supuesto como el de autos, deviniendo indispensable analizar en cada caso concreto si la prestación asistencial compensa, de modo equitativo y razonable, las expectativas, goces y derechos conculcados por la contingencia.
Así las cosas, advierto que en la especie, la reparación que resulta de aplicar lisa y llanamente el art. 12 de la ley 24.557 -utilizando una base de cálculo harto desactualizada por calcularse sobre las remuneraciones devengadas más de nueve años antes de la fecha de pago-, al exceder holgadamente el porcentual citado, no atempera satisfactoriamente el daño padecido, provocando una injustificada reducción del crédito de carácter alimentario, vulnerando los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional.
I.2.d. En tales condiciones, corresponde en este caso concreto declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en lo relativo al período computable para calcular el ingreso base mensual (IBM), el que deberá determinarse con arreglo al 67% del promedio salarial que percibía el trabajador durante el año anterior a la fecha del pago insuficiente.
I.3. En lo demás, suscribo lo expuesto por el doctor Genoud en los puntos III.3. y III.4. de su voto.
II. Por lo expuesto, si mi propuesta es compartida, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso traído, con el alcance expuesto en el punto I.2.d.
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que practique nueva liquidación, con arreglo a lo que aquí se decide.
Costas por su orden, e
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.