Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120330
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.330, "Lenguaza, Claudia Fernanda contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (empleador autoasegurado). Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata acogió parcialmente la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 204/214).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 217/245 vta.), los que fueron concedidos por el órgano de grado a fs. 246.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 269/271), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la señora Claudia Fernanda Lenguaza contrajo una enfermedad profesional diagnosticada como "disfonía funcional irreversible" (denunciada ante la aseguradora el día 16 de agosto de 2011) por la cual (el día 7 de diciembre de 2012) la Comisión Médica correspondiente le fijó una incapacidad del 20% del índice de la total obrera.
Asimismo, que Provincia ART S.A. le abonó a la accionante la suma total de $62.995,31 en concepto de prestación dineraria de pago único en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Declaró también que la consolidación definitiva del daño se produjo en oportunidad de determinarse el grado incapacitante reconocido por la Comisión Médica el día 7 de diciembre de 2012 (v. vered., fs. 205 y vta.).
Consideró -además- que el valor mensual del ingreso base, teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas por la actora en el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante, asciende a $3.382,91, y que dicho guarismo, en caso de incluir los rubros considerados como no remunerativos, alcanza la suma de $4.153,42 (v. vered., fs. 206).
En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no incluir a los rubros denominados no remunerativos a los fines de calcular el ingreso base mensual (v. sent., fs. 209 y vta.).
En ese orden de ideas, expresó que el sistema legal es irrazonable por desentenderse de la verdadera ganancia del trabajador en los términos del art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -con apoyo en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Pérez c/ Disco S.A." y "González c/ Polimat S.A."-.
Sobre la base de esas premisas, concluyó que -en el caso- devenía ilógico "...pulverizar el módulo salarial, porque el empleador liquida salarios injustamente 'desalarizados'", toda vez que el dispositivo legal impugnado entra en frontal colisión con los principios contenidos en los arts. 19 y 21 inc. 2 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad y progresividad previstos en los arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -"Protocolo de San Salvador"-, lo que justifica su declaración de inconstitucionalidad.
Seguidamente, desde otroángulo, desestimó la objeción constitucional efectuada por la accionante al citado art. 12 del régimen de infortunios laborales en lo concerniente al período computable de las remuneraciones que integran el cálculo del ingreso base, es decir, las devengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante. Señaló que "...luego de la 'primera manifestación invalidante' se da comienzo a un trámite ante la ART que (más allá de distintos cuestionamientos valorativos que no son definitorios en autos) pueden estar constituidos por sustituciones de salarios (ILT), gastos emergentes (prestaciones en especie), etc, a cargo de la ART. Y que la expedición de la Comisión médica está condicionada a su intervención a pedido del interesado, que en autos estuvo motivada por presentación de la actora, recién el 16/08/2011" (sic, sent., fs. 210).
Con arreglo -entonces- al ingreso así determinado ($4.153,42) y al porcentaje de incapacidad ya definido, se dispuso el a quo -por mayoría- a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 para determinar las diferencias existentes a favor de la reclamante, estimando aquella en la suma de $77.045,94 ($4.153,42 x 53 x 1,75 x 20%; v. sent., fs. 210 vta.).
Sobre tal suma, el juzgador hubo de descontar los $62.995,31 percibidos, alcanzando un monto final de $14.050,63 (v. sent., última fs. cit.).
Luego dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena -desde la fecha de consolidación del daño (7 de diciembre de 2012) y hasta la del dictado del pronunciamiento- a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito (pasiva) a través del sistema "Banca Internet Provincia" a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 210).
Finalmente, desestimó la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773 peticionada en la demanda y el alegato por tratarse de una contingencia cuya primera manifestación invalidante data del día 16 de agosto de 2011 (v. sent., fs. 210 vta./211 vta.).
II. La parte actora interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 217/245 vta.).
En sustento del primero de los remedios procesales citados, refiere que el a quo transgredió los arts. 18 de la Constitución nacional; 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial local y la doctrina legal que identifica (v. rec., fs. 226/233).
Afirma que el juzgador de grado omitió pronunciarse acerca de una cuestión a su criterio esencial, cual es el mantenimiento del módulo salarial base de cálculo de la prestación dineraria a la fecha de fijación de la incapacidad laboral de la trabajadora, de manera de permitir una adecuada reparación del daño y reflejar adecuadamente la pérdida de la capacidad de ganancia de la trabajadora.
