Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119725
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.725, "Mogliani, Mariel Fernanda contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Genoud, Kogan, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 285/302).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 313/346), siendo denegado el primero y concedido el segundo por el órgano de grado (v. fs. 351 y vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Mariel Fernanda Mogliani contrajo una enfermedad profesional diagnosticada como "disfonía funcional irreversible" (denunciada ante la aseguradora el 16-VIII-2011) por la cual (el día 13-VIII-2012) la Oficina de Homologación y Visado le asignó una incapacidad del 16,8% del índice de la total obrera, percibiendo en dos pagos, con fecha 21 de agosto de 2012 y 31 de agosto de 2012, la suma de $47.805,58, en concepto de prestación por incapacidad parcial permanente (v. vered., fs. 285/288).
En lo que resulta relevante para la resolución de la litis, el juzgador de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no incluir dicha norma para el cálculo del valor mensual del ingreso base los rubros denominados no remunerativos (v. fs. 293/295). Empero, descartó las objeciones constitucionales efectuadas por la parte actora al citado artículo, en cuanto ordena calcular el ingreso base tomando como módulo los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante (en el caso: 16-VIII-2011), desestimando su pretensión de computar a tal efecto las remuneraciones devengadas en los últimos doce meses anteriores a la fecha de determinación de la incapacidad (en la especie: 13-VIII-2012).
Sobre ello, expresó que la voluntad del legislador en oportunidad del dictado del citado art. 12 fue fijar un límite concreto y definido sobre la generación de la afección, en donde las partes perfectamente puedan delimitar y cuantificar derechos y obligaciones.
Consideró que pretender cuantificar un eventual resarcimiento con elementos objetivos posteriores a la toma de conocimiento de una invalidez, colocaba a la demandada en una situación de inseguridad jurídica e indefensión.
Teniendo en cuenta que la alteración en la salud de la trabajadora proviene de hechos anteriores a la primera manifestación invalidante, sostuvo que lo lógico era cuantificar el daño tomando los salarios percibidos en el período en que se fue produciendo.
Agregó que para corregir los efectos nocivos y distorsivos producto del paso del tiempo existe la tasa de interés.
Asimismo, rechazó el pedido de ajuste de los importes por incapacidad laboral conforme la ley 26.773; ello, en tanto la norma debía aplicarse a todos los casos cuya primera manifestación invalidante se produjera a partir de su entrada en vigencia (26 de octubre de 2012). Señaló que, de lo contrario, se estaría realizando una aplicación retroactiva de la norma, situación vedada por el art. 3 del Código Civil.
A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial permanente prevista en la ley 24.557, condenando a la Provincia de Buenos Aires -en calidad de empleador autoasegurado- a abonar a la actora el importe de $7.478,37, resultante de deducir la suma ya percibida (v. sent., fs. 298 vta.).
Finalmente, dispuso calcular los intereses moratorios, desde la fecha de exigibilidad del crédito (13-VIII-2012) y hasta su efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación. A tales efectos y por razones de economía procesal, declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.399 que modificó el art. 48 de la ley 11.653 (v. sent., fs. 298 vta./299 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 332/345).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, objeta que se haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y que, por ese conducto, se desestimara el pedido de calcular el ingreso base tomando en cuenta las remuneraciones devengadas en los doce meses anteriores a la fecha en que se abonó la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial (v. fs. 333/335 vta.).
Alega que la única responsable por la demora en la determinación de la incapacidad de la actora fue la aseguradora, debido a que, una vez otorgada el alta médica, esta última no impulsó el trámite ante las Comisiones Médicas, tal como lo dispone la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 744/03.
Agrega que este incumplimiento trajo aparejado la pulverización de su crédito laboral, en virtud del proceso inflacionario habido en ese tiempo transcurrido.
Sostiene que el citado art. 12 no establece ningún mecanismo de actualización o recomposición salarial, por lo que, ante un eventual incremento salarial en el período que transcurre entre la fecha del siniestro y el momento del pago, no tiene efecto alguno en el cálculo del ingreso base. De este modo -sostiene-, se presenta la situación absurda que un trabajador que padece una enfermedad inculpable se encuentra en mejor condición que aquel otro que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en tanto el primero va a percibir todos los aumentos salariales que hubo durante el período de interrupción de sus servicios.
