Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118997
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo, María Alicia contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Genoud, Kogan, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 177/186 vta.).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 194/215).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 223/225 vta.), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
Caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, María Alicia Da Rocha Figueiredo contrajo una enfermedad profesional diagnosticada como "disfonía funcional irreversible" (denunciada ante la aseguradora el 13-VIII-2008) por la cual (el día 6-II-2012) la Comisión Médica correspondiente le fijó una incapacidad del 17% del índice total obrera, percibiendo en dos pagos, con fecha 13 de febrero de 2012 y 24 de febrero de 2012, la suma de $26.426,33, en concepto de prestación por incapacidad parcial permanente (v. vered., fs. 177/178).
En lo que resulta relevante para la resolución de la litis, el juzgador de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no incluir dicha norma para el cálculo del valor mensual del ingreso base los rubros denominados no remunerativos (v. fs. 181 vta. in fine /182 vta.). Empero, descartó las objeciones constitucionales efectuadas por la parte actora al citado artículo, en cuanto ordena calcular el ingreso base tomando como módulo los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante (en el caso: 13-VIII-2008), desestimando su pretensión de computar a tal efecto las remuneraciones devengadas en los últimos doce meses anteriores a la fecha de determinación de la incapacidad (en la especie: 6-II-2012).
A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial permanente prevista en la ley 24.557, condenando a la Provincia de Buenos Aires -en calidad de empleadora autoasegurada- a abonar a la actora el importe de $8.232,26, resultante de deducir la suma ya percibida (v. sent., fs. 184).
Finalmente, dispuso calcular los intereses moratorios, desde la fecha de exigibilidad del crédito (6-II-2012) a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 182 vta./184).
II. Contra la decisión de grado se alza la parte actora mediante recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 194/215).
En sustento del primero de ellos, denuncia la transgresión del art. 168 de la Constitución provincial.
Afirma que el juzgador de grado omitió pronunciarse acerca de una cuestión a su criterio esencial, cual es el mantenimiento del módulo salarial base de cálculo de la prestación dineraria a la fecha de fijación de la incapacidad laboral de la trabajadora, de manera de permitir una adecuada reparación del daño y reflejar adecuadamente la pérdida de la capacidad de ganancia de la trabajadora (conf. art. 19, Const. nac.; v. rec., fs. 200).
Sostiene que el tribunal nada dijo acerca de las propuestas de actualización propiciadas, tanto en el escrito de inicio como en el alegato, a saber: i) calcular la indemnización de la trabajadora tomando como referencia el salario mensual "bruto" que, por todo concepto, percibía a la fecha de la primera manifestación invalidante (13-VIII-2008) con más la aplicación de intereses moratorios desde esa fecha y hasta la del efectivo pago que se reputó insuficiente; y ii) ajustar el capital indemnizatorio correspondiente mediante la aplicación del índice RIPTE.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el Subprocurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. El planteo introducido por la accionante no es idóneo para determinar la anulación del pronunciamiento de grado, toda vez que -contrariamente a lo alegado- el tópico que denuncia como preterido ha sido examinado y resuelto por el órgano jurisdiccional de origen, aunque en sentido adverso a las pretensiones de la recurrente, sin que importe a los fines del remedio procesal intentado el acierto o mérito de la decisión (causas L. 89.223, "Jiménez", sent. de 5-III-2008; L. 94.183, "Giorello", sent. de 9-XII-2009; L. 111.216, "López", sent. de 18-IX-2013 y L. 118.182, "Posteraro", sent. de 21-X-2015).