Plantea que la sentencia de origen es arbitraria, porque -alega- su razonamiento escapa a las leyes lógico formales, en tanto debió haber declarado la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 para mantener el valor del salario y lograr la reparación del daño sufrido.
Insiste en manifestar que no se brindó respuesta alguna a la argumentación plasmada en la demanda por la que se puso de relieve que la mentada norma provoca el congelamiento del salario del trabajador siniestrado o enfermo, quien se ve doblemente afectado al no computarse, por un lado, los aumentos salariales obtenidos con posterioridad a la fecha de la primera manifestación invalidante y, por el otro, al quedar subsumidos los incrementos obtenidos en el año anterior al siniestro dentro del promedio del total de las remuneraciones percibidas.
En definitiva, refiere que nunca fue tratada por el tribunal de grado la circunstancia denunciada en la demanda relativa a que el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo fija un módulo salarial que no guarda relación con la remuneración percibida por la trabajadora al momento de fijársele la incapacidad laboral, ni con la que cobraba a la fecha de la denuncia de la contingencia, y que tampoco contempla un mecanismo de ajuste teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de la primera manifestación invalidante y la de pago de la prestación dineraria.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Inicialmente, es menester recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 116.854, "Orellano", sent. de 19-II-2014 y L. 117.722, "Sibilla", sent. de 28-X-2015).
En este orden de ideas, cabe señalar que no son cuestiones esenciales, en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, los argumentos expuestos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 33.607, "Romero", sent. de 14-V-1985 y L. 62.767, "Fascinato", sent. de 20-IV-1999).
Los cuestionamientos traídos por la impugnante no revisten tal entidad de esencialidad, sino que se orientan a señalar aquellos argumentos que, a su entender, han sido desatendidos por el tribunal de grado, lo que es materia impropia de la presente vía recursiva.
Y lo cierto es que la cuestión consistente en el mantenimiento del valor del módulo salarial que se usa como base de cálculo de la prestación dineraria, ha sido resuelta por el a quo , aunque en un sentido adverso a la pretensión de la demandante. En efecto, el a quo expuso las razones por las cuales consideró que -en el caso- no correspondía la descalificación constitucional de la norma, en lo que respecta al período computable para el cálculo del ingreso base (v. sent., fs. 209 vta. y 210).
Siendo ello así, el planteo introducido por la accionante no es idóneo para determinar la anulación del pronunciamiento, pues la cuestión que se denuncia omitida ha sido expresamente tratada por el tribunal de grado, aunque en sentido adverso a sus pretensiones, sin que importe a los fines del remedio procesal intentado el acierto o mérito de la decisión (causas L. 89.223, "Jiménez", sent. de 5-III-2008; L. 94.183, "Giorello", sent. de 9-XII-2009 y L. 112.990, "Sánchez", resol. de 24-XI-2010; e.o.).
En lo que respecta a las demás motivaciones que definen el contenido del presente carril de impugnación, también coincido con el representante del Ministerio Público en cuanto sostiene que tales alegaciones configuran la imputación de típicos errores in iudicando , que solo pueden ser canalizados a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 104.325, "Roldán", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.273, "Delias", sent. de 24-IX-2014 y L. 119.066, "H., M.", sent. de 6-IV-2016; e.o.).
III.2. Resta indicar que la eventual infracción de las garantías constitucionales que se denuncia (vinculadas a la supuesta "arbitrariedad" del pronunciamiento, al derecho de propiedad y los principios de igualdad ante la ley y alterum non laedere , consagrados en los arts. 16, 17 y 19 de la Constitución nacional) resulta ajena al recurso extraordinario de nulidad (causas L. 87.795, "Carvani", sent. de 24-II-2010 y L. 101.558, "Tarascón", sent. de 3-V-2012; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres , Borinsky y Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia la errónea interpretación y aplicación de las leyes 24.557 y 26.773, así como la transgresión de los arts. 16, 17 y 19 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita.
I.1. Se agravia inicialmente de la definición de grado que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo en cuanto establece que a los efectos de calcular el valor mensual del ingreso base corresponde promediar los haberes percibidos por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante.
Señala que el resarcimiento abonado por Provincia ART S.A. resultó absolutamente insuficiente para reparar su pérdida de capacidad de ganancia, ya que fue calculado en función de una base salarial que no tenía relación con los haberes mensuales que percibía a la fecha de la primera manifestación invalidante, debiéndose tomar la remuneración real que corresponda al momento histórico del siniestro o de la denuncia.
