Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120879
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.879, "Caporale, Andrea Laura contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (empleador autoasegurado) y otro/a. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 233/245 vta.).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 253/276), siendo denegado el primero y concedido el segundo por el citado tribunal a fs. 277 y vta.
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Andrea Laura Caporale contrajo una enfermedad profesional diagnosticada como "disfonía funcional irreversible" -denunciada ante la aseguradora el día 6 de octubre de 2004- por la cual -el día 22 de diciembre de 2011- la Comisión Médica n° 10 le reconoció una incapacidad del 20% del índice total obrera.
Asimismo, que Provincia ART S.A. le abonó a la accionante la suma total de $17.340,42 (pagado en dos cuotas: la primera puesta a disposición el día 30 de diciembre de 2011 y la segunda el día 16 de enero de 2012), en concepto de prestación por incapacidad permanente, parcial y definitiva (v. vered., fs. 233 vta./234 vta.).
Declaró también que la consolidación definitiva del daño se produjo en oportunidad de determinarse el porcentaje de incapacidad reconocido por la comisión médica, el día 22 de diciembre de 2011 (v. vered., fs. 234).
En lo que resulta relevante para la resolución de la litis , el juzgador de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (en su versión anterior a la reforma incorporada por la ley 27.348), por no incluir dicha norma (a los fines del cálculo del valor mensual del ingreso base) los rubros denominados no remunerativos (v. sent., fs. 239 vta. y 240). Empero, descartó las objeciones constitucionales efectuadas por la parte actora al citado artículo, en cuanto este ordena calcular el ingreso base tomando como módulo los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante (en el caso: 6 de octubre de 2004), desestimando su pretensión de computar a tal efecto la última remuneración devengada a la fecha en la que la comisión médica fijó la incapacidad (es decir, al 22 de diciembre de 2011).
Sobre ello, expresó que la voluntad del legislador en oportunidad del dictado del citado art. 12 fue fijar un límite concreto y definido sobre la generación de la afección, en donde las partes perfectamente puedan delimitar y cuantificar derechos y obligaciones.
Consideró que la determinación de un eventual resarcimiento con elementos objetivos posteriores a la toma de conocimiento de la invalidez, colocaba a la demandada en una situación de inseguridad jurídica e indefensión. Teniendo en cuenta que la alteración en la salud de la trabajadora provino de hechos anteriores a la primera manifestación invalidante, sostuvo que lo lógico era cuantificar el daño tomando los salarios percibidos en el período en que se fue produciendo.
Agregó que para corregir los efectos nocivos y distorsivos producidos por el paso del tiempo existe la tasa de interés (v. sent., fs. 240 vta.).
A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva prevista en la ley 24.557, condenando a la Provincia de Buenos Aires -en calidad de empleador autoasegurado- a abonar a la actora el importe de $5.829,85, resultante de deducir la suma ya percibida (v. sent., fs. 241).
Finalmente, dispuso calcular los intereses moratorios, desde la fecha en que la aseguradora realizó el pago parcial -30 de diciembre de 2011- y, hasta su efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 243 y vta.).
II. Contra el pronunciamiento de grado se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, mediante el cual denuncia la errónea interpretación y aplicación de la ley 24.557, así como la transgresión de los arts. 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. rec., fs. 269/276).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. Inicialmente cuestiona la definición de grado que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (en la ya indicada versión del texto) en cuanto establece que a los efectos de calcular el valor mensual del ingreso base corresponde promediar los haberes percibidos por la trabajadora durante el año anterior a la primera manifestación invalidante.
Señala que el resarcimiento abonado por Provincia ART S.A. resultó absolutamente insuficiente para reparar su pérdida de capacidad de ganancia, ya que fue calculado en función de una base salarial que no tenía relación con los haberes mensuales que percibía en el momento del pago, tampoco con los percibidos en la fecha de la primera manifestación invalidante (v. fs. 270).
Manifiesta que la única responsable por la demora en la determinación de la incapacidad de la actora fue la aseguradora de riesgos del trabajo, debido a que, una vez otorgada el alta médica, esta última no impulsó el trámite ante las comisiones médicas, tal como lo dispone la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 744/03 (v. fs. 270 vta.).
Agrega que este incumplimiento trajo aparejada la "pulverización" de su crédito laboral, en virtud del proceso inflacionario existente durante el tiempo transcurrido (v. fs. 270 vta. y 271).