En efecto, el juzgador de la instancia de origen, al resolver el planteo dirigido a objetar la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en cuanto al período computable para el cálculo del valor del ingreso base mensual-, señaló que "...luego de la ‘primera manifestación invalidante’ se da comienzo a un trámite ante la ART que (más allá de distintos cuestionamientos valorativos que no son definitorios en autos) pueden estar constituidos por sustituciones de salarios (ILT), gastos emergentes (prestaciones en especie), etc, a cargo de la ART. Y que la expedición de la Comisión médica está condicionada a su intervención a pedido del interesado, que en autos estuvo motivada por presentación de la actora, recién el 13/10/2011" (sic., sent., fs. 182 vta.). Para más, es dable destacar que el propio recurrente reconoce su tratamiento al señalar que "Sin perjuicio de todos los argumentos ensayados por la parte actora a lo largo de este proceso [...] en la segunda parte del fallo [...] la Sra. Juez preopinante desestimó dicha solución (y cualquier otra)..." (el subrayado me pertenece; rec., fs. 201 vta. in fine y 202).
III.2. Resta indicar que la eventual infracción de las garantías constitucionales que se denuncia (vinculadas a la supuesta "arbitrariedad" del pronunciamiento, al derecho de propiedad y los principios de igualdad ante la ley y alterum non laedere , consagrados en los arts. 16, 17 y 19 de la Constitución nacional) resulta ajena al recurso extraordinario de nulidad (causas L. 87.795, "Carvani", sent. de 24-II-2010; L. 101.558, "Tarascón", sent. de 3-V-2012; e.o.).
IV. Por lo expuesto el recurso extraordinario de nulidad debe ser rechazado; con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres , Borinsky y Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia error de interpretación de la ley 24.557.
En concreto, ensaya los siguientes agravios:
I.1. Objeta que se haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y que, por ese conducto, se desestimara el pedido de calcular el ingreso base tomando en cuenta las remuneraciones devengadas en los doce meses anteriores a la fecha en que se abonó la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial.
Alega que la única responsable por la demora en la determinación de la incapacidad de la trabajadora fue la aseguradora, debido a que, una vez otorgada el alta médica, esta última no impulsó el trámite ante las Comisiones Médicas, tal como lo dispone la resolución de la SRT 744/03 (v. rec., fs. 209 vta. y 210).
Agrega que este incumplimiento trajo aparejado la "pulverización" de su crédito laboral, en virtud del proceso inflacionario habido en ese tiempo transcurrido.
Sostiene que, ante un eventual incremento salarial en el período que transcurre entre la fecha del siniestro y el momento del pago, aquél no tiene efecto alguno en el cálculo del ingreso base, provocando una degradación considerable de su valor.
Denuncia infringidos los principios constitucionales de igualdad ante la ley y alterum non laedere (arts. 16 y 19, Const. nac.), en tanto las indemnizaciones deben procurar una reparación equitativa. Cita en su apoyo varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Nación (v. fs. 211/212).
Manifiesta que, por aplicación del mentado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, se produce una grave afectación del derecho de propiedad de la trabajadora (art. 17, Const. nac.), por cuanto la indemnización que abonó la aseguradora no representó una reparación "equitativa" y "justa" porque su cálculo fue realizado en función de un módulo salarial que no guarda ninguna relación con su nivel de ingresos.
I.2. Por otro lado, critica que el tribunal no haya aplicado el índice RIPTE previsto en la ley 26.773 para "corregir los efectos nocivos y distorsivos producto del paso del tiempo".
Afirma que el legislador nacional, a través de la norma señalada, estableció este mecanismo de ajuste en pos de otorgar razonabilidad y equidad al régimen prestacional especial.
I.3. Finalmente, manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedora la trabajadora es una deuda de valor, por lo cual "...para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros..." se deben tener en cuenta "...los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no un salario fijado a la fecha de la primera manifestación invalidante..." (v. fs. 214 y vta.).
Asimismo, sostiene que la sentencia de grado viola la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 36.062, "Durand de Bazan", sent. de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira", sent. de 6-XII-1988, donde -en el marco de la ley 9.688- se estableció que el salario determinado en atención a un período anterior a la época en que el trabajador adquirió conocimiento de la incapacidad que lo afecta, debe traducirse a valores constantes hasta esta última fecha.
II. El recurso no prospera.
II.1.a. Liminarmente, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por los montos reclamados en la demanda que no prosperaron, sin que corresponda actualizar ni adicionar intereses- (causa L. 88.263, "Barros", sent. de 23-V-2007) no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 116.461, "Arriola", sent. de 31-VII-2013; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; e.o.).
II.1.b. Empero, no puede soslayarse que el agravio dirigido a rebatir el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348- (en cuanto ordena calcular el ingreso base tomando como módulo los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2.478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
II.2. El agravio que objeta la decisión del tribunal de grado que descartó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -respecto al período computable para el cálculo del ingreso base- debe ser rechazado.
Cuadra señalar que, utilizando una técnica recursiva equivocada, la recurrente pretende que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) por el que considera más adecuado a sus intereses (computar los doce meses anteriores al efectivo pago), limitándose a señalar que el precepto impugnado viola los arts. 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional (v. fs. 211 y vta.), más soslaya fundamentar, con la profundidad que es exigible a un planteo dirigido a descalificar la validez constitucional de una norma legal, de qué manera habrían sido conculcadas en el caso dichas garantías constitucionales.
Al respecto, ha declarado este Tribunal que debe ser desestimado por insuficiente el planteo de inconstitucionalidad si la articulación ha sido vertida de manera genérica, incumpliendo el interesado con la carga impugnatoria que le es propia (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y B. 57.842, "Antonietti", sent. de 23-V-2001).
II.3. En otro orden, considero que tampoco puede prosperar el embate por el que se cuestiona la no aplicación de la ley 26.773.
Para empezar, considero que la respuesta sobre el particular no puede soslayar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta no se encontraba vigente a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso (causas L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011; L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014 y L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015).
Al respecto, reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte (causas L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008; L. 116.923, "Ortega", sent. de 4-VI-2014 y L. 116.873, "Nieto", sent. de 10-XII-2014) y lo ha advertido, también en repetidas ocasiones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304: 1.649 y 1.761; 308:1.087; 310:670 y 2.246; 311:870 y 1.810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De allí que habré de reproducir en la especie -en lo que resulta pertinente- las consideraciones formuladas por mi distinguido colega doctor Genoud en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, al que adherí.
II.3.a. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O. de 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
II.3.b. De ello se colige que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009).
En efecto, el decreto de necesidad y urgencia 1.278/00 prescribió en su art. 19: "Las modificaciones introducidas por el presente decreto a las leyes Nº 24.241 y 24.557, entrarán en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial", precisando el art. 8 de su decreto reglamentario 410/01 (B.O. de 17-IV-2001) que "Las modificaciones previstas en el Decreto que se reglamenta serán aplicables a todas las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del 1° de marzo de 2001".
En la misma línea, el art. 16 del decreto 1.694/09 determina "Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
II.3.c. Conforme lo expuesto, resulta indudable que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio, tema sobre el que me explayaré más adelante. En este escenario cobran virtualidad los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos al ámbito de aplicación temporal de los decretos 1.278/00 y 1.694/09, antecesores de la ley que aquí es motivo de análisis.
En tal sentido, este Tribunal ha descartado que las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por el decreto 1.278/00 puedan regir respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del mentado reglamento (causas L. 90.384, "N., P. A.", sent. de 9-V-2007; L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008; L. 94.119, "F., C. V.", sent. de 4-XI-2009; L. 94.456, "Vecchi", sent. de 2-VII-2010; L. 107.414, "S., A. R.", sent. de 26-IX-2012 y L. 109.850, "Aguirre", sent. de 12-VI-2013).
A idéntica solución arribó, dada la similitud de los contextos normativos (arts. 19, dec. 1.278/00; 8, dec. 410/01 y 16, dec. 1.694/09), en ocasión de dirimir la vigencia temporal del decreto 1.694/09 (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014 y L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015).
II.3.d. Definido lo anterior, resta ahora analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de ajuste de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando por tanto aplicable incluso a situaciones acae
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