Manifiesta que la única responsable por la demora en la determinación de la incapacidad de la actora fue la aseguradora de riesgos del trabajo, debido a que, una vez otorgada el alta médica, esta última no impulsó el trámite ante las Comisiones Médicas, tal como lo dispone la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 744/03.
Agrega que este incumplimiento trajo aparejado la pulverización de su crédito laboral, en virtud del proceso inflacionario habido en ese tiempo transcurrido.
Sostiene que el citado art. 12 no establece ningún mecanismo de actualización o recomposición salarial, por lo que, ante un eventual incremento en la remuneración en el período que transcurre entre la fecha del siniestro y el momento del pago, no tiene efecto alguno en el cálculo del ingreso base. De este modo -explica-, se presenta la situación absurda en la que un trabajador que padece una enfermedad inculpable se encuentre en mejor condición que aquel otro que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en tanto el primero va a percibir todos los aumentos salariales producidos durante el período de suspensión de sus servicios.
Denuncia que dicha norma infringe los principios constitucionales de igualdad ante la ley y alterum non laedere , así como el derecho de propiedad (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.), en tanto las indemnizaciones deben procurar una reparación equitativa. Cita en apoyo de su postura varios pronunciamientos de la Corte Suprema de la Nación (v.gr. "Aquino", "Milone", "Ascua", etc.).
I.2. Por otro lado, cuestiona que el a quo haya establecido como fecha de consolidación del daño el día en que la Comisión Médica fijó la incapacidad laboral de la trabajadora (7 de diciembre de 2012). Refiere que de conformidad con lo establecido por el art. 7 de la ley 24.557, en el caso, la consolidación jurídica del daño se produjo el día en que se otorgó el alta médica a la actora, esto es: el 19 de diciembre de 2011 (v. fs. 236 vta./238 vta.).
I.3.a. Critica que el tribunal no haya aplicado la ley 26.773. Afirma que, si bien la primera manifestación invalidante ocurrió durante la vigencia del régimen anterior, la reparación no fue cancelada en su totalidad por lo que su aplicación no constituye un supuesto de retroactividad legal. En efecto, con diversas citas jurisprudenciales, manifiesta que el art. 3 del Código Civil permite la aplicación inmediata de una norma a las consecuencias de una situación jurídica existente con anterioridad a su sanción en tanto sus obligaciones emergentes se encuentren pendientes de satisfacción al momento de entrar en vigencia la nueva norma.
I.3.b. En subsidio, en el caso que esta Corte interprete que el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 no permite la aplicación de los arts. 8 y 17 apartado 6 del mismo cuerpo legal a contingencias ocurridas con anterioridad a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, solicita que el mismo sea declarado inconstitucional; ello, con sustento en que el citado artículo contradice los fines sociales y protectorios que amparan al trabajo subordinado, afectando -de este modo- el derecho de propiedad y los principios de igualdad ante la ley, protectorio y de no regresión (arts. 14 bis, 16, 17 y 75 inc. 23, Const. nac.).
I.4. Finalmente, manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedora la trabajadora es una deuda de valor, por lo cual "...para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros..." se deben tener en cuenta "...los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no un salario fijado a la fecha de la primera manifestación invalidante..." (fs. 244/245).
Asimismo, sostiene que la sentencia de grado viola la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 36.062, "Durand de Bazan", sentencia de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira", sentencia de 6-XII-1988, donde -en el marco de la ley 9.688- se estableció que el salario determinado en atención a un período anterior a la época en que el trabajador adquirió conocimiento de la incapacidad que lo afecta, debe traducirse a valores constantes hasta esta última fecha.
II. El recurso no prospera.
II.1.a. Liminarmente, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 116.461, "Arriola", sent. de 31-VII-2013 y L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; e.o.).
II.1.b. Empero, no puede soslayarse que -como lo evidencia el recurrente- el agravio dirigido a rebatir el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348- (en cuanto ordena calcular el ingreso base tomando como módulo los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2.478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
De modo tal que los agravios ensayados habrán de analizarse en el marco de excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, con la salvedad de aquel dirigido a cuestionar la definición de grado que descartó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -respecto al período computable para el cálculo del ingreso base-.
II.2. Formuladas estas aclaraciones, estimo que el agravio inaugural enderezado a impugnar el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó el planteo de inconstituciona
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.