Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120992
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.992, "Machado, María Enriqueta contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 226/238 vta.).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 248/275 vta.), siendo denegado el primero y concedido el segundo por el órgano de grado a fs. 277 y vta.
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la señora María Enriqueta Machado contrajo una enfermedad profesional diagnosticada como "disfonía funcional irreversible" (denunciada ante la aseguradora el día 4 de julio de 2011) por la cual la Comisión médica interviniente le asignó (mediante dictamen del día 8 de febrero de 2013) una incapacidad del 20% del índice total obrera, en relación con la cual recibió en dos pagos (con fecha 28 de febrero de 2013 y 27 de marzo de 2013), la suma de $96.592,54, en concepto de prestación por incapacidad parcial permanente y definitiva (v. vered., fs. 226/227 vta.).
Declaró también que la consolidación definitiva del daño se produjo el día 8 de febrero de 2013, en la oportunidad en que la Comisión Médica determinó el grado de incapacidad padecido (v. fs. 227 vta.).
Consideró -además- que el valor mensual del ingreso base, teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas por la actora en el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante, asciende a $6.183,24, y que dicho guarismo, incluyendo los rubros considerados como no remunerativos alcanza la suma de $6.402,32 (v. última fs. cit.).
Luego, ya en sentencia, el juzgador de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no incluir dicha norma para el cálculo del valor mensual del ingreso base los rubros denominados no remunerativos (v. fs. 232/234).
Empero, descartó las objeciones constitucionales efectuadas por la parte actora al citado artículo, en cuanto ordena calcular el ingreso base tomando como módulo los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante (en el caso: 4 de julio de 2011), desestimando su pretensión de computar a tal efecto la remuneración devengada a la fecha del pago realizado por la aseguradora (en la especie: 27 de marzo de 2013) o a la de la primera manifestación invalidante.
Sobre esto último, expresó que la voluntad del legislador en oportunidad del dictado del citado art. 12 fue fijar un límite concreto y definido sobre la generación de la afección, en donde las partes perfectamente puedan delimitar y cuantificar derechos y obligaciones.
Consideró que pretender cuantificar un eventual resarcimiento con elementos objetivos posteriores a la toma de conocimiento de una invalidez, colocaba a la demandada en una situación de inseguridad jurídica e indefensión.
Teniendo en cuenta que la alteración en la salud de la trabajadora proviene de hechos anteriores a la primera manifestación invalidante, sostuvo que lo lógico era cuantificar el daño tomando los salarios percibidos en el período en que se fue produciendo.
Agregó que para corregir los efectos nocivos y distorsivos producto del paso del tiempo existe la tasa de interés.
A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial permanente prevista en la ley 24.557, condenando a la Provincia de Buenos Aires -en calidad de empleador autoasegurado- a abonar a la actora el importe de $3.643,46, resultante de deducir a la prestación dineraria calculada con los referidos parámetros ($6.402,32 x 53 x 20% x 1,477= $100.236), la suma ya percibida (v. fs. 235 vta.).
Finalmente, dispuso calcular los intereses moratorios, desde el día 27 de marzo de 2013 hasta su efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 235 vta. y 236) en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17 y 19 de la Constitución nacional; 12 de la ley 24.557 y de la doctrina legal que identifica.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 266 vta./275).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, objeta que se haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y que, por ese conducto, se desestimara el pedido de calcular el ingreso base tomando en cuenta el haber devengado a la fecha en que se realizó el pago a la trabajadora (27 de marzo de 2013) o al de la primera manifestación invalidante.
Alega que la única responsable por la demora en la determinación de la incapacidad de la actora fue la aseguradora, debido a que, una vez otorgada el alta médica, esta última no impulsó el trámite ante las Comisiones Médicas, tal como lo dispone la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 744/03.
Agrega que este incumplimiento trajo aparejado la pulverización de su crédito laboral, en virtud del proceso inflacionario habido en ese tiempo transcurrido.
Sostiene que el citado art. 12 no establece ningún mecanismo de ajuste del módulo salarial, por lo que, ante un eventual incremento remuneratorio en el período que transcurre entre la fecha del siniestro y el momento del pago, no tiene efecto alguno en el cálculo del ingreso base. De este modo -sostiene-, se presenta la situación absurda que un trabajador que padece una enfermedad inculpable se encuentra en mejor condición que aquel otro que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en tanto el primero va a percibir todos los aumentos salariales que hubo durante el período de interrupción de sus servicios.
Denuncia infringidos los principios constitucionales de igualdad ante la ley y alterum non laedere , así como el derecho de propiedad (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.), en tanto las indemnizaciones deben procurar una reparación equitativa. Cita en su apoyo varios pronunciamientos de la Corte Suprema de la Nación (v. fs. 267 vta./270 vta.).
II.2. Por otro lado, objeta que la fecha de inicio del cómputo de los acrecidos haya sido la del pago insuficiente (27 de marzo de 2013), pues -argumenta- los intereses debieron fijarse desde la fecha de la primera manifestación invalidante (4 de julio de 2011). Cita, en sustento de su posición, distintos precedentes emanados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (v. fs. 270 vta./274).
II.3. Por último, manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedora la trabajadora es una deuda de valor, por lo cual "...para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros..." se deben tener en cuenta "...los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no un salario fijado a la fecha de la primera manifestación invalidante...".