Denuncia infringidos los principios constitucionales de igualdad ante la ley y alterum non laedere , así como el derecho de propiedad (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.), en tanto las indemnizaciones deben procurar una reparación equitativa. Cita en su apoyo varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Nación (v. fs. 334 vta. y 335).
II.2.a. Por otro lado, critica que el tribunal no haya aplicado la ley 26.773. Afirma que, si bien la primera manifestación invalidante ocurrió durante la vigencia del régimen anterior, la reparación no fue cancelada en su totalidad por lo que su aplicación no constituye un supuesto de retroactividad legal. En efecto, con diversas citas jurisprudenciales, manifiesta que el art. 3 del Código Civil permite la aplicación inmediata de una norma a las consecuencias de una situación jurídica existente con anterioridad a su sanción en tanto sus obligaciones emergentes se encuentren pendientes de satisfacción al momento de entrar en vigencia la nueva norma.
II.2.b. En subsidio, en el caso que esta Corte interprete que el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 no permite la aplicación de los arts. 8 y 17 apartado 6 del mismo cuerpo legal a contingencias ocurridas con anterioridad a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, solicita que el mismo sea declarado inconstitucional.
Ello, con sustento en que el citado artículo contradice los fines sociales y protectorios que amparan al trabajo subordinado, afectando -de este modo- el derecho de propiedad y los principios de igualdad ante la ley, protectorio y de no regresión (arts. 14 bis, 16, 17 y 75, inc. 23, Const. nac.).
II.3. Objeta que la fecha de inicio del cómputo de los acrecidos haya sido la de consolidación del daño de la enfermedad profesional (13-VIII-2012), pues -argumenta- los intereses debieron fijarse desde la fecha de la primera manifestación invalidante (16-VIII-2011). Cita, en sustento de su posición, distintos precedentes emanados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (v. fs. 341 vta./344 vta.).
II.4. Por último, manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedora la trabajadora es una deuda de valor, por lo cual "...para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros..." se deben tener en cuenta "...los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no un salario fijado a la fecha de la primera manifestación invalidante..." (v. fs. 344 vta. y 345).
Asimismo, sostiene que la sentencia de grado viola la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 36.062, "Durand de Bazan", sentencia de 1-VII-1986 y L. 40.484, "Nogueira", sentencia de 6-XII-1988, donde -en el marco de la ley 9.688- se estableció que el salario determinado en atención a un período anterior a la época en que el trabajador adquirió conocimiento de la incapacidad que lo afecta, debe traducirse a valores constantes hasta esta última fecha.
III. El recurso no prospera.
III.1. Preliminarmente, debo señalar que en el auto de concesión del remedio incoado el tribunal de grado estableció que el valor del litigio no supera, en el caso, el mínimo previsto para recurrir. Sin perjuicio de ello, en lo tocante al agravio vinculado al art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348), en cuanto el impugnante invoca la existencia de cuestión federal, determinó que debía concederse sin las restricciones establecidas por la legislación procesal.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
De modo tal que los agravios ensayados habrán de analizarse en el marco de excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, con la salvedad de aquel dirigido a cuestionar la definición de grado que descartó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -respecto al período computable para el cálculo del ingreso base-.
III.2. Sentado ello, el reclamo ut supra señalado debe ser rechazado.
III.2.a. Por un lado, cuadra señalar que, utilizando una técnica recursiva equivocada, la recurrente pretende que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) por el que considera más adecuado a sus intereses (computar los doce meses anteriores al efectivo pago), limitándose a señalar que el precepto impugnado viola los arts. 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional (v. fs. 335), más soslaya fundamentar, con la profundidad que es exigible a un planteo dirigido a descalificar la validez constitucional de una norma legal, de qué manera habrían sido conculcadas en el caso dichas garantías constitucionales.
Al respecto, ha declarado este Tribunal que debe ser desestimado por insuficiente el planteo de inconstitucionalidad si la articulación ha sido vertida de manera genérica, incumpliendo el interesado con la carga impugnatoria que le es propia (causas B. 57.842, "Antonietti", sent. de 23-V-2001 y L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012).
Asimismo, cuadra señalar que la sola denuncia del vicio de absurdo carece de idoneidad si no se lo demuestra a través de una correcta y concreta argumentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias de la litis (causas L. 112.693, "Perna", resol. de 11-V-2011; L. 104.574, "Pipola", sent. de 15-VI-2011 y L. 117.273, "Delias", sent. de 24-IX-2014).
III.2.b. Por el otro, objeta que la norma no prevé un mecanismo de ajuste por depreciación monetaria, pero deja incuestionado los argumentos explicitados por el juzgador de origen: a) que las indemnizaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, si bien intentan resarcir un valor, son deudas de dinero; y b) que las leyes 23.928 y 25.561 prohíben expresamente la indexación de los créditos, normas cuya validez constitucional ha sido reiteradamente convalidada por esta Suprema Corte (v. fs. 300 vta. y 301; causas L. 85.591, "Fernández", sent. de 18-VII-2007; L. 89.957, "Marino", sent. de 4-VI-2008; L. 92.297, "Ferreyra", sent. de 23-III-2010 y L. 101.512, "Alanis", sent. de 21-III-2012; e.o.), lo que sella la suerte adversa del agravio.
III.3.a. En otro orden, considero que tampoco puede prosperar el embate por el que se cuestiona la no aplicación de la ley 26.773.
Para empezar, considero que la respuesta sobre el particular no puede soslayar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta no se encontraba vigente a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso (causas L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011; L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014 y L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015).
Al respecto, reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte (causas L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008; L. 116.923, "Ortega", sent. de 4-VI-2014 y L. 116.873, "Nieto", sent. de 10-XII-2014) y lo ha advertido, también en repetidas ocasiones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De allí que habré de reproducir en la especie -en lo que resulta pertinente y ceñido al abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de grado juzgó el caso- las consideraciones formuladas por mi distinguido colega doctor Genoud en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), al que adherí.
III.3.a.i. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O. del 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
III.3.a.ii. De ello se colige que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decretos 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009).
En efecto, el decreto de necesidad y urgencia 1.278/00 prescribió en su art. 19: "Las modificaciones introducidas por el presente decreto a las leyes Nº 24.241 y 24.557, entrarán en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial", precisando el art. 8 de su decreto reglamentario 410/01 (B.O. del 17-IV-2001) que "Las modificaciones previstas en el Decreto que se reglamenta serán aplicables a todas las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del 1° de marzo de 2001".
En la misma línea, el art. 16 del decreto 1.694/09 determina "Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
III.3.a.iii. Conforme lo expuesto, resulta indudable que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio, tema sobre el que me explayaré más adelante. En este escenario cobran virtualidad los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos al ámbito de aplicación temporal de los decretos 1.278/00 y 1.694/09, antecesores de la ley que aquí es motivo de análisis.
En tal sentido, este Tribunal ha descartado que las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por el decreto 1.278/00 puedan regir respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del mentado reglamento (causas L. 90.384, "N., P. A.", sent. de 9-V-2007; L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008; L. 94.119, "F., C. V.", sent. de 4-XI-2009; L. 94.456, "Vecchi", sent. de 2-VII-2010; L. 107.414, "S., A. R.", sent. de 26-IX-2012 y L. 109.850, "Aguirre", sent. de 12-VI-2013).
A idéntica solución arribó, dada la similitud de los contextos normativos (arts. 19 del decreto 1.278/00; 8 del decreto 410/01 y 16 del decreto 1.694/09), en ocasión de dirimir la vigencia temporal del decreto 1.694/09 (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014 y L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015).
III.3.a.iv. Definido lo anterior, resta ahora analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de ajuste de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando por tanto aplicable incluso a situaciones acaecidas con anterioridad a su sanción.
III.3.a.iv.1. El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo de cálculo al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cu
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