Sostiene que el citado art. 12 no establece ningún mecanismo de ajuste del módulo salarial, por lo que, ante un eventual incremento en la remuneración con posterioridad al siniestro o a la aparición de la enfermedad profesional, no tiene efecto alguno en el cálculo del ingreso base. De este modo -explica-, se presenta la situación absurda en la que un trabajador que padece una enfermedad inculpable se encuentre en mejor condición que aquel otro que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en tanto el primero va a percibir todos los aumentos salariales producidos durante el período de suspensión de sus servicios (v. fs. 271 vta.).
Denuncia que dicha norma infringe los principios constitucionales de igualdad ante la ley y alterum non laedere , así como el derecho de propiedad (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.), en tanto las indemnizaciones deben procurar una reparación equitativa. Cita en apoyo de su postura varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v.gr. "Aquino", "Lucca de Hoz" y "Milone"; v. fs. 271 vta. y 272).
II.2. Por otro lado, cuestiona que el a quo haya establecido como fecha de consolidación del daño el día en que la comisión médica fijó la incapacidad laboral de la trabajadora (22 de diciembre de 2011). Refiere que de conformidad a lo establecido por el art. 7 de la ley 24.557 -en el caso-, la consolidación jurídica del mismo se produjo el día en que se otorgó el alta médica a la actora, esto es: el 14 de febrero de 2005.
Objeta también la fecha de inicio del cómputo de los acrecidos establecida por el tribunal de origen, pues -argumenta- los intereses debieron fijarse desde esta última fecha -es decir la del alta médica-. Cita, en sustento de su posición, distintos precedentes emanados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (v. fs. 273/274 vta.).
II.3. Por último, manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedora la trabajadora es una deuda de valor, por lo cual "...para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros..." se deben tener en cuenta "...los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no un salario anclado a la fecha de la primera manifestación invalidante..." (fs. 275).
Asimismo, sostiene que la sentencia de grado viola la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 36.062, "Durand de Bazán", sentencia de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira", sentencia de 6-XII-1988, donde -en el marco de la ley 9.688- se estableció que el salario base de cálculo de las indemnizaciones por accidente de trabajo debía encontrarse actualizado a valores constantes a la fecha en la cual se fijó la incapacidad laboral.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no alcanza el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), por lo cual la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 116.461, "Arriola", sent. de 31-VII-2013; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013 y L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015).
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que el agravio en el cual se plantea la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (en su texto previo a la modificación introducida por la ley 27.348, en cuanto ordena calcular el ingreso base tomando como módulo los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante), ha de tratarse prescindiendo de su cuantía, en tanto el recurrente evidencia al respecto la presencia de una cuestión federal.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
De modo tal que los agravios ensayados habrán de analizarse en el marco de excepción previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, con la salvedad de aquel dirigido a cuestionar la definición de grado que descartó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en su texto original, respecto al período computable para el cálculo del ingreso base.
III.2. Aclarado ello, entiendo que el embate inaugural no es de recibo.
El interesado intenta evidenciar un desencaje constitucional en el mecanismo de fijación del ingreso base mensual previsto en el referido dispositivo de la ley 24.557 (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante), lo hace con un planteo que luce insuficiente a la luz de los recaudos exigibles para transitar con éxito la casación (art. 279, CPCC).
Le endilga al tribunal de grado haber omitido considerar "cuestionamientos constitucionales" que -a su juicio- se habrían formulado en el escrito de demanda. Sin embargo, y aun cuando eventualmente pudiese considerarse que tal objeción se identifica con las causales que son propias de esta concreta vía de impugnación, en modo alguno se encarga de evidenciar la configuración del vicio de absurdo en la ponderación llevada a cabo por el órgano jurisdiccional de la mentada pieza procesal, carga de cumplimiento ineludible a tenor del contenido de la crítica (causas L. 97.912, "Cabrera", sent. de 14-X-2009 y L. 111.903, "Mobili", sent. de 10-XII-2014).
Además, soslaya controvertir las razones que esgrimió el a quo en el pronunciamiento para desestimar el planteo de inconstitucionalidad efectuado en la instancia (v. fs. 240 y vta.). Luego, resulta de aplicación la doctrina legal de este Tribunal que tacha de inhábil al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 94.850, "Vargas", sent. de 3-III-2010; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014 y L. 119.096, "Centurión", sent. de 5-IV-2017).
III.3. Los agravios que refieren a la determinación de la fecha de consolidación del daño y al momento a partir del cual el a quo dispuso aplicar intereses, resultan inatendibles.
Tal como ya lo ha sostenido esta Suprema Corte, en el marco excepcional previsto por el art. 55 de la ley 11.653, corresponde el rechazo de la crítica que contenga el recurso, cuando no se ha denunciado a su respecto la vulneración de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por dicha vía (causas L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014 y L. 118.436, "Llanos", sent. de 15-VI-2016).
Resta decir, en cuanto sustenta la crítica en jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte, y no la que proviene de los fallos de otros tribunales (causas L. 101.885, "V., N. N.", sent. de 10-III-2011 y L. 96.241, "Montoya", sent. de 9-V-2012).
III.4. Finalmente, debe desestimarse el agravio fundado en la denuncia de violación de doctrina legal -causas L. 36.062, "Durand de Bazan", sentencia de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira", sentencia de 6-XII-1988 (v. rec., fs. 275)-, en tanto no resultan de aplicación en la especie, pues han sido elaboradas sobre la base de presupuestos jurídicos diversos a los verificados en autos (causas L. 91.414, "Fulco", sent. de 19-X-2011; L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012 y L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015).
Asimismo, en cuanto entiende infringida la delineada en la causa Ac. 44.415 (sent. de 10-XI-2007), cabe advertir que los datos aportados a fs. 275 no permiten individualizar correctamente dicho pronunciamiento.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. En primer lugar, adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, considero que, en el caso concreto sometido a análisis, acierta el recurrente al objetar la desestimación del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (conf. texto anterior a la sanción de la ley 27.348, B.O. de 24-II-2017), en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el Ingreso Base Mensual (IBM).
I.2.a. Quedó acreditado en autos -pericia contable- que el total de las remuneraciones devengadas por la señora Caporale en los doce meses anteriores a la fecha de la primera manifestación invalidante (6 de octubre de 2004) alcanzan un promedio mensual de $1.109,75; mientras que si se considera el correspondiente al año anterior a la fecha en que la comisión médica determinó la incapacidad (22 de diciembre de 2011, más de siete años luego) se elevaría hasta $5.934,105 (v. vered., fs. 234 vta. y pericia contable, fs. 201/206 -y anexo II acompañado a la experticia de fs. 185 vta.-).
Desde esa perspectiva de análisis, fácil es advertir que, la diferencia entre el valor del módulo salarial que surge de contemplar los doce meses anteriores a la determinación de la incapacidad y del pago insuficiente (diciembre de 2011), y aquel otro que se reconoce en la sentencia, alcanza una brecha considerable, que se proyecta sobre el importe final de la prestación sistémica.
I.2.b. Para resolver la cuestión aquí debatida, como hube de hacerlo al emitir mi voto en la causa L. 120.521, "Monchiero" (sentenciada en igual fecha); estimo de utilidad considerar los parámetros que la Corte Suprema de la Nación aplicara al fallar en el conocido caso "Vizzoti", criterio que este Tribunal -por mayoría- hubo de seguir a partir del precedente L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006), en el que emití mi voto en primer término.
Recordé en aquella oportunidad que en la citada causa "Vizzoti", la Corte federal declaró que la indemnización por despido injustificado debe -necesariamente- guardar cierta proporcionalidad con el salario que percibía el dependiente antes de la extinción del contrato y que resulta confiscatorio que la base salarial que se utiliza para calcular la indemnización -de acuerdo a las pautas legales- sea inferior a un 67% de la remuneración efectivamente percibida (pauta porcentual que remite a jurisprudencia del Alto Tribunal relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el 33% de la remuneración). En ese sentido, ha sostenido -en criterio que comparto- que no resulta justo ni equitativo que el salario se vea reducido en un porcentaje superior al señalado, estableciendo, por así decirlo, un nuevo límite a la base de cálculo del resarcimiento, diferente del propiciado por el propio art. 245 de Ley de Contrato de Trabajo.
I.2.c. Como adelanté, entiendo que dicho criterio, aun aplicado a una hipótesis diferente y diferenciable de la que aquí nos ocupa, resulta trasladable a un supuesto como el de autos, deviniendo indispensable analizar en cada caso concreto si la prestación asistencial compensa, de modo equitativo y razonable, las expectativas, goces y derechos conculcados por la contingencia.
Así las cosas, advierto que, en la especie, la reparación que resulta de aplicar lisa y llanamente el art. 12 de la ley 24.557 en su texto original, al exceder holgadamente el porcentual citado, no atempera satisfactoriamente el daño padecido, provocando una injustificada reducción del crédito de carácter alimentario, vulnerando los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional.
I.2.d. En tales condiciones, corresponde en este caso concreto declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en lo relativo al período computable para calcular el Ingreso Base Mensual (IBM), el que deberá determinarse con arreglo al 67% del promedio salarial que percibía la trabajadora durante el año anterior a la fecha en que la comisión médica determinó la incapacidad.
Y, si bien no se me escapa que el planteo introducido por la impugnante en su escrito de inicio (v.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.