Asimismo, sostiene que la sentencia de grado viola la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 36.062, "Durand de Bazan", sentencia de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira", sentencia de 6-XII-1988, donde -en el marco de la ley 9.688- se estableció que el salario determinado en atención a un período anterior a la época en que el trabajador adquirió conocimiento de la incapacidad que lo afecta, debe traducirse a valores constantes hasta esta última fecha (v. fs. 274 y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Preliminarmente, debo señalar que en el auto de concesión del remedio incoado el tribunal de grado estableció que el valor del litigio no supera, en el caso, el mínimo previsto para recurrir definición que arriba firme a esta instancia. Sin perjuicio de ello, en lo tocante al agravio vinculado a la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en su versión anterior a la ley 27.348-, en cuanto la impugnante invoca la existencia de cuestión federal, determinó que debía concederse sin las restricciones establecidas por la legislación procesal (v. fs. 277 vta.).
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2.478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
De modo tal que los agravios ensayados habrán de analizarse en el marco de excepción previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, con la salvedad de aquel dirigido a cuestionar la definición de grado que descartó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -respecto al período computable para el cálculo del ingreso base-.
III.2. Sentado ello, este último agravio debe ser rechazado.
En efecto, y más allá de lo que pudiera opinarse respecto de la suficiencia técnica del recurso, de la lectura de los términos de la demanda y del análisis de las pruebas acompañadas a la causa -entre ellas, la pericia contable, de la que no surge el valor del módulo computable-, no se advierte al influjo de los parámetros que hube de utilizar al emitir mi voto en la causa L. 120.521, "Monchiero" (sentenciada en la misma fecha) -a la que remito por razones de brevedad-, que concurran en el caso las condiciones que me condujeron en aquella oportunidad a declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348) en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base.
En consecuencia, dicha parcela del pronunciamiento debe parecer firme.
III.3. El agravio referido al momento a partir del cual el juzgador dispuso la aplicación de intereses, resulta inatendible.
Tal como ya lo ha sostenido esta Suprema Corte, en el marco excepcional previsto por el art. 55 de la ley 11.653, corresponde el rechazo de la crítica que contenga el recurso cuando -como se verifica en la parcela- no se ha denunciado a su respecto la vulneración de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por dicha vía (causas L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014 y L. 118.436, "Llanos", sent. de 15-VI-2016; e.o.).
Resta decir, en cuanto sustenta el agravio en jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte, y no la que proviene de los fallos de otros tribunales (causas L. 101.885, "V., N. N.", sent. de 10-III-2011 y L. 96.241, "Montoya", sent. de 9-V-2012; e.o.).
III.4. Finalmente, debe desestimarse el agravio fundado en la denuncia de violación de doctrina legal (causas L. 36.062, "Durand de Bazán", sent. de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira" sent. de 6-XII-1988; v. rec., fs. 274), en tanto no resultan de aplicación en la especie, pues han sido elaboradas sobre la base de presupuestos jurídicos diversos a los verificados en autos (causas L. 91.414, "Fulco", sent. de 19-X-2011; L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012 y L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015; e.o.).
Asimismo, en cuanto entiende infringida la delineada en la causa Ac. 44.415 (sent. de 10-XI-2007), cabe advertir que los datos aportados no permiten individualizar correctamente dicho pronunciamiento.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Concuerdo con lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan en el punto III.1. de su voto y con ello, que aun frente a la insuficiencia del valor de lo cuestionado, el agravio en el cual se plantea la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348), debe tratarse prescindiendo de su cuantía, en tanto la recurrente evidencia al respecto la presencia de una cuestión federal.
I.2. Aclarado ello, entiendo que el mentado reproche debe ser rechazado.
El impugnante no se hace cargo de rebatir los argumentos que brindó el tribunal de grado al resolver la cuestión (v. sent., fs. 234/235).
Endilgándole al sentenciante supuestas omisiones, sólo se limita a expresar que la aplicación de la norma cuestionada afectaría diversos derechos constitucionales (v.gr. propiedad, igualdad), sin embargo, bajo las concretas aristas que exhibe el caso, no aporta fundamentos aptos para acreditar tales afirmaciones.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.127, "L., b. J. M.", sent. de 16-VII-2014).
Luego, como se señaló inicialmente, las genéricas reflexiones que desarrolla el interesado no reúnen los recaudos propios de este tipo de planteos.
I.3. En lo demás, adhiero a lo manifestado por la doctora Kogan en los puntos III.3. y III.4. de su sufragio.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
II.1. Teniendo en mira los alcances de la concesión del recurso, adhiero a las razones expuestas por el doctor Soria en el punto I.2. del sufragio para desestimar la crítica que concierne a la validez de la previsión del art. 12 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348), en cuanto toma en consideración los salarios devengados en los doce meses anteriores a la fecha de la primera manifestación invalidante.
II.2 En relación con los restantes agravios, comparto lo manifestado por la colega doctora Kogan en los puntos III.3. y III.4. de su voto.
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
Los señores Jueces doctores Torres , Borinsky y Violini , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/08/2021 21:14:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2021 11:58:24 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2021 12:08:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2021 19:23:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2021 11:55:52 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 08:46:15 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:47:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:50